Carlos Arguedas C.. 9 junio
El Tercer Informe del Estado de la Justicia fue dado a conocer el lunes anterior en la Corte Plena. Foto cortesía Poder Judicial
El Tercer Informe del Estado de la Justicia fue dado a conocer el lunes anterior en la Corte Plena. Foto cortesía Poder Judicial

El Poder Judicial recibe pocas denuncias de corrupción interna y la gran mayoría de ellas son desestimadas, según reveló el Tercer Informe del Estado de la Justicia, dado a conocer el lunes anterior en la Corte Plena.

En el documento se precisa que del 1°. de enero del 2017 al 30 de abril del 2019 se recibieron 331 denuncias relacionadas con posibles faltas al deber de probidad, es decir, la obligación que tienen los servidores públicos de demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley.

Las faltas al deber de probidad están divididas en el Poder Judicial en 18 categorías que, según los investigadores, sancionan, sobretodo, las conductas indebidas en la dinámica de trabajo.

El informe agrega que la mayoría de esas faltas se dieron en el ámbito jurisdiccional (salas, tribunales, juzgados, centro de conciliaciones y en el centro de intervenciones telefónicas) y fueron agrupadas en dos categorías: el retardo injustificado de labores (lentitud en el desarrollo del trabajo) y la alteración del trámite normal para favorecer a una de las partes.

“La lentitud (en el desarrollo de sus funciones por parte de los servidores judiciales) es una queja común en la administración de justicia, pero es difícil relacionarla directamente con casos de corrupción. En la alteración del trámite normal sí hay un vínculo claro con potenciales irregularidades”, señaló el documento.

Asimismo, se advierte, que no es posible afirmar que los funcionarios que incurrieron en estas incorrecciones, lo hicieron con una intencionalidad asociada de cometer un acto de corrupción.

Sin embargo, el informe aclara que la mayoría de sanciones impuestas a funcionarios judiciales no corresponden a las denuncias antes mencionadas, sino que los castigos se concentraron al incumplimiento de obligaciones patrimoniales (no pago de deudas) y la realización de actividades indebidas durante períodos de incapacidad laboral, situaciones que afectan la imagen del Poder Judicial.

Ambas infracciones son castigadas con suspensión sin goce de salario o amonestación escrita.

Órganos sancionatorios

El Poder Judicial cuenta con tres órganos de control interno que son el Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ), la Corte Plena y la Auditoría Interna.

El ente encargado de las pesquisas es el TIJ que "cuenta con cinco investigadores y un presupuesto restringido, lo que hace difícil recabar suficiente prueba y establecer con certeza la comisión de faltas leves, graves o gravísimas”, señala el informe.

La mayoría de causas administrativas contra servidores judiciales cuando son impugnadas pasan a conocimiento del Consejo Superior, con la excepción de asuntos que involucren a jueces con categoría 4 o 5, jefaturas de órganos auxiliares (OIJ, Ministerio Público, Defensa Pública), magistrados, funcionarios del TIJ y miembros del Consejo Superior, cuyo análisis corresponde a la Corte Plena.

A Corte Plena

Según el Tercer Informe Estado de la Justicia, en el periodo 2014- 2018 a Corte Plena llegaron 76 causas disciplinarias por presuntas faltas al deber de probidad.

En 56 de los casos se consideró que no existía mérito para la aplicación de una medida disciplinaria, es decir se desestimó la acusación.

Únicamente en 10 de los casos examinados se aplicó una sanción por faltas al deber de probidad. Dichos asuntos se referían, especificamente, a relaciones interpersonales entre funcionarios que rozaban las funciones del cargo (5) y alteración de algún trámite para favorecer a una de las partes (5).

En ocho de los 10 asuntos vistos por los magistrados se sancionó con suspensión sin goce de salario, pero en los dos restantes, se recurrió a una advertencia en uno y en el otro, una amonestación escrita, es decir no hubo revocatorias de nombramiento.

Asimismo, se hizo ver que durante el período de estudio se dio la revocatoria de nombramiento de dos magistrados, decisión adoptada por la Asamblea Legislativa a petición de la Corte Plena. Sin embargo, esos casos no fueron incluidos en el análisis.

“Se trata de procedimientos disciplinarios que pasan por dos instancias (Corte Suprema y Asamblea Legislativa)” resalta el informe.

Estos fueron los casos de los magistrados Óscar González Camacho, de la Sala Primera, y de Celso Gamboa Sánchez, de la Sala Tercera.

La revocatoria de González se produjo el 29 de julio del 2014, luego de que fue señalado como supuesto responsable de abuso sexual contra una subalterna. Óscar González había sido electo magistrado en diciembre del 2002. En un juicio penal fue absuelto de los cargos según sentencia de diciembre del 2017, que fue ratificada por un tribunal de apelación de sentencia en abril del 2019.

En tanto Celso Gamboa, quien fue nombrado magistrado el 10 de febrero del 2016, fue cesado del cargo el 10 de abril del 2018, cuando 39 diputados de la Asamblea Legislativa, en una votación pública y nominal, determinaron que supuestamente el alto juez penal se habría interesado indebidamente en asuntos judiciales de su amigo, el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

El Poder Judicial cuenta con tres órganos de control interno que son el Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ), la Corte Plena y la Auditoría. Foto: Rafael Pacheco.
El Poder Judicial cuenta con tres órganos de control interno que son el Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ), la Corte Plena y la Auditoría. Foto: Rafael Pacheco.
Auditoría sin fuerza

En el documento hecho público este lunes también se hace una breve referencia a la actuación de la Auditoría Interna del Poder Judicial, en asuntos de corrupción.

Para los investigadores se trata del principal órgano de control interno, que fue creado el 10 de noviembre de 1977 y que tiene la facultad de hacer recomendaciones a las diversas instancias del Poder Judicial, con el objetivo de mejorar los procesos de gestión ante posibles riesgos de corrupción.

Sin embargo, señalaron que la cantidad de recomendaciones emitidas anualmente pasó de 110 en 2015, a 74 en 2018. Esta importante caída se atribuyó a una creciente complejidad de los casos atendidos, así como a dificultades operativas, ya que “cerca de 900 oficinas son atendidas por únicamente sesenta auditores judiciales”.

Asimismo, este órgano elaboró seis relaciones de hechos sobre asuntos penales, dos informes en el 2018 y cuatro en 2016. Los investigadores del Estado de la Justicia no pudieron conocer el resultado de esos informes porque en la Auditoría se argumentó de que se trataba de información confidencial.