EscucharEl juicio de reenvío por el asesinato de la joven Allison Bonilla, programado para este viernes 24 de febrero a la 1 p. m., fue suspendido esta mañana luego de que los jueces comunicaran que una reorganización de agenda impediría realizar el debate.
Esta nueva audiencia pretende aumentar la pena del responsable, Nelson Enrique Sánchez Ureña conocido como Sukia, a quien en agosto de 2021 el Tribunal Penal de Cartago le impuso 18 años de prisión por homicidio simple.
“La Sala Tercera y una nueva integración del Tribunal de Apelaciones nos dio la razón y determinó que aquí estamos en presencia de un homicidio calificado y no simple. Por lo tanto este nuevo juicio busca imponer una nueva condena al acusado que ya se determinó es el culpable de este lamentable suceso”, dijo Rodrigo Araya Solano, abogado de la familia.
De acogerse una nueva sentencia, Sánchez Ureña se expone a una condena que va desde los 20 hasta los 35 años de prisión.
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Esta es la segunda vez que este caso busca una modificación de la pena, la primera ocurrió cuando la familia de la víctima acudió al Tribunal Penal de Apelación a cuestionar la sanción impuesta.
En esa oportunidad los jueces consideraron que, con las pruebas recabadas, solo se podía castigar a Sánchez por homicidio simple y no por homicidio calificado, como lo solicitaban la Fiscalía y el jurista Rodrigo Araya.
El juez Franklin Ramírez Montero manifestó que la decisión fue tomada por unanimidad, es decir que tanto él como las juezas Magaly Orue Rivera y Jenny Almendaris Solís, descartaron que en este caso se estuviera ante un homicidio calificado.
Sin embargo, ante Casación, los juzgadores anularon lo resuelto por el Tribunal de Apelación.
“Nosotros como en un inicio vamos a solicitar la pena máxima, vamos a solicitar que a alias Sukia se le impongan 35 años de prisión. La nueva fecha de señalamiento será comunicada en los próximos días”, declaró Araya este viernes.
Allison Bonilla, una colegial de 19 años, murió el 4 de marzo del 2020 cerca de las 9 p. m., luego de ser lanzada inconsciente a un botadero clandestino en Cachí. En el debate quedó acreditado que Sánchez Ureña la encontró en la carretera mientras caminaba a su casa en Ujarrás de Paraíso y ofreció llevarla.
Sin embargo, en el camino, el hombre se desvió y la llevó hasta una finca de café ubicada 200 metros al norte del parque recreativo Charrarra, donde presuntamente la obligó a bajarse del vehículo para llevarla a unos 140 metros de la entrada de la propiedad y golpearla.
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El 28 de setiembre de 2020, seis meses después de su desaparición, una alerta de un vecino en el botadero donde buscaban a la muchacha, logró que la Policía Judicial ingresara al sitio y encontrara restos óseos que, una vez analizados, sirvieron como base para confirmar que eran de Allison Bonilla. La joven tenía fracturas de tórax y costillas.
“Mi hija tenía mucha vida por delante, teníamos muchos planes y yo me pregunto: ¿por qué me la devolvió así (en osamenta)? No es justo que ella sufriera así, ningún ser humano merece morir así. Día a día me mortifico pensando en lo que él le hizo, en lo que ella sufrió y verlo ahí sentado como si nada hubiera pasado, como si nada, es muy difícil para mí”, declaró meses atrás Yendry Vásquez, madre de la víctima.
El artículo 112 del Código Penal establece como homicidio calificado a quien mate a otra persona con alevosía o ensañamiento (crueldad) o para facilitar, consumar u ocultar otro delito para asegurar sus resultados o procurar la impunidad.
