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La CCSS había reclamado casi ¢1.600 millones en este juicio en compensación por el daño causado a la entidad por las presuntas compras fantasmas. Foto: Mayela López (Mayela López)
El Tribunal de Juicio de San José absolvió por duda a tres personas acusadas en una presunta estafa con compras fantasmas en insumos de Ortopedia, hechas entre el 2009 y el 2011 en los hospitales Calderón Guardia y Max Peralta.
Los favorecidos con el indubio pro reo son el empresario de origen cubano Lorenzo Castaño Suárez, quien era el encargado de las relaciones comerciales de la empresa Synthes; Johan Masís Arrieta, vendedor de la empresa y exfuncionario del Hospital Max Peralta de Cartago; y Edwar Aguilar Alcócer, gerente de línea de Synthes y vinculado con la materia de ventas.
A los implicados se les habían atribuido los presuntos delitos de estafa mayor y tentativa de estafa mayor. Sin embargo, el Tribunal acogió la petitoria expuesta por el Ministerio Público a principios de este mes.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual adujo que, pese a la cantidad de prueba testimonial y documental expuesta en el debate, no fue posible establecer la responsabilidad de los imputados.
Durante la lectura de la resolución, este miércoles, la jueza Ilem Martínez indicó que no se pudo establecer un plan de autor y contubernio para defraudar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El Tribunal estuvo integrado también por los jueces Jéssica Hernández y Ricardo Guevara. Ellos si condenaron civilmente a la empresa Synthes al pago de ¢35 millones por el daño material ocasionado.
El llamado ‘caso Synthes’ trascendió en enero del 2014, cuando médicos del Hospital Calderón Guardia detectaron anomalías en la tramitación de un importante grupo de facturas por la compra para insumos utilizados en operaciones de Ortopedia, desde clavos hasta prótesis de cadera.
Posteriormente, también se detectaron facturas presuntamente irregulares en el Max Peralta, en Cartago.
En la acusación se indicó que la compañía habría usado nombres de fallecidos o pacientes de otras especialidades para cobrar las facturas.
Por estos hechos, el abogado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), William Rodríguez, había solicitado la condena para los imputados y el pago de $2,6 millones por el daño ocasionado a la entidad social.
Los involucrados
La acción judicial se abrió contra Castaño que era el encargado de las relaciones comerciales de Synthes con la CCSS y firmaba los contratos, licitaciones y adjudicaciones para compra de insumos de ortopedia.
Este hombre salió del país en marzo del 2018, por lo cual se giró orden de captura internacional. Autoridades migratorias de Estados Unidos lo ubicaron en Miami, y lo extraditaron el 2 de abril del 2019. Desde ese momento estuvo en prisión preventiva, hasta hace unos tres meses cuando le concedieron arresto domiciliario.
Los otros implicados Aguilar Alcóser ocupó el cargo de jefe de ventas de traumas de Synthes del 2009 al 2013 y Masís Arrieta fue vendedor de Synthes entre el 2009 al 2013 y tuvo a cargo la venta de insumos ortopédicos al Hospital Calderón Guardia.
Desde el 6 de noviembre pasado, los defensores de Castaño, Federico Campos y Daniela Vargas, se habían manifestado confiados en obtener la absolutoria de su cliente.
“Los abogados defensores de don Lorenzo estamos muy complacidos con la decisión justa y valiente que tomó el Tribunal de Juicio, quienes tuvieron el valor de absolver en un caso donde no existían pruebas para condenar a nuestro defendido, ni a ninguno de los otros imputados, ya que la investigación que se hizo fue pésima desde su inicio.
“Se decidió acusar a las personas equivocadas y lo más triste de todo es que a don Lorenzo lo trajeron detenido del extranjero y estuvo encarcelado varios meses esperando esta sentencia, a pesar de que nunca debió ser sido ni siquiera acusado”, indicó Campos este miércoles.
El abogado de la Caja, William Rodríguez, manifestó que va a esperar la notificación de la sentencia integral a efectos de realizar un análisis profundo de la prueba testimonial, pericial y documental que se recabó, tomando en consideración que es un juicio de tramitación compleja.
Rodríguez concluyó que sí se demostró el daño patrimonial ocasionado a la Seguridad Social.
