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Algunos papás tienen años de no ver a sus hijos y desean estar cerca de ellos, incluso, pagan una pensión alimentaria.
Otros padres dicen que el monto exigido por sus exparejas supera sus ingresos.
Un grupo alega que son víctimas de falsas denuncias de agresión interpuestas en su contra.
Con esos y otros reclamos, varios papás se reunieron el lunes frente a la Corte Suprema de Justicia para pedir un trato igualitario en los juzgados de Pensiones y de Violencia Doméstica.
Ellos argumentan que en esas instancias judiciales se inclinan a beneficiar a las mujeres.
“Por ejemplo, una de las situaciones es que no recibimos asesoría legal gratuita, como sí tienen las mujeres”, expresó Miguel Herrera, director de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho), que convocó la manifestación.
Los hombres exigieron que se registren estadísticamente las denuncias falsas de violencia y que se valore adecuadamente la prueba de cada caso.
Además, rechazaron las “pensiones impagables” y solicitaron condiciones adecuadas para quienes están en prisión por apremio corporal (detención por incumplimiento de pago).
Los manifestantes también comentaron que se deben respetar los regímenes de visitas a los hijos.
El grupo solicitó atención respetuosa, cuando son los hombres quienes denuncian violencia doméstica de sus parejas. También piden la creación de políticas y programas de ayuda para los varones agredidos.
Durante el 2012 fueron recibidas 11.700 denuncias por violencia doméstica, en las que la víctima fue un hombre. En el mismo período, las mujeres víctimas registradas fueron 36.200.
Además, durante el 2012 se dictaron 18.100 sentencias por pensiones alimentarias.
Las cifras fueron proporcionadas por la Sección de Estadística del Poder Judicial.
Fundiapho da asesoría legal a los hombres en esas áreas.
Historia. “Yo tuve un accidente de tránsito y estuve cuatro meses internado, cuando salí, debía ¢1 millón. Traté de negociar, pero mi expareja, lejos de arreglar conmigo, pagó a unos cazarrecompensas que me agredieron y me dejaron en una delegación”, cuenta Minor Cerdas, un chofer, quien dice tener cinco años sin ver a sus dos hijos. Él paga una pensión de ¢150.000.
Para Herrera, de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre, en casos como esos no debería darse el apremio corporal.
“Nadie gana con que un padre esté en la cárcel porque la familia se queda sin el ingreso”, agregó.
Luis Alvarado, quien vive en Cartago y es funcionario del Ministerio de Seguridad, narró que debe hablar con su hijo a escondidas, porque, pese al acuerdo que existe en la vía judicial, su excompañera no le permite acercarse.
Xinia Fernández, de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, comentó que todos los procesos judiciales se resuelven de acuerdo con lo que dicta la ley y las convenciones internacionales.
“Los jueces tienen que responder a las características y necesidades concretas”, dijo.
Fernández destacó que los padres disconformes pueden apelar las resoluciones y también plantear sus quejas .
