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El Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea anuló la absolutoria en un caso de lavado de $4 millones, ya que, a su criterio, los jueces de primera instancia hicieron una “valoración incompleta y equivocada de la prueba”.
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La información fue confirmada por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes en un comunicado de prensa enviado esta mañana, en el cual detallan que, pese a que se ordenó un nuevo juicio, temen que este no se pueda realizar ya que los imputados salieron del país cuando los dejaron en libertad.
Los imputados son los extranjeros Jing Feng Weng, de 26 años; Huahui Feng de 27; Cai Ying Li (mujer) y Shuhong Hu, ambos de 50, a quienes el Ministerio Público describe como una “organización criminal”. A ellos se les acusó de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.
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Ellos fueron absueltos el 6 de julio del 2020, cuando el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José señaló que el trabajo realizado por la Fiscalía y por la Policía Judicial fue ‘ilegítimo’, por lo cual anuló tanto los allanamientos realizados, como la evidencia recopilada, incluyendo el decomiso de aproximadamente $3,5 millones y ¢240 millones, así como un vehículo de lujo recién adquirido por los imputados.
La justificación fue que esas diligencias se realizaron sin la presencia de un traductor, pese a que los imputados no comprendían el español.
Sin embargo, este argumento fue rechazado por el Tribunal de Apelación en el fallo emitido el 29 de junio pasado, que fue dado a conocer hasta este lunes.
“El órgano (de alzada) coincidió con la Fiscalía, al señalar que la absolutoria en favor de los cuatro imputados se basó en una errónea interpretación y aplicación de normas, además de una valoración incompleta y equivocada de la prueba”, señaló el Ministerio Público en el comunicado.
Con ello, validó las actuaciones del ente acusador y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para recopilar prueba, ya que, según los jueces de Apelación, el derecho de la defensa no se cercenó por la falta de intérprete.
“Dicha figura no es requisito para realizar un allanamiento, más bien solo es procedente cuando se toma la declaración indagatoria del imputado, lo cual se hizo en presencia de su defensor y traductor”, apuntó la Fiscalía.
Así la situación, el expediente 18-000029-1322-PE vuelve al Tribunal Penal de San José para que se señale la nueva fecha en la que se realizará el juicio de reenvío; no obstante, la Fiscalía insistió en la preocupación que le genera que los imputados salieran de Costa Rica.
“El futuro del juicio es incierto”, recalcó.
Sin violación a derechos, resalta Apelación
En otro orden de ideas, los jueces de alzada desecharon “rotundamente” lo dicho por el Tribunal Penal sobre una supuesta violación de derechos fundamentales de los coimputados, al obtener su declaración y colaboración en el proceso.
Lo dicho por Apelación recae en que ambos coimputados, identificados como Li Gong-Su Chang y Alejandra Rojel Urquidi, contaron con asesoría legal al negociar y dar su testimonio, “por lo que no existió elemento alguno para señalar una práctica desleal o ilegítima como coaccionar a los acusados para obtener su confesión”.
Además, en segunda instancia indicaron que la decisión de la Fiscalía de pedir otras medidas cautelares diferentes a la prisión para estos “testigos de la corona” no fue errada, ya que esto los facultaba para darles protección en su rol de colaboradores con la causa.
“No es sino una especulación del Tribunal el sostener que la decisión que tomó el Ministerio Público de no requerir prisión preventiva en este caso fue errada”.
Sin embargo, actualmente, son reos rebeldes.
Recuento del caso
Las pesquisas sobre este caso se iniciaron en junio del 2018 y se cerraron el 30 de abril del 2019.
A los imputados se le atribuyó, presuntamente, reclutar en Estados Unidos y México a personas para que trasladaran alijos de dinero a Costa Rica producto de actividades como el narcotráfico. Luego ese dinero era distribuido a personas desconocidas para que lo introdujeran a la economía.
Para las autoridades, el líder del grupo era Ruiquan Weng, quien está en fuga desde el 2019 y no ha podido ser enjuiciado.
Inicialmente, la organización operó en una torre de apartamentos situada en el Paseo Colón y luego en un café Internet en el Barrio Chino, ambos en San José.
Las pesquisas tomaron impulso cuando el 8 de agosto del 2018 fue capturado en el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, Li Gong-Su Chang, de nacionalidad mexicana, con $70.000. Su esposa Alejandra Rojel Urquidi, que lo acompañaba, traía $8.000. Estos eran los testigos claves.
Los $70.000 eran trasladados en una valija, dinero que fue sacado y contado por los policías, además de que interrogaron a los imputados por espacio de 11 horas sobre la procedencia del dinero.
A esa pareja no se le informó que podrían tener un abogado y del derecho de abstenerse de declarar. Ambos fueron llevados a la Fiscalía de Alajuela y horas después quedaron en libertad.
Sin embargo, nuevamente los detuvieron el 21 de agosto del 2018 cuando pretendían salir del país. En ese momento Li Gong-Su Chang rinde varias declaraciones con la expectativa de beneficiarse de un criterio de oportunidad. Es allí donde incrimina a las otras personas miembros del grupo.
Esta pareja, que enfrenta una causa aparte por legitimación de los $78.000, quedó en libertad, pero desaparecieron del país. Están declarados como reos rebeldes.
