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El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea ordenó el lunes dejar en libertad a cinco pescadores extranjeros detenidos en julio del 2018 en una vivienda en Moín de Limón, en la cual encontraron $149.202 y ¢8,6 millones, armas, lanchas y vehículos.
La resolución la adoptaron los jueces al conocer las impugnaciones a una sentencia dictada por el Tribunal Penal de Juicio de Limón el pasado 18 de febrero, cuando se impuso a cada una de las personas ahora liberadas una pena de 10 años de prisión por delito de legitimación de capitales.
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Para los miembros del tribunal fueron válidos los argumentos presentados por los abogados defensores Eduardo Barboza Orias y Leonel Villalobos Salazar, en el sentido de que había una falta de fundamentación en la sentencia y que durante el litigio no se logró demostrar que los implicados eran los propietarios del dinero, de las armas ni de los otros bienes.
Este fallo judicial trasciende ocho días después de que un tribunal penal de San José dictó sentencia absolutoria también por el delito de legitimación de capitales a favor de cuatro ciudadanos asiáticos, detenidos en el barrio chino en el centro de San José, con más de $3 millones.
En un análisis dado a conocer en el 2018, se determinó que entre el 2010 al 2016, las autoridades investigaron 2.044 alertas de operaciones sospechosas de lavado de dinero o legitimación de capitales pero solo 94 resultaron en condenas en los tribunales de justicia.
Duro revés
El caso de estos pescadores fue descubierto el 17 de julio del 2018 durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a una moderna casa en Moín, de Limón, la cual por el frente tenía acceso a la carretera pública, pero por la parte de atrás había conexión con los canales de Moín.
En el inmueble y protegidas por una cortina de lona, las autoridades localizaron cuatro lanchas, dos vehículos estilo pick-up, cuatro motores fuera de borda, varios dispositivos GPS y más de 20 teléfonos celulares. Además de $149.202 (¢856 millones) y ¢8,6 millones, en efectivo y siete revólveres nuevos.
En aquella ocasión se detuvo a un total de 15 personas. Cinco dijeron ser pescadores de apellidos Molinar Molinar (panameño) y cuatro colombianos apellidados Moreno Barrios, Toro Gutiérrez, Rivas Álvarez y Torres Medrano. Desde el 26 de julio de ese año permanecían en prisión preventiva.
En tanto, otros siete costarricenses de apellidos Sevilla (dos hermanos), Morales, Fernández, Matarrita, Matamoros y Chacón y tres nicaragüenses Velázquez y dos de apellido Herrera, quedaron libres pero con medidas cautelares.
A las 15 personas el Ministerio Público les atribuyó los delitos de legitimación de capitales y tenencia de armas.
En el juicio que concluyó el 18 de febrero, el Tribunal de Juicio de Limón condenó a los cinco pescadores a 10 años de prisión y absolvió a los otros 10 imputados.
Dicha sentencia fue impugnada por los abogados defensores Eduardo Barboza y Leonel Villalobos, quienes alegaron principalmente que la sentencia carecía de fundamentación y que no había elementos probatorios ni para llevarlos a juicio y menos para emitir una condena.
“Hubo una mala interpretación de la prueba. Los mismos policías que fueron testigos en el juicio, dijeron que no había forma de poder determinar de que el dinero decomisado era de los imputados o que fue producto de una transacción ilegal”, explicó Barboza.
El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea en el voto 220-1138 emitido el lunes 13 de julio del 2020, anuló la sentencia condenatoria y en aplicación del principio indubio pro reo, revocó la prisión preventiva de los cinco implicados y su inmediata liberación.
Los cinco extranjeros quedaron a la orden de la Dirección General de Migración y Extranjería, pues se encontraban de manera ilegal en el país. Respecto a los bienes decomisados, se debe esperar a que este el fallo integral para conocer que dispuso el tribunal al respecto.
