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Un total de 21 delitos están incluidos en la acusación que el Ministerio Público notificó este jueves al alcalde de Nicoya, Marco Antonio Jiménez Muñoz.
Entre los cargos están un supuesto abuso sexual y seis prevaricatos. En esta última conducta incurre un funcionario cuando emite una resolución contraria a la ley o sobre la base de hechos falsos.
A Jiménez también se le acusa por peculado, concusión y falsedad ideológica.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Guanacaste imputa en esta misma causa a otros tres funcionarios públicos y a una abogada particular.
A Jiménez se le atribuyen, entre otros, tres abusos sexuales cometidos aparentemente contra una funcionaria municipal, y dos delitos de abuso de autoridad por clausurar ilegalmente una construcción del Ministerio de Justicia en Nicoya.
La acusación por los delitos de prevaricato se relacionan con el nombramiento de una persona en una plaza vacante.
Tras conocer la pieza acusatoria, la Procuraduría General de la República y otros ofendidos cuentan con tres días para decidir si presentan una acción civil resarcitoria, una acusación particular o para cobrar por los daños sufridos.
Ileana Mora, fiscala general subrogante, informó de que, con base en el Código Procesal Penal, se comunicó lo resuelto a la Procuraduría, ya que es la entidad representante de las víctimas cuando se trata de delitos funcionales del municipio.
Explicó que el Estado, además de actuar como querellante, puede cobrar cualquier daño económico o perjuicio que haya sufrido la administración con motivo de los delitos que cometa el funcionario público.
Si la Procuraduría u otro representante de las partes ofendidas decide interponer la querella y la acción civil resarcitoria, debe decidirlo tres días hábiles después de la notificación, luego tiene otros diez días hábiles para interponer la acción.
A raíz de esta pesquisa, el alcalde liberacionista cumple desde hace un año medidas cautelares.
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La información en contra de Jiménez trasciende seis días después de que la Fiscalía presentara la acusación y la solicitud de elevación a juicio de la causa contra el alcalde de Paraíso, Marvin Solano Zúñiga, y otros cuatro empleados municipales, por los delitos de negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.
Los cuestionamientos tiene relación con supuestas irregularidades con los permisos para la construcción de un motel, negocio que comenzó a operar este martes.
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Caso guanacasteco
En el caso de Nicoya, la Fiscalía también acusó a un hombre de apellidos Montero Quirós, quien al momento de los hechos era funcionario del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
A él se le atribuye un delito de concusión y uno de peculado de uso, es decir por aparentes cobros en beneficio propio, así como el hurto de bienes públicos cuya administración le fue confiada.
Otro de los acusados es un trabajador del Departamento de Bienes Inmuebles y Valoración de la Municipalidad, de apellidos Guillén Brenes, por falsedad ideológica agravada.
El Código Penal de Costa Rica establece que la falsedad ideológica consiste en insertar o hacer insertar en un documento público declaraciones falsas. La pena por ese delito es de uno a seis años de prisión.
La abogada incluida en la acusación de la Fiscalía trabaja de forma particular. Es de apellidos Mora Benavides y debe responder por cuatro delitos de pago irregular de contratos administrativos.
Otra mujer involucrada en este caso es de apellidos Briceño Cárdenas, quien realizaba labores de peritaje y evaluación en el Ayuntamiento. A ella se atribuye el delito de falsedad ideológica agravada.
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El 13 de junio del año pasado la Fiscalía realizó varios allanamientos en la Municipalidad que le permitieron reunir evidencia relevante y detener a Jiménez, contra quien solicitó las medidas cautelares de suspensión del cargo, no ingresar al edificio municipal y no acercarse ni perturbar a testigos del proceso; ayer, esas medidas fueron prorrogadas por dos meses más, a petición del Ministerio Público.
En Abangares también habían allanado
En otro caso ocurrido en esa misma provincia, en marzo del 2015, la Fiscalía intervino la Municipalidad de Abangares y detuvieron al entonces alcalde, Jorge Calvo.
A Calvo se le abrió una investigación por los delitos de peculado, prevaricato, nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. Algunas de las denuncias fueron interpuestas por el auditor del municipio. La Fiscalía de Cañas se hizo cargo del asunto sin que haya trascendido aún el desenlace.
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