La defensa del sospechoso de agredir a una jueza de ejecución de la pena rechaza que el hecho pueda tipificarse como tentativa de femicidio, a la vez que descarta que el conflicto tenga relación con las funciones de la víctima.
“La narrativa pública dista bastante de la realidad, puesto que inicia como un conflicto vecinal, que no está vinculado a la función pública ejercida por la jueza ni a sus resoluciones”, afirmó a La Nación, Gabriela Arias, del bufete BGA, quien representa al imputado Ulloa Borrero .
Sobre la posibilidad de que el caso sea tramitado como tentativa de femicidio, Arias aseguró que ese tipo penal en particular no es aplicable al caso. “Hablamos de femicidio cuando ha mediado algún tipo de relación o vínculo de pareja, lo cual no ocurre en este caso.”
Dicha posición contrasta con lo expresado por la fiscala adjunta de Heredia, Tatiana Chaves, quien adelantó este domingo que valoraban esa figura al amparo del inciso B del artículo 21 bis de la Ley de Penalización de Violencia Contra las Mujeres, que contempla penas de entre 20 y 35 años.
Un conflicto vecinal
Arias insistió en que los antecedentes entre el imputado y la jueza deben verse en un contexto vecinal y no judicial. “Los conflictos previos son conflictos vecinales, muchos de ellos situaciones incluso atípicas o sujetas a sanciones y medidas administrativas y municipales, no penales”, explicó.
Arias añadió que por respeto al secreto profesional, declinará referirse a la versión de su representado sobre los hechos ocurridos la noche del 17 de abril en Heredia.
Medida desproporcionada
Sobre la posible solicitud del Ministerio Público de imponer prisión preventiva contra Ulloa Borrero, la defensa considera que la medida es desproporcionada. “La prisión siempre ha de considerarse como última opción. El elenco de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva es lo suficientemente amplio para considerar que cualquier otra medida pudiera paliar los peligros procesales que eventualmente se consideren”, argumentó Arias.
La defensora adelantó algunas de las alternativas que planteará dependiendo de lo que solicite la Fiscalía: una orden de alejamiento a distancia prudencial de la denunciante, prohibición de comunicarse o perturbarla, y como opción más restrictiva, un arresto domiciliario en un domicilio alterno que saque al imputado de la comunidad donde habita la víctima mientras se tramita la causa.
La audiencia de medidas cautelares se celebrá la tarde de este lunes Juzgado Penal de Heredia.