Hugo Solano C.. 5 noviembre, 2018
El funcionario quedó a la orden de la Fiscalía que pidió medidas cautelares en su contra. Foto: Alonso Tenorio.
El funcionario quedó a la orden de la Fiscalía que pidió medidas cautelares en su contra. Foto: Alonso Tenorio.

Un policía municipal de Santa Cruz, de apellidos Córdoba Núñez, podría quedar suspendido del cargo.

A él se le señala por el delito de concusión o supuestos cobros indebidos o arbitrarios hechos a comerciantes en provecho propio.

El funcionario, de unos 30 años, quedó detenido este lunes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la cercanías de plaza Los Mangos, en Santa Cruz.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusa a Córdoba de tres delitos de concusión y pidió al Juzgado local la suspensión del cargo, impedimento de llegar al lugar de trabajo y que no se le permita comunicarse con testigos y denunciantes.

También solicita que no se le permita portar armas de fuego, impedimento de salida del país, firmar una vez al mes y mantener un domicilio fijo.

A Córdoba se le atribuyen presuntos cobros ilegales que habría hecho o intentado hacer a dos comerciantes.

El primer caso es del 29 de setiembre pasado, cuando dos oficiales de la Policía Municipal confeccionaron un parte al dueño de un bar por no contar con permisos. En apariencia, después de esto, el sospechoso habría llegado hasta el local ofreciendo eliminar las infracciones a cambio de dinero.

Supuestamente, Córdoba pidió ¢80.000 para pagarle a los policías, además de ¢40.000 consumibles en licor, lo cual se habría concretado el 3 de octubre.

Al parecer, el imputado volvió luego al establecimiento y cuando los dependientes se negaron a darle consumo gratis, habría llamado al dueño para quejarse y hacerle ver que el bar era objetivo de la Municipalidad.

De igual manera, el 1.° de junio Córdoba habría visitado un bar donde se desarrollaba un baile en la zona de Arado. El local era propiedad de un asiático, quien contaba con los permisos requeridos.

Presuntamente Córdoba llegó en un carro particular, vestido con uniforme oficial y le indicó al dueño del bar que el permiso del Ministerio de Salud estaba vencido y clausuraría el local si no le entregaba ¢60.000; sin embargo, el denunciante se negó a pagar.

Las causas se desarrollan dentro de los expedientes 18-000023-1771-PE y 18-000790-800-PE.