Realizar investigaciones relacionadas con el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el contrabando es parte del trabajo que buscan desarrollar los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en la delegación Corredores, en Puntarenas.

Sin embargo, la situación se complica al contar con tan solo 32 agentes para atender las necesidades investigativas de tres cantones: Corredores, Golfito y Coto Brus.

Esas tres comunidades tienen, en total, un área de 3.308,47 kilómetros cuadrados (km²), por lo que en promedio cada agente debe encargarse de 103,39 km² de terrenos con escasas vías de comunicación, lo que dificulta una rápida respuesta.

Añada a estos elementos, que esos 32 agentes deben dividirse para cubrir las necesidades investigativas los siete días de la semana, durante las 24 horas, velando también porque todos tengan días de descanso y vacaciones.

Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, expuso ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico la necesidad de contar con más funcionarios en algunas oficinas regionales, entre estas la de Corredores.

En esa zona, que reúne a 150.000 habitantes, hay varios delitos que no son denunciados por la población y eso obliga a ejecutar un trabajo más minucioso que en ocasiones demanda más tiempo del que se quisiera.

“La Policía no puede cerrar ningún día y con la cantidad de personas que tenemos debemos atender todo lo que sucede ahí, es realmente difícil, sobre todo cuando se trata de lo que la gente no denuncia, ya sea porque no les afecta, o porque les da miedo”, explicó el jerarca judicial.

Agregó que hay ocasiones en las que, por ejemplo, levantar un cuerpo les puede demandar más de cinco horas, dependiendo de la distancia a la que ocurra el suceso y las condiciones del camino para llegar ahí.

Espinoza es consciente de las dificultades económicas que atraviesa Costa Rica, pero considera que el Estado debe hacer algo para aumentar la cantidad de plazas disponibles y mejorar los procesos investigativos. No obstante, si deben trabajar con los mismos recursos, afirma que lo harán lo mejor posible.

“Puede que podamos obtener una norma, ley, convenio o presupuesto extraordinario que nos ayude (...), pero de no ser así, seguiremos trabajando y haciendo de tripas chorizo”, aseveró.

Ante esa posición, Gustavo Viales Villegas, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, aseguró que la situación les preocupa.

“En una zona tan vulnerable, como el sur del país, se tiene muy poco personal para atender narcotráfico en los cantones fronterizos y costeros, por lo que estamos dando una lucha desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para que se aplique la ley de impuesto a personas jurídicas como corresponde.

“Actualmente Hacienda no transfiere la totalidad de este recurso, que parte de este va para el OIJ. De manera que lejos de impulsar una nueva ley, queremos que se apliquen las herramientas vigentes en temas tan sensibles”, manifestó Viales.

El legislador liberacionista agregó que él presentó un proyecto para fortalecer la Policía de Fronteras, de la que derive una estrategia para el resguardo de estos territorios, donde considera que pasan drogas, armas y migrantes.

Precisamente, Espinoza mencionó que la ubicación de Costa Rica la hace estar cerca de naciones en las que se produce cocaína y de otras en las que hay mucha violencia.

Coordinación local con escasos recursos

Ante la carencia de agentes judiciales, el margen de acción para los alcaldes de Corredores, Golfito y Coto Brus es casi nulo, pero ellos saben que medidas concretas en cada uno de sus cantones puede hacer la diferencia.

En Golfito, por ejemplo, Elberth Barrantes Arrieta informó de que la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana trabaja en asocio con las autoridades policiales para desarrollar acciones que permitan atacar las principales problemáticas.

“Estos territorios son muy extensos e incluso, en algunas zonas, de difícil acceso, por lo que la coordinación con las autoridades es importante”, expresó Barrantes.

En tanto, Rafael Ángel Navarro Umaña, alcalde de Coto Brus, reforzó el pedido de Wálter Espinoza, al manifestar que si el Poder Judicial tuviese más personal y equipo, los operativos que se realizan en la zona serían más efectivos.

Umaña alega que en su comunidad el contrabando es el principal problema que traen los delincuentes.

Mas escueto, y conciente de la falta de personal, el alcalde de Corredores, Carlos Hugo Viales Fallas, alegó que desde la Comisión Municipal de Seguridad se coordinan acciones con los cuerpos policiales, para devolverle a la comunidad parte de la paz que recuerda en tiempos pasados.

Fuera del ámbito político, los representantes de la Cámara de Comercio de la zona sur y de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) consideran que el tema de seguridad se ha colado como una de las prioridades existentes en aquella región, que depende del turismo y el comercio.

Así lo afirma Shirley Calvo Jiménez, directora ejecutiva de Canatur, tras recordar hechos violentos acaecidos en el país en el segundo semestre del 2018, entre ellos los homicidios de turistas extranjeras en Tortuguero y Cóbano.

“En el caso de la zona sur existen organizaciones comunales que tienen una comunicación directa con las autoridades locales para atender el tema de seguridad y, a nivel nacional, tenemos una comisión de seguridad turística para atender alertas que ingresen (...).

“Ciertamente, por muchos años vivimos seguros, pero el año pasado nos dimos cuenta que siempre hay oportunidades de mejora”, explicó Calvo.

Jorge Badilla Méndez, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de los Cantones del Sur, denunció que en la zona persisten grupos delincuenciales que reinciden y atacan los negocios de madrugada.

En su criterio, esto podría ser podría ser consecuencia de que algunos detenidos sean puestos en libertad poco después de cometer un hecho delictivo.