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La Sala Constitucional acogió para estudio un habeas corpus que planteó la defensa del expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, en contra de la acumulación de dos expedientes por el denominado caso Crucitas.
En uno de los procesos figura como imputado el exmandatario y en el otro el exministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles Mora.
La decisión la tomaron los magistrados la tarde de este jueves, al tiempo que le concedieron al Tribunal Penal de Hacienda tres días naturales, a partir del momento de la notificación, para que brinden la explicación sobre las razones por las cuales se acumularon los legajos, confirmó la oficina de prensa de la Sala IV.
Esta decisión se tomó mientras en el mismo Tribunal Penal, con sede en los Tribunales de Goicoechea, se realiza la audiencia preliminar para determinar si ambas acusaciones son elevadas en conjunto a juicio.
El habeas corpus lo presentaron los defensores del expresidente, Rodolfo Brenes y Francisco Castillo, pues alegan que habían solicitado una audiencia oral al tribunal para manifestar el porqué estaban opuestos a la integración de ambos expedientes –aunque se trata del mismo asunto– pero dicha diligencia nunca se realizó.
“Al forzar de esta manera lo que la defensa considera una acumulación indebida de expedientes, se están amenazando los derechos constitucionales de don Óscar Arias, no sólo su libertad personal, sino además derechos conexos y los ligados al debido proceso, como se ha venido exponiendo”, argumentaron Brenes y Francisco Castillo, defensores del expresidente, en la acción presentada en la Sala.
La acumulación la había ordenado el Juzgado Penal de Hacienda el 29 de noviembre del 2018. Esa medida fue impugnada por la defensa de Arias el 5 de diciembre. El tribunal convocó a una audiencia oral para el 15 de enero, pero luego fue suspendida y el miércoles 16 de enero, el tribunal rechazó la apelación. Al día siguiente comenzó la audiencia preliminar en Goicoechea.
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En el habeas corpus, la defensa de Óscar Arias está solicitando a los magistrados que se “declare nula la resolución dictada por el juez que rechazó la apelación y se le ordene al Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José convocar a una audiencia oral, para conocer el recurso planteado por la defensa”.
Recuento
El caso Crucitas tiene su origen en el 2008, luego de que el entonces presidente Óscar Arias firmara un decreto que declaró de interés público y de conveniencia nacional el proyecto de minería en Crucitas.
Dicho plan se iba a desarrollar en Cutris de San Carlos por parte de la empresa canadiense Industrias Infinito.
En defensa del proyecto, se argumentó que la explotación de oro traería “beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el Gobierno Central”. Así consta en el decreto presidencial Nº. 34801-MINAET firmado por Arias Sánchez.
Sin embargo, la iniciativa enfrentó objeciones y reclamos de supuestas anomalías de procedimiento, por lo cual, en noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión otorgada a la minera canadiense.
Ante los cuestionamientos, el Ministerio Público, en octubre del 2008, también abrió una investigación penal que se llevó en el expediente 08-0000-11-0033-PE. Luego de cuatro años de pesquisas, en el 2012 el Ministerio Público decidió separar la investigación contra Óscar Arias en el expediente 12-000124-0621-PE.
En tanto, en ese mismo año acusó por el delito de prevaricato (aprobar resoluciones contrarias a la Ley o hechos falsos) a Roberto Dobles y a otras seis personas de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla, quienes llegaron a juicio en el 2015.
En ese debate se condenó a Dobles por prevaricato y se absolvió a los otros implicados. Empero, luego de impugnaciones, un Tribunal de Apelación de Sentencia ordenó un nuevo juicio.
En setiembre del 2017, cuando se iba a realizar el nuevo debate, el Tribunal Penal de Hacienda devolvió aún más el proceso, hasta su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado. La Fiscalía –a cargo de Jorge Chavarría Guzmán–, había desestimado ese proceso desde el 2014.
El 20 de octubre del 2017, la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, solicitó la reapertura de la investigación contra Arias, alegando que no se habían agotando todos los medios de investigación correspondientes. Es así como el expresidente es indagado el 8 de noviembre del 2017.
Nueve meses después, el pasado 22 de agosto, la fiscala Navas presentó la acusación contra Óscar Arias por dos aparentes delitos de prevaricato, los cuales él habría cometido en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas.
Para la Fiscalía, con su firma, Arias habría dictado una resolución basada en hechos falsos, lo cual es sancionado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.
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