Escuchar
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) solicitó la imposición de medidas cautelares para el trabajador Carlos Andréz Pérez Sánchez, acusado por el Ministerio Público de causar daños a un tanque de almacenamiento de gas en la planta de Moín, Limón, durante la huelga de setiembre del 2018.
La gestión la presentó el abogado José Ramón Morales Mora, representante de la Refinadora, desde el 1.° de marzo, sin que se detallara en el documento el tipo de medida. La petición, dijo, la planteará oralmente durante una audiencia.
Pese a que ya pasó mes y medio de esta solicitud, el asunto está pendiente de resolver, debido a que tanto el Tribunal de Flagrancia de Limón como el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, se negaron a conocer la petición. Ambas instancias alegan que no es de su competencia.
Por esta razón, la solicitud pasó a conocimiento de la Sala Tercera, para que sean los magistrados los que resuelva el conflicto de competencia.
Este hecho coincide con la interposición de un recurso de casación contra la sentencia planteada por la Fiscalía, que objeta la decisión del Tribunal de Apelaciones de ordenar un nuevo juicio contra Pérez. No fue posible conocer los argumentos del ente acusador del Estado.
Caso en breve
Carlos Andrés Pérez, un empleado de mantenimiento de la Refinadora fue detenido la noche del 11 de setiembre del 2018, cuando aparentemente huía de la planta, luego de que se causara daños a la válvula de una esfera que guarda gas LPG, justo en el momento en que un barco se disponía a descargar el producto.
El hecho además se dio en el segundo día de la huelga contra el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, conocido como reforma fiscal. Los empleados de Recope se habían sumado al movimiento.
De manera cautelar, el imputado estuvo 14 días en prisión preventiva. Quedó en libertad el 26 de setiembre, cuando el Tribunal de Flagrancias de Limón le ordenó presentarse a firmar, no acercarse a las instalaciones de Recope, mantener domicilio fijo y no acercarse a testigos.
El caso llegó a juicio en noviembre pasado cuando el Tribunal de Flagrancia lo condenó a dos años de prisión por el delito de daños agravados. En el castigo que se emitió el 27 de noviembre, se inhabilitó al trabajador para el ejercicio de cargos públicos durante 10 años.
Asimismo, el juez Sergio Céspedez Rivera, que dictó el fallo, envió a Pérez a seis meses de prisión preventiva mientras la resolución adquiría firmeza. La restricción de la libertad la fundamentó en el peligro de que incurriera en un nuevo delito.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, el 26 de febrero pasado, anuló la pena, ordenó la realización de un nuevo juicio y al mismo tiempo, mandó a poner en libertad a Pérez de manera inmediata.
LEA MÁS: ¿Por qué se anuló la condena por daños agravados contra el trabajador de Recope?
Empero, la Fiscalía Adjunta de Limón planteó un recurso de casación contra esa resolución, por lo que el expediente debe pasar a conocimiento de la Sala Tercera de la Corte.
Conflicto de competencia
El conflicto de competencia para resolver la nueva solicitud de medidas cautelares se presenta entre el Tribunal de Flagrancia de Limón y el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea. El primero dictó sentencia contra Pérez y el segundo anuló esa condena.
Recope hizo la petición luego de que Pérez quedó en libertad, ante el Tribunal de Flagrancia.
Tras recibir el escrito, Flagrancia dio “un auto de pase” y lo trasladó al Tribunal de Apelación, argumentando que dicha gestión se presentó cuando el despacho, con sede en Goicoechea, tenía el manejo del expediente y debía resolver las gestiones que se presentaran en esa etapa.
Sin embargo, Apelación lo rechazó porque, en criterio de esa jurisdicción, solo puede pronunciarse (con respecto a medidas cautelares) cuando se trata de una prórroga de prisión preventiva si la persona está detenida antes de efectuarse el juicio, o cuando se haya excedido el año de prisión preventiva, que no ocurre en el caso de Carlos Andrés Pérez.
Así lo señala el pronunciamiento de los jueces Rosaura Chinchilla Calderón, Alberto García Chaves y Gustavo Adolfo Rojas Gutiérrez, emitido el 9 de abril.
El expediente volvió a Flagrancia de Limón, cuyos jueces dispusieron, el 10 de abril, plantear el conflicto de competencia ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que le dio trámite a la consulta. La Sala III es la última instancia en materia penal.
