Escuchar
Un hombre de apellido Leiva lleva dos años y medio a la espera de que el Juzgado de Familia de Goicoechea le concrete una audiencia para intentar conciliar con su aún esposa el monto de la pensión alimentaria.
Su excompañera interpuso la demanda desde el 2013, en medio de un proceso de divorcio.
Aunque el Juzgado no programó ninguna cita, en julio de ese año le fijó una pensión provisional de ¢1,4 millones.
Tras una apelación, el 22 de enero del 2014, el Tribunal de Familia de San José aumentó la cuota a ¢1,8 millones.
Leiva, de 56 años, debe pagar ese monto a favor de su pareja y dos hijos (una universitaria, de 20 años, y un niño de 10).
Sin embargo, desde marzo de este año, el hombre no ha cancelado esa suma, por lo que está recluido desde el 27 de julio en la Unidad de Pensiones Alimentarias, de la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela. En total, debe ¢10,8 millones.
Por ello, Leiva interpuso un recurso de habeas corpus el 15 de agosto, para exponer a la Sala IV que la resolución del Tribunal de Familia carece de la debida fundamentación y que ese monto le “es imposible de pagar”.
Pero el recurrente también se quejó porque el Juzgado de Familia “no le ha dado trámite expedito al proceso”.
La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar ese recurso el 8 de setiembre, al ordenarle al Juzgado que programe la audiencia “dentro de un plazo razonable, mismo que no podrá exceder de un mes”. Lo demás fue descartado por el alto tribunal.
Ante esto, el Juzgado adelantó para inicios de octubre la audiencia, que en un principio estaba fijada para el 26 de enero del 2016.
Sin embargo, la pareja de Leiva dijo a La Nación que pedirán que la reprogramen porque ese día su abogado tiene otro juicio.
Argumentos. Actualmente, tanto el proceso de divorcio como el de pensión están en el mismo expediente, en el Juzgado de Familia de Goicoechea.
Al hacer la solicitud de pensión, la excompañera de Leiva argumentó que él es una “persona muy solvente económicamente”, según replicó el Juzgado en la respuesta que dio a la Sala Constitucional.
“Siempre otorgó a la familia de un estilo de vida lujoso (...). Él es empresario y se dedica al comercio y arriendo de dinero con garantías prendarias e hipotecarias”, añadió el Juzgado con base en los alegatos de la mujer.
Por ello, esa oficina le fijó la cifra de ¢1,4 millones. El padre apeló la decisión ante el Tribunal de Familia de San José; sin embargo, este más bien la aumentó a ¢1,8 millones. Ese órgano le dio la razón a la mujer en que Leiva es un “empresario solvente”.
“En su momento, fue propietario de un restaurante muy productivo (...). Se denota de lo aportado lo que pudiera recibir por concepto de alquileres y o el negocio de venta de bienes.
”El nivel de vida que ha llevado la familia según lo demuestran fotografías aportadas y comprobantes de gastos, evidencian un nivel de vida bastante acomodados, muy por encima del promedio de la población de este país”, le aseguró el Tribunal a la Sala IV.
El recurrente apeló de nuevo; no obstante, no fue acogida su impugnación.
Los magistrados no modificaron la suma de pensión, sino que solo reprocharon la demora del proceso.
Programación. Cinco días después de que Leiva interpuso este habeas corpus , el Juzgado de Familia fijó la audiencia de conciliación para el 26 de enero del 2016.
Eso, según el recurrente, violenta sus derechos, ya que no se ha podido “determinar la verdad real de los hechos”.
La Sala IV concordó con el quejoso, por lo que ordenó adelantar la audiencia.
Como justificación ante los magistrados, el Juzgado indicó que Leiva no reclamó celeridad en ningún momento.
Ante una consulta de este medio, Ramón Zamora, juez coordinador del despacho, dijo que la dilación se dio por “excesivas cargas de trabajo” que manejan y “la complejidad de los casos”.
Asimismo, detalló que ese despacho atiende a una población cercana al medio millón de personas. “Fue necesario abrir un espacio cercano en la agenda, por lo que tuvimos que disminuir el tiempo que la jueza a cargo tiene destinado para dictado de sentencias”, concluyó.
La Nación intentó conversar con el abogado del recurrente, Jurgen Kinderson, pero no devolvió las llamadas que se realizaron a su celular.
