Judiciales

Procuraduría reclama ¢10 millones a Celso Gamboa por supuesta dádiva con viaje a Panamá

Reclamo trascendió durante audiencia preliminar en la que se resolverá si el exmagistrado, el empresario del cemento Juan Carlos Bolaños y un primo de este último, van a juicio.

La Procuraduría General de la República presentó querella y acción civil resarcitoria en la causa penal que se sigue contra el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, quien supuestamente habría recibido como dádiva un viaje a Panamá en el 2016, con los gastos de tiquete aéreo y hospedaje cubiertos por el grupo económico de su amigo y empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas.

Al apersonarse en el proceso, la Procuraduría exige que Gamboa le pague ¢10 millones al Estado por el daño social provocado cuando trascendió este asunto. El reclamo económico incluye el cobro de otros ¢10 millones a Juan Carlos Bolaños y ¢5 millones más a Javier Rojas, primo del empresario. Los tres figuran en la causa penal 17-000015-0033-PE.

La estimación económica trascendió este martes, durante la audiencia preliminar de este asunto, en la que se determinará si el caso se eleva a juicio. La acusación, planteada por la Fiscalía, se conoció desde junio del 2020, luego de analizar el viaje realizado por Gamboa, Bolaños y Rojas entre el 9 y el 10 de octubre del 2016.

Según un comunicado del Ministerio Público, cuando se confirmó la acusación, “en apariencia, como resultado del beneficio otorgado, Gamboa efectuó un acto contrario a sus deberes como magistrado de la Sala de Casación Penal, al no inhibirse de resolver la solicitud de desestimación de la causa 15-000022-0033-PE”, en la que se señaló a los exdiputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth, además de los imputados Wálter Céspedes Salazar y Juan Carlos Bolaños Rojas, “por un presunto delito de tráfico de influencias en favor de este último”.

De acuerdo con la acusación, los gastos de tiquete aéreo y hospedaje fueron pagados por Rojas Segura, a solicitud de su primo Juan Carlos.

“Por estos hechos se acusa a Gamboa por el presunto delito de cohecho propio, al empresario por un supuesto delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio y a Rojas por presunta penalidad del corruptor en calidad cómplice”, agregó hace dos años el Ministerio Público.

Por este asunto se intentó conocer la posición de Natalia Gamboa, representante legal del exmagistrado, pero no ha respondido al mensaje dejado en su teléfono celular. Cuando los hechos trascendieron, Celso Gamboa había asegurado que viajó a Panamá para comprar ropita de bebé.

Por su parte, Juan Carlos Bolaños, más allá de responder a los presuntos delitos que se le investigan, cuestionó al fiscal a cargo del caso, pues critica que el funcionario también forma parte de una unidad especializada, creada por el Ministerio Público, para revisar los expedientes relacionados con el cemento chino.

Agregó que el fiscal estaba siendo recusado (no dijo por parte de quién) por acumular, presuntamente, tres causas penales por incumplimiento de deberes y ocultamiento de pruebas en el proceso principal del cemento hidráulico.

Este martes, en un comunicado, la Procuraduría General de la República precisa que a Celso Gamboa Sánchez se le atribuye un delito de cohecho propio, un delito de incumplimiento de deberes, dos delitos de tráfico de influencias agravados y un delito de fraude de ley. “Todos concurren en concurso material, y se atribuyen como consumados y en calidad de autor”.

El cohecho propio es la conducta en la que incurre quien acepte dádivas o promesa de dádivas por hacer un acto contrario a sus deberes. El Código Penal lo penaliza con prisión de tres a ocho años y con inhabilitación para el ejercicio de cargos y empleos públicos de diez a quince años.

A Juan Carlos Bolaños se le atribuye un delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio y dos delitos de tráfico de influencias agravados. Mientras que a Javier Rojas Segura se le señala por un delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio.

“Nuestra pretensión es que se condene a cada imputado civilmente responsable a pagar a favor del Estado por el daño social provocado y que se ha estimado en la suma de ¢10 millones exactos tanto para Celso Gamboa Sánchez y Juan Carlos Bolaños Rojas y la suma de ¢5 millones para Javier Rojas Segura, para un total de ¢25 millones.

“A la determinación económica del daño social, deberá sumársele los intereses, indexación y costas”, agregó la Procuraduría.

Según informó la Fiscalía, la audiencia de medidas cautelares está señalada del 8 al 19 de agosto en el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea.

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