Judiciales

Estado se apersona como víctima en caso Diamante

Participación le permitirá cobrar daños y perjuicios si se confirman delitos contra los deberes de la función pública

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) decidió apersonarse en representación del Estado, en su condición de víctima, en el proceso penal conocido como caso Diamante, que investiga a varios alcaldes, funcionarios públicos y empresarios por conformar una presunta organización criminal que pagaba dádivas y otros beneficios a cambio de obtener proyectos de infraestructura pagados con fondos públicos.

La Procuraduría se refiere al expediente 2020-9616-42-PE, seguido en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de San José en contra de los alcaldes Johnny Araya (San José), Mario Redondo (Cartago) Alfredo Córdoba (San Carlos), Humberto Soto (Alajuela), Arnoldo Barahona (Escazú) y Alberto Cole (Osa), otros empleados municipales y dos personas de las empresas MECO y Explotec.

“El apersonamiento en condición de víctima, le permite a la PEP tener conocimiento de la investigación, aportar prueba, y ejercer la querella y la acción civil por daño social para cobrar los daños y perjuicios en caso de que se configure un delito contra los Deberes de la Función Pública. Lo anterior se realizó conforme lo autoriza el artículo 3 inciso H de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en representación del Estado Costarricense”, explicó la entidad en un comunicado de prensa.

Este lunes, luego de 40 allanamientos en municipalidades, casas de habitación, oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes - BID y otros sitios, se logró la detención de los seis alcaldes y otras siete personas más. Para este viernes está previsto que se resuelvan las medidas cautelares solicitadas en esta causa. Contra los funcionarios públicos, por ejemplo, se pidió suspensión del cargo durante ocho meses mientras avanza la investigación.

La Fiscalía habla de al menos 15 proyectos de infraestructura en los que habrían ocurrido hechos delictivos, no obstante, todavía no ha cuantificado el posible daño económico para el Estado.

En esta causa se investigan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.