La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) solicitó este viernes al Tribunal Penal de Hacienda que le ordene al alcalde y al director administrativo de la Municipalidad de San Carlos devolver ¢287 millones.
La petición se hizo durante la etapa de conclusiones de un debate que inició el lunes anterior y en el cual se juzga a Alfredo Córdoba Soro y Wilbur Rojas Cordero, alcalde y administrador del ayuntamiento, respectivamente, por varios delitos presuntamente cometidos entre los años 2002 al 2011.
La Procuraduría, para justificar la cifra a reintegrar, se basó en que se desviaron “fondos públicos de la Municipalidad de San Carlos por un monto de ¢287.591.582, sin que la Municipalidad haya ejercido ninguna acción para recuperarlos.
"La PEP, preocupada por esa inacción del Concejo, solicita que en aplicación del artículo 61 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito se ordene a los imputados la devolución de ese monto a la Municipalidad de San Carlos”.
En el mencionado artículo se explica que una persona condenada por el delito de enriquecimiento ilícito debe devolver el monto del dinero que se apropió de manera indebida.
Paralelamente, la PEP solicita se condene a ambos imputados al pago, de manera solidaria, de ¢20 millones por daño social.
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Breve recuento
Los hechos que se juzgan habrían ocurrido poco después de que Córdoba asumió la alcaldía del municipio sancarleño en mayo del 2002. El asunto está relacionado con la designación de Rojas en el cargo de administrador, presuntamente sin que contara con el título profesional correspondiente para ocupar el puesto.
Asimismo, se le autorizó, supuestamente, el pago de pluses salariales como el de dedicación exclusiva. Por estos hechos se había allanado la Municipalidad en enero del 2016.
El miércoles anterior la representación del Ministerio Público, luego de hacer un recuento de los hechos, manifestó que Alfredo Córdoba, al parecer, era responsable de dos delitos de tráfico de influencias, dos delitos de reconocimiento ilegal de beneficios laborales, dos delitos de prevaricato, un peculado y cinco delitos de nombramiento ilegal.
Para la fiscala a cargo del caso, Johanna Rodríguez, las acciones anómalas deben ser castigadas con una pena de 23 años. Asimismo, dijo que a Cordoba se le debe inhabilitar durante un período de 10 años para ejercer puestos públicos y de postularse para una elección popular.
En tanto, para Wilbur Rojas solicitó un pena de 15 años de cárcel por dos delitos de enriquecimiento ilícito y un peculado.
