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El Consejo Superior del Poder Judicial decidió reducir la sanción contra 23 de funcionarios que utilizaron una base de datos restringida, llamada Plataforma de Información Policial, para consultar información privada del futbolista costarricense Keylor Navas.
La Inspección Judicial había dispuesto, en resolución del 2 de octubre del 2015, un castigo de un mes de suspensión sin goce de salario; sin embargo, tras resolver una apelación, el Consejo Superior bajó la sanción a 10 días para nueve funcionarios y cinco días para otros 14.
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Así consta en el acta de la sesión del Consejo que se llevó a cabo el 7 de junio anterior.
De los 23 empleados a los que se les redujo la sanción, 21 laboran en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y dos en el Ministerio Público.
A ellos se les calificó como una falta grave porque cometieron "incorreciones y negligencia en las labores propias de su cargo".
En el proceso que se cerró en octubre pasado, hubo otra fiscala, de apellido Oviedo, que también fue sancionada, pero en su caso, el Consejo decidió mantener la sanción de tres meses de suspensión sin goce de salario. La falta de ella fue calificada como gravísima, pues cuando consultó la información de Navas y su hermana, justificó un proceso penal del cual el futbolista no formaba parte como testigo o imputado.
Alegatos. Del total de funcionarios investigados, algunos reconocieron que consultaron la información de Navas y otros indicaron que no lo hicieron ellos, sino que pudo haber sido un tercero porque en la computadora quedaba guardada la contraseña.
Ante esa situación, los sancionados argumentaron una "falta de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción", pues no se tomaron aspectos como el arrepentimiento mostrado por algunos, el tiempo trabajado en la institución o la afectación económica que les traería el castigo.
El Consejo Superior consideró que debía ser rebajado de un mes a 10 días de suspensión sin goce de salario para los empleados que aceptaron que realizaron las consultas y cinco días para quienes se les logró acreditar "uso descuidado y mal manejo de la claves de acceso".
Antecedente. El espionaje contra el portero del Real Madrid se llevó a cabo entre junio y octubre del 2014, cuando Navas tuvo mayor notoriedad por su papel en el Mundial de Brasil y su fichaje en el club español.
En ese lapso se realizaron 51 consultas a la base de datos sobre él y dos hermanas.
La irregularidad fue denunciada por la Dirección de OIJ en octubre de 2014. En ese momento, las autoridades comunicaron que 28 empleados fueron los responsables de espiar al jugador costarricense (cuatro fiscales y el resto son del OIJ).
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No obstante, en la resolución del Consejo Superior solo aparecen como sancionados 24 empleados judiciales por ese caso (21 del OIJ y tres fiscales).
El 6 de abril anterior, la Sala Constitucional llamó la atención al OIJ y la Fiscalía por esa situación y pidió que se tomaran medidas para que no se volviera a repetir.
