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"Lo que mi interesa es tener a mi hijo y enterrarlo. Esto nadie se lo merece, por más malo que haya sido, por más bueno, lindo o feo, no merecemos que nos hagan esto, somos seres humanos". Esas son las palabras de Randall Morales, quien no ha podido retirar el cuerpo de su hijo debido a la huelga que hay en el Poder Judicial.
Desde el sábado pasado, el cuerpo de su hijo mayor, Randall Morales, de 27 años, está en la Morgue Judicial junto a otros 34 cadáveres que no han podido ser retirados por las familias dolientes debido al paro de labores.
El joven falleció luego de caer a un río en Calle Blancos durante una persecución policial por una asalto en el que habría participado.
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"Esto es devastador, al final de cuentas es mi hijo. Desde que me di cuenta que está fallecido el anhelo es sacarlo, velarlo, darle sepultura y cerrar un capítulo. Esta huelga no le permite a uno realizarse en medio del dolor", agregó Morales.
Vecinos bloquearon la ruta 32
Por segunda vez en menos de tres días, un grupo de vecinos de Búfalo de Limón bloquearon el paso por la ruta 32 para exigir a los funcionarios judiciales que entreguen el cuerpo de Alberto Guido Arias, quien murió el pasado martes cuando le cayó un montacargas encima.
Familiares y vecinos de Arias cerraron el paso por la carretera entre las 7 a. m. y 10:30 a. m. de este lunes, lo cual generó un gran congestionamiento vehicular.
"Lo que queremos es que ya nos entreguen el cuerpo de nuestro parientepara darle sepultura como todo ser humano se merece", manifestó Jeison Arias, hermano de Alberto.
La retención de cuerpos se da pese a que la Sala Constitucional ordenó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tomar las medidas necesarias para que se realicen las autopsias y se entreguen los cuerpos.
El director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza, ha girado la orden de seguir con las labores; sin embargo, los funcionarios no han acatado.
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El motivo de la huelga es que una comisión de la Asamblea Legislativa rechazó un proyecto de ley propuesto por los empleados judiciales para reformar el Fondo de Pensiones del Poder Judicial.
Dicho régimen debe ajustarse porque los ingresos ya no son suficientes para pagar los gastos y ese déficit será aún mayor conforme pasen los años. Entre los cambios se propone aumentar la edad de pensión y poner un límite a los montos que se pagan por jubilación.
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