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Como el uso de celulares está prohibido en las cárceles, los reos se las ingenian para tener acceso a los aparatos que en muchos casos les servirán para seguir al frente de su banda o para cometer otros delitos.
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La urgencia es tal que ha motivado a los reclusos a integrar grupos dedicados al tráfico y comercialización de aparatos, confirmó Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria. Se desconoce cuántas organizaciones se dedican a estas actividades.
Según la información que han logrado recabar, las bandas que operan el negocio pagan entre ¢80.000 y ¢400.000 para que personas que están fuera de prisión y hasta funcionarios de Justicia se presten para introducir los móviles.
Una vez con los teléfonos dentro de la cárcel, los miembros de los grupos los venden a precios mucho más altos de los que pagaron por su ingreso. Pueden cobrar hasta ¢800.000.
“Solo por la acción de ingresarlo, esta gente paga un dineral. Ahora imagínese el valor que puede tener un aparato de estos dentro de las prisiones, puede llegar a tener un costo elevadísimo y, pese a eso, los reclusos pueden pagarlo y eso genera más ingresos a estas organizaciones", dijo Bertozzi.
Para el jefe policial, se trata de un "mercado negro que mueve mucha plata".
Así lo manifestó, apenas unos días después de que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto para bloquear la señal celular en los centros penales.
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“Hacen un negocio de esto que es algo tan perverso. Esto está permitiendo que los privados de libertad tengan acceso a telefonía celular para cometer delitos, con la gravedad social que eso implica”, dijo.
En el mismo sentido se pronunció Michael Soto, ministro de Seguridad Pública.
También el Ministerio Público mostró preocupación ante la existencia de estos grupos. Pues, igual que Justicia, saben que la posibilidad de que un reo tengo acceso a un teléfono celular es “altamente perjudicial”.
La conectividad de los reclusos con el mundo exterior, dijo la Fiscalía, permite que los grupos criminales se recompongan "con mucha facilidad tan pronto los líderes quedan en prisión preventiva, aún cuando se hacen enormes y complejas investigaciones y desarticulaciones de estructuras.
Además, la actividad podría fomentar la corrupción de funcionarios de las prisiones.
Falta de castigo favorece a grupos
El nivel de éxito de este negocio ilícito pareciera ser alto, pues cada año se decomisan más de 3.000 celulares en el sistema penitenciario.
De alguna forma, el negocio se fomenta porque los terceros que sean descubiertos no enfrentarían ninguna causa penal.
¿Por qué? Porque no hay un delito que persiga esta acción y no hay medidas administrativas que se puedan tomar en contra de ellos.
Situación similar ocurre con los reos que son descubiertos con celulares. “Como no se ven afectados, lo siguen haciendo, ese es un problema enorme”, dijo Pablo Bertozzi.
Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, cuando se le encuentra un dispositivo a un privado de libertad se realiza un informe que se remite al director del centro penitenciario. Él deberá valorarlos en el Consejo Técnico del penal y determinar si es una falta leve o grave.
“Las diferentes sanciones pueden ir desde llamadas de atención, hasta la reubicación del interno en un lugar diferente”, comunicó la cartera.
Ante estas circunstancias, añadió el jefe policial, limitar la señal celular en las cárceles podría ser un gran paso para la eliminación de la problemática.
Esto, pese a que las telefónicas se oponen a asumir la responsabilidad de bloquear la señal celular, porque consideran que eso no es de su competencia. Las compañías objetan el plan porque podría afectar a sus clientes y porque consideran que es una forma de Justicia de evadir sus obligaciones.
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Tanto el Ministerio Público, como el ministro de Seguridad están unidos en ese objetivo. Para ellos es clave para atacar fenómenos criminales.
"Ahorita, estoy de lleno con hacerlo, ponerlo en prática, que es lo importante. El cómo se vaya a lograr, es un tema secundario", dijo Michael Soto.
Viejos conocidos
Para intentar contrarrestar la actividad, la Policía Penitenciaria hace requisas diarias en los módulos de las diferentes cárceles.
Como resultado, en los últimos tres años, han decomisado 10.014 celulares durante estas acciones policiales, siendo el 2017 cuando hubo más incautaciones: 3.589.
Pese a que no hay una estadística puntual, Bertozzi indicó que muchos de esos aparatos son decomisados a los “mismos reos de siempre”.
“Ya tenemos gente que sabemos y que tenemos identificadas en ese sentido, gente que repone el celular como si nada, gracias a la ayuda de sus visitas y de funcionarios corruptos que, desgraciadamente, hemos tenido”, reprochó.
