EscucharMagistrados y jerarcas del Poder Judicial expresaron su preocupación en Corte Plena este lunes debido al recorte de ¢7.838 millones que, según la Dirección de Planificación, ejecutó el Gobierno para el ejercicio presupuestario 2023 sin realizar consulta alguna a la entidad.
Nacira Valverde, la directora de Planificación, manifestó ante los magistrados que “el rebajo del presupuesto es completamente inconsulto al Poder Judicial (…) tres días antes de la presentación a la Asamblea Legislativa, el presupuesto del Poder Judicial fue rebajado, no se le informó a nadie más que por medio de la prensa, posteriormente nos damos cuenta”.
Valverde aseguró que esta es una situación inaudita en el país, pues usualmente el Poder Ejecutivo consulta al Judicial antes de rebajar el presupuesto, para que este exponga en cuáles partidas se pueden hacer recortes sin afectar el funcionamiento de la entidad.
“Esta es la primera vez, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, que se ha hecho un rebajo de esta naturaleza, generalmente cuando se han dado rebajos se han hecho coordinaciones, revisiones con el Ministerio de Hacienda”, indicó.
La directora expuso que este recorte afecta 60 subpartidas, incluyendo reumuneraciones, servicios, seguros, alquileres, materiales, cómputo, suministros, transferencias corrientes y cuentas especiales.
Además de enviar oficios al Ministerio de Hacienda sobre esta situación, el Poder Judicial también alertó a la Asamblea Legislativa y a Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la cual es encargada de dictaminar el proyecto de presupuesto del 2023.
Inicialmente, este poder de la República había planteado un presupuesto de ¢492.219 millones, dentro de lo que se incluyen recursos para implementar la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado y para la remodelación del espacio físico en el edificio de Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José.
También comprende el pago del fideicomiso para la construcción de edificio de Tribunales de Justicia de Puntarenas, un proyecto que ya tiene más de un 50% de avance, además de que existe un criterio de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que indica que la ubicación del actual edificio no cumple con los estándares de seguridad requeridos.
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No obstante, Hacienda rebaja el plan a ¢484.371 millones. En un oficio del 26 de agosto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, indicó a la Corte Plena que “a pesar de los esfuerzos de esta Cartera para mejorar la gestión de la deuda, dada la magnitud actual y proyectada de la misma, se requieren medidas extraordinarias para detener el crecimiento exponencial de los intereses”.
“Dicho escenario motivó a tomar la decisión apremiante de aplicar una rebaja a los recursos asignados a las instituciones para hacer frente al pago de intereses estimados para el próximo año y ajustar el Proyecto de Ley del Presupuesto de la República para el 2023 a la Regla Fiscal”, apuntó el jerarca.
OIJ y Fiscalía en apuros
En la sesión de Corte Plena también expusieron sus puntos el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, y el fiscal general, Wagner Molina.
Espinoza aseguró que estos recortes dejarían a la Policía Judicial paralizada a partir de enero del 2023, y a la institución en cierre técnico en abril próximo.
El jerarca apuntó que la entidad más bien requiere un incremento presupuestario para combatir una criminalidad en aumento, preocupación compartida con el Gobierno, pero “de buenas a primeras, al OIJ, que es la única policía técnica-jurídica del país, y la que impulsa todos los asuntos que tienen referente penal, nos rebajan aproximadamente ¢3.000 millones”.
Espinoza dijo ante la Corte que el OIJ propuso un plan de gastos por ¢104.750 millones, de los cuales el 84% son remuneraciones, partida que no se puede alterar. De esta manera, le quedan ¢18.418 millones para comprar municiones, armas, viáticos, equipo de trabajo, uniformes, etc. Además, indicó el director, el OIJ administra celdas judiciales, medicina legal y laboratorios que dan soporte al sistema penal.
Uno de los recortes más severos se dio en los gastos confidenciales, pues según Espinoza, fueron eliminados el 100% de los recursos destinados para dicha partida, la cual comprende compras controladas de droga, pago de informantes, alquiler de viviendas cuando se hace una vigilancia, investigaciones de proxenetismo, drogas y pornografía infantil, entre otros gastos imprevistos.
Espinoza aseguró que en el 2022 se han trabajado aproximadamente 900 casos de tráfico de droga con esta partida, los cuales podrían quedar desfinanciados a partir del otro año. La policía también se quedaría sin chalecos antibalas nuevos, equipo de allanamiento ni alimentación para presos, y sufriría afectaciones en los sistemas de análisis balístico e identificación de huellas digitales.
Por su parte, el fiscal general Molina agregó que el Ministerio Público propuso un presupuesto de “cero crecimiento” de ¢55.028 millones.
Según Molina, el monto aprobado por Hacienda comprometería el pago de tiempo extraordinario, peritajes, alquileres y equipos de cómputo, además del traslado de la Fiscalía de Hatillo, la cual ahora no cumple con la infraestructura requerida para operar correctamente.
‘En más de 25 años nunca se dio un recorte inconsulto’
Alfredo Jones, quien se jubiló en el 2014 como director ejecutivo del Poder Judicial, aseguró que en los más de 25 años que le tocó trabajar temas presupuestarios, “nunca se dio un recorte inconsulto como en esta oportunidad”.
“Siempre, en las oportunidades que se dio, era el Ministerio de Hacienda solicitándole al Poder Judicial ‘rebaje tanto’, y el Poder Judicial respondía si podía o no podía y en cuánto”.
Jones aseguró que el Poder Judicial se ajustó a lo solicitado por el Ministerio de Hacienda en cuanto al límite máximo de crecimiento, la no creación de plazas y el cumplimiento de la regla fiscal en cuanto al gasto corriente y de capital.
“Si bien es cierto en este año se da la particularidad del cambio de Gobierno, la Dirección de Presupuesto Nacional es el órgano técnico que formula los lineamientos para la confección del proyecto de presupuesto y su director se mantuvo en el cargo”.
“De allí la inquietud de que no es comprensible que el Poder Judicial ajustándose a los lineamientos que letrasladaron en su oportunidad para elaborar su proyecto de presupuesto, le sea recortado el proyecto de presupuesto y más aún de manera inconsulta, autoritaria y desordenada”, indicó.
