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Carlos Pérez Sánchez, de 27 años y empleado de Mantenimiento de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), tendrá que cumplir dos años de prisión que le dictó un juez de Limón, al declararlo culpable de “daños agravados” contra una esfera de almacenamiento de gas ubicada en la planta de Moín.
La sentencia fue emitida por el Tribunal de Flagrancias de Limón, al concluir un juicio en el cual se juzgó un hecho ocurrido el martes 11 de setiembre, en el segundo día de huelga de sindicatos estatales contra la reforma fiscal. La acción de Pérez representó un peligro, pues pudo derivar en una gran explosión.
Pérez, con ocho años de laborar en Recope, fue declarado responsable por el juez Sergio Céspedes Rivera, quien le negó el beneficio condicional de la pena, por lo cual tendrá que cumplir los dos años en prisión sin posibilidad de hacerlo fuera. Mientras la sentencia queda en firme, le ordenó seis meses de prisión preventiva.
Además, el juez lo inhabilitó durante 10 años para trabajar en el sector público.
La lectura de la sentencia se inició a las 8:15 p. m. de este martes y concluyó a las 10 p. m.
Aunque la Fiscalía acusó al empleado de la Refinadora por el delito de atentado contra plantas, conductores de energía y de comunicaciones, previsto en el artículo 260 del Código Penal, el juez recalificó el delito por el de “daños agravados”.
“Fue un daño provocado, causado con éxito a una planta energética, pero yo no podría saber si la intención fue un sabotaje”, justificó Céspedes Rivera, quien indicó que, no solo recibió cinco testimonios fundamentales, sino que toda la evidencia apunta a que el funcionario fue el responsable.
"Carlos está siendo condenado, no porque alguien lo viera, sino porque los indicios van en una única dirección. Es innegable que está siendo detenido a una corta distancia, siendo detenido en la persecución, en flagrancia“, explicó el juez.
“No hace falta ser un experto en criminalística para determinar que la persona que desenganchó los tubos de la válvula fue Carlos Andrés Pérez Sánchez y que la presión que llevan esos tubos es la que impregna a quien los desconecta”, agregó Céspedes.
El trabajador fue descubierto in fraganti en el sitio del sabotaje (una esfera de almacenamiento de gas) pero fue detenido a unos 400 metros de distancia, cuando intentaba escapar. Llevaba puesto el uniforme de trabajo, que estaba impregnado de aceite.
Durante el debate, que inició el pasado 5 de octubre, abogados de Recope aseguraron que los daños provocados en la esfera ascendieron a ¢600.000. Pero, ante la emergencia, también se interrumpió la descarga desde dos barcos que traían el gas licuado de petróleo (GLP). Eso implicó un atraso de 20 horas por el cual Recope tuvo que pagar ¢15 millones a las navieras.
También, el representante legal de la Refinadora, José Ramón Morales, declaró que, de haberse dado una explosión, la onda expansiva habría llegado hasta Matina, ubicada a 30 kilómetros de distancia.
Pérez Sánchez labora en el área de Mantenimiento de Instrumentos, con un salario de ¢400.000, según dijo en el juicio. Ahora se expone al despido.
El juez le dijo que “la pena justa es de dos años, ni el mínimo seis meses ni el máximo cuatro años. Porque en esa pena se toma en cuenta que es una persona joven, que es la primera condena, pero sí se causó un daño importante, no sólo la detención de la importación de gas, sino por la puesta en peligro con el gas LPG y que se jugó con una sustancia sumamente volátil y peligrosa”.
