Hugo Solano C.. 10 julio
22/12/2017, San José, Calle Blancos, Centro Comercial El Pueblo, el OIJ hace el levantamiento de un cuerpo que en la madrugada de este viernes fue asesinado en el parqueo del centro comercial. Fotografía José Cordero
22/12/2017, San José, Calle Blancos, Centro Comercial El Pueblo, el OIJ hace el levantamiento de un cuerpo que en la madrugada de este viernes fue asesinado en el parqueo del centro comercial. Fotografía José Cordero

Levantamiento de cuerpos que a veces duran horas porque hay que alertar y pasar por el juez y el fiscal o allanamientos urgentes que se atrasan mientras se espera la venia del juzgador.

Estas son situaciones que el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, quiere combatir, como lo expuso ante la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico.

Para hacerlo, trabajan en una propuesta de proyecto de ley dentro de una lista de reformas ambiciosas que implican mayor independencia en la toma de decisiones y hasta posibilidades de manejar su presupuesto.

El funcionario dijo que necesitan mayores posibilidades de investigación autónoma e iniciativa propia, siempre en coordinación con el Ministerio Público.

Por ejemplo, para el levantamiento de cuerpos la entidad remitiría el informe al juez y al fiscal en un plazo máximo de 24 horas.

“Con eso nos ahorramos desplazamiento y trabajamos más rápido. El país tiene que modernizarse. Nosotros no podemos pensar como hace 45 años. No podemos cerrar una carretera por horas para levantar un cuerpo”, dijo.

El 23 de febrero, por ejemplo, pasaron cinco horas antes de que se levantara el cuerpo de un fallecido en un accidente de tránsito en la carretera de Circunvalación. También ocurrió el 15 de marzo, con otro cuerpo en la autopista General Cañas.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, dijo conocer de un proyecto de ley presentado para que sea la Policía Judicial, por delegación del Ministerio Público, la que ejecute los levantamientos de cuerpos. No obstante, sobre el tema de allanamientos sin juez y fiscal, según él, no han conversado.

Apoyo a medias

Las pretensiones de la Policía Judicial encuentran mediano apoyo en otros sectores judiciales. La posibilidad de levantar cuerpos sin juez ni fiscal pareciera no encontrar mayores objeciones, pero en el caso de los allanamientos sí surgen dudas.

Para Rónald Segura, miembro del comité ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF), lo que pide el OIJ es "perfectamente viable" y el sistema vigente debe dirigirse a realizar los ajustes necesarios al Código Procesal Penal,pues han pasado 20 años desde la última gran reforma.

“Deberíamos ir hacia un sistema acusatorio más puro y muchas de las funciones en las que el Ministerio Público va a dar dirección funcional, perfectamente las puede realizar la Policía”, afirmó.

El OIJ allanó 40 puntos este martes en Heredia, Alajuela y Jacó. Foto: Graciela Solís
El OIJ allanó 40 puntos este martes en Heredia, Alajuela y Jacó. Foto: Graciela Solís

“Imagínese lo que es cerrar seis horas una calle, mientras se busca al juez y fiscal. Eso lesiona la economía del país, debido a las presas que se forman, porque tenemos un gran rezago de infraestructura. Eso paraliza el país, la gente no puede pasar a trabajar y las exportaciones también son afectadas”, explicó.

Los fiscales, dijo, deberían estar más en la parte jurídica y no tanto en la investigación.

Actualmente la Fiscalía le dice al OIJ en cuáles casos es conveniente hacer un allanamiento o levantamiento de secreto bancario, por ejemplo, pero Segura cree que el OIJ es un ente maduro, con gran capacidad y con laboratorios certificados, por lo que debería tener autonomía para hacer ese tipo de solicitudes en aras de acelerar los procesos.

El control de legalidad lo puede ejercer el juez a posteriori, basado en los documentos.

Considera que la figura del juez en el allanamiento se debe a viejos resabios de desconfianza hacia la Policía, desde la época de las dictaduras. “Ya las épocas cambiaron, nosotros tenemos que adaptarnos a las técnicas de investigación modernas sin que eso vaya a afectar las garantías del imputado en el proceso”.

Por su parte, Jorge Tabash, de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), no está de acuerdo con que la Policía Judicial se ocupe de allanamientos, a menos que sean en oficinas o en vías públicas y que no requieran el decomiso de expedientes médicos y otros que son muy personales.

Sin embargo, cuando hay un allanamiento en una casa, advierte, necesariamente tiene que estar el juez, porque es la garantía de que todos los actos de averiguación de un hecho delictivo se harán respetando los principios constitucionales.

“Para los seres humanos el domicilio es muy importante y para transgredirlo yo sí pienso que tiene que existir una orden del juez y que esté presencialmente, lo mismo que el fiscal”, sostuvo.

Expresó que para cambiar eso, primero hay que cambiar la Constitución Política.

El director del OIJ, no obstante, insiste en que hay que soltar amarras a la institución.

Espinoza reclama también que atrasa mucho buscar la “bendición judicial” para obtener documentos en sitios públicos o en las operadoras.

Su idea es que se pueda realizar y notificar a los jueces posteriormente, como se propone en el texto de proyecto de ley en el que trabajan.

El director del OIJ afirmó que el edificio construido en la década de los años 70 no se ajusta a los requerimientos actuales de la Policía. Foto: Archivo GN
El director del OIJ afirmó que el edificio construido en la década de los años 70 no se ajusta a los requerimientos actuales de la Policía. Foto: Archivo GN
OIJ urge de edificio, carros y armas

Además de las necesidades jurídicas, la Policía Judicial reclamó ante la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico otras de carácter material, como por ejemplo contar con más agentes de investigación, estructura física, vehículos, armas de fuego y equipo.

El OIJ alega que estos recursos hacen falta para combatir las bandas cada vez más organizadas, así como el aumento del tráfico de drogas, la mayor presencia de armas de fuego en la calle, el incremento de la delincuencia juvenil y otros factores que generan violencia y asesinatos.

A manera de ejemplo, el director del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza, afirmó que la Unidad de Crimen Organizado, de reciente creación, tiene 40 funcionarios que trabajan en condiciones de hacinamiento.

"Más allá de que el edificio del OIJ se vea muy bonito por fuera, ahí trabajamos cerca de 800 personas. Se contruyó en la década de los 70, es un edificio enfermo, que no tiene baños y no tiene luz ni ventilación natural", dijo.

Añadió que hacen esfuerzos por tener un nuevo edificio y han guardado parte de los presupuestos de los últimos años para solventar esa situación.

Estimó que más allá de una mejora para la Policía Judicial, esas acciones redundarían en una mejora para la seguridad del país.

La gente se podría sentir más tranquila y eso es, a juicio de Espinoza, invaluable. “Es un sentimiento que le permite sentirse tranquilo. Si perdemos la esperanza, el país se nos va a acabar.

Tampoco considera descabellado que esa entidad trabaje a futuro de forma independiente, pero eso es “doloroso y caro”.