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Un proyecto de ley pretende crear nuevas penas por meter celulares y otros dispositivos a las cárceles.
El texto, analizado este lunes en la Corte Plena, impondría inhabilitaciones de entre tres a cinco años para el ejercicio de cargos públicos a los funcionarios que faciliten, reciban, introduzcan o distribuyan “cualquier tipo de aparato electrónico de telefonía y telecomunicaciones, dispositivos aéreos no tripulados, o de cualesquiera partes de estos que permitieren ensamblarlos y operarlos”.
También se impondrían de tres a cinco años de inhabitación para contratos públicos a la persona física o jurídica proveedora de bienes y servicios que facilite el delito. Si alguien ingresa un dispositivo sin ser funcionario público, recibiría una multa de diez salarios base y se le impediría visitar cualquier cárcel durante un año.
Si se determina que la comisión de delito está asociada al crimen organizado, la pena sería de dos a seis años de cárcel. De igual forma, si se descubre a un privado de libertad en posesión de un dispositivo, su pena sería de seis meses a dos años de prisión. Una pena de dos meses a dos años sería contra un preso que no denuncie el delito, y si el que no denuncia es funcionario público o abogado, la pena sería de dos a tres años.
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Asimismo, los privados de libertad que posean esos aparatos no podrían optar por beneficios carcelarios por un periodo determinado por el Ministerio de Justicia y Paz en su reglamento, y en caso de reincidencia no podrían ser sujetos a estos beneficios durante el total de su condena.
Finalmente, el proyecto crearía una pena de prisión de seis meses a dos años a quien intencionalmente dañe, apague u obstruya de alguna forma el funcionamiento del equipo destinado a bloquear la señal celular en las cárceles.
Las autoridades judiciales han advertido, por años, que la mayoría de las estafas electrónicas se realizan desde centros penitenciarios, pues el Estado no ha tenido la capacidad para bloquear la señal celular. Además, muchos delincuentes obtienen chips de otros países para burlar los controles que sí aplican para dispositivos con código de área costarricense (506).
Solo el jueves pasado, en operaciones en tres cárceles de Pococí, Limón y La Reforma, el Ministerio de Justicia logró decomisar 35 celulares y 46 chips. Desde el 8 de mayo del 2022 y hasta setiembre, ese despacho contabiliza 6.344 celulares y 8525 chips incautados.
Costo de un nuevo delito
Por la creación de estos seis tipos penales, la Corte Plena decidió que el expediente 24.323 sí incide en el funcionamiento del Poder Judicial, con 13 votos a favor y seis y contra. De esta forma, la iniciativa requeriría el voto favorable de 38 diputados para convertirse en ley.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro, de Sala Tercera, expuso que el año anterior cada expediente penal le costó un promedio de ¢2 millones a la institución, por lo que procesar nuevos delitos implicaría costos adicionales que no son contemplados en el proyecto de ley, presentado el 8 de mayo por el diputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República.
Un proyecto similar fue presentado en febrero por el Poder Ejecutivo. Este texto crearía una pena de dos a cuatro años de prisión a quien introduzca celulares u otros dispositivos de comunicación a las cárceles. La pena se agravaría en un tercio si quién lo comete es un funcionario público, proveedor de servicios o productos en los centros penitenciarios, abogado en el ejercicio de su profesión o cualquier otra persona a la que se le haya otorgado una autorización de ingreso especial a un centro penitenciario.
De igual manera, la Corte había decidido en mayo que el plan del Gobierno (expediente 24.162) también afectaría el funcionamiento del Poder Judicial.
