El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía detuvieron este miércoles a 10 personas que estarían relacionadas con malos manejos financieros de Coopeservidores y que derivaron en el cierre de la cooperativa en julio pasado. En el expediente 24-000017-0621-PE se investigan los delitos de administración fraudulenta y estafa mayor.
La Fiscalía informó que las acciones se ejecutaron en Alajuela, Heredia y San José. Algunas de ellas en las residencias de los imputados: Óscar Hidalgo Chaves, exgerente general de la entidad; Santos Lozano Galindo, exdirector de Operaciones y Finanzas, así como otras personas de apellidos Chinchilla Villalta, jefe de Servicios Generales y Seguridad; Mora Sánchez, gerente del Área Legal; Torres González, jefe de Cobros, y Bejarano Barquero, jefe de Operaciones.
También se detuvo a Mora Arias, representante de la empresa Servicios de Cobro, Logística y Administración (SCLA S.R.L.), y tres personas de la Cooperativa de Servicios Múltiples Fénix de Costa Rica (Coopefénix): Quesada Muñoz, primer gerente general; Corredera Ramos, segunda gerente general, y Mora Arias, empleado.
Durante la mañana hubo un allanamiento en la empresa RGM Servicio de Limpieza, pero ahí no se concretaron detenciones. Rándall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que los 10 imputados quedaron a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.
10 vehículos por $670.000
Rándall Zúñiga explicó que las acciones de este 4 de setiembre responden a la denuncia presentada hace varios meses por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), en la que se señalaban supuestos malos manejos financieros en la cooperativa. “Lo que se ha podido determinar, según el avance de la investigación, es en apariencia un conflicto de interés y un uso irregular de recursos”, indicó Zúñiga.
El jefe policial explicó que las indagaciones permitieron constatar que Coopeservidores vendió a Coopefénix parte de su cartera de créditos por un monto millonario “significativo” que no especificó. Zúñiga dijo que dicho valor era “muy superior a lo que pudieron ofertar otras cooperativas”, lo que evidenció un claro conflicto de intereses.
De acuerdo con la misma línea de investigación, las autoridades descubrieron que parte de los familiares que forman la gerencia de Coopeservidores tienen vínculos con Coopefénix. Estas relaciones permitieron que la alta gerencia de Coopeservidores obtuviera 10 vehículos de alta gama, valorados en $67.000 cada uno, para un total de $670.000, así como artículos informáticos, entre otros.
“Coopefénix tiene como particularidad dentro de su razón social que se dedica a la venta de artículos de ferretería, entre otros. No tiene una experticia tan grande en lo que es la recuperación de créditos”, aseguró el jefe del OIJ. Además, afirmó que se tienen registros de operaciones donde supuestamente se recuperaron créditos o se realizaron transacciones para recuperarlos. Sin embargo, al revisar más a fondo, los investigadores descubrieron que esas recuperaciones de dinero no ocurrieron realmente, por lo que no se deberían haber pagado comisiones, ya que, en teoría, no hubo tal recuperación de dinero.
Los 23 allanamientos simultáneos de este miércoles coincidieron con una marcha de protesta organizada por los afectados de Coopeservidores, quienes reclaman por una solución pronta que les permita recuperar el dinero perdido.
La manifestación comenzó a las 10:15 a. m. en el Parque de la Merced y tomó rumbo a la Asamblea Legislativa, para culminar en las oficinas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en barrio Tournón.
La Nación conversó con algunos de los manifestantes, quienes reflejaron su inquietud ante la falta de soluciones.
Elieth Murillo, de 77 años, expresó su preocupación por tener los ahorros de toda su vida congelados, sin acceso a su dinero desde el 13 de mayo. Con ¢140 millones guardados en Coopeservidores, solicitó una resolución rápida para ella y los miles de afectados.
Por su parte, Flor de María Xirinachs Gámez, de 88 años, quien hizo aportes al fondo mutual de Coopeservidores durante 46 años, participó en la última asamblea ordinaria de la entidad en abril, antes de la crisis. Xirinachs criticó al exgerente Hidalgo y afirmó que él prometió enfrentar la situación, pero cuestionó su falta de acción desde entonces.
El caso
El pasado 13 de mayo, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó la intervención de la entidad debido a un manejo irregular y riesgoso por parte de su alta administración.
A partir del 3 de julio, Coopeservidores inició el cierre de sus sucursales. Como resultado de la intervención, se suspendió a los miembros del Consejo de Administración y se despidió sin responsabilidad patronal a Óscar Hidalgo Chaves, quien laboraba como gerente general de la entidad desde 2006.
El 28 de mayo, el Ministerio Público allanó la institución tras una denuncia presentada por la Sugef. Posteriormente, se entregó el Informe de Interventoría de Coopeservidores, lo que llevó al Conassif a declarar la cooperativa como una entidad inviable. Esto dio inicio a un proceso de resolución que resultó en el cierre definitivo de la cooperativa.
El 21 de junio, Laura Suárez, presidenta del Conassif, anunció en una conferencia de prensa que Coopeservidores, con 131.000 clientes, no cumplía con los objetivos de solvencia y no se esperaba que pudiera cumplirlos en el futuro próximo por el deterioro continuo de su cartera crediticia.
Se determinó que la entidad necesitaba una inyección de capital muy significativa para continuar sus operaciones, pero el informe concluyó que esta capitalización no era factible.
El proceso de resolución busca minimizar el impacto negativo sobre la estabilidad del sistema financiero, proteger a los depositantes y evitar el uso de fondos públicos para rescatar la institución. Según la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósito, Conassif tiene la potestad de ordenar la resolución de un intermediario financiero intervenido tras analizar un informe razonado y la propuesta del interventor.
En este caso, se nombró a Marco Hernández Ávila como interventor y a Sirleny Chacón Vargas como Administradora de Resolución.
La estrategia de resolución recomendada por Hernández consistió en dividir la cooperativa en dos partes: un “banco bueno”, que incluye activos y pasivos de calidad que se transferirán a una entidad financiera solvente, y un “banco malo”, que gestionará los activos de mala calidad a través de un fideicomiso con el objetivo de venderlos en un plazo máximo de un año.
El “banco bueno” abarca el 80% de los activos y pasivos de la cooperativa, mientras que el “banco malo” se encarga del 20% restante.
Al cierre de 2023, el patrimonio de Coopeservidores, que originalmente ascendía a ¢104.000 millones, se utilizó en gran medida para cubrir los créditos incobrables, quedando solo ¢41.800 millones, que se emplearán para respaldar los préstamos del “banco bueno”.
En ese momento, se comunicó que se esperaba que la mayoría de los depositantes, 162.000 personas, recuperaran sus ahorros de hasta ¢6 millones gracias al fondo de garantía de depósitos, aunque aquellos con montos superiores debían esperar a la liquidación de los activos malos.
Este proceso de resolución ocasionó que, a mayo, Coopeservidores registrara una pérdida de ¢30.586 millones. Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, destacó que esta es la primera vez que se aplica la legislación sobre resolución de entidades financieras en Costa Rica, lo que permite garantizar la cobertura para el 97% de los depositantes.
En junio, Marco Hernández confirmó que la Sugef amplió la denuncia ante el Ministerio Público contra la alta gerencia de Coopeservidores y los miembros del Consejo de Administración.
El 31 de julio, se informó que el Banco Popular (BP) absorbería ¢411.000 millones en activos de Coopeservidores, lo que representa el 64,4% de todos los activos de la cooperativa y el 80,5% del llamado “banco bueno”, donde se encuentran los créditos de mayor calidad.
Gracias a esta absorción, se garantizó que todos los ahorrantes con depósitos de hasta ¢6 millones recuperen su dinero. Casi un mes después, el BP informó que un grupo de 16.690 deudores de Coopeservidores experimentó un aumento en la cuota mensual de sus créditos respecto a lo que pagaban en la cooperativa, tras el proceso de absorción de la cartera crediticia.
Colaboró el corresponsal Reiner Montero.
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