Así lo indica el informe número 043-SADEF-CI-2020, entregado por el OIJ a la Fiscalía.

El documento señala que “se trata de la oficina del alcalde Arnoldo Barahona Cortés, dentro del despacho de la Alcaldía. Es una oficina distribuida de la siguiente manera: escritorio principal en la que labora el señor alcalde, una mesa de reuniones dentro de la oficina y un baño. Además, hay una puerta que conecta con el archivo del despacho. Se ubica en el segundo piso del edificio”.

Barahona es uno de los seis alcaldes suspendidos de su cargo por este caso de presunta corrupción, en el cual se investiga la presunta recepción de dádivas a cambio de beneficios en contratos de obra pública en gobiernos locales.

Estos alcaldes fueron detenidos, junto a otras siete personas, luego de 40 allanamientos realizados el 15 de noviembre pasado en las municipalidades de San José, Cartago, Alajuela, Escazú, Osa, Siquirres, Golfito y San Carlos.

Una de las armas encontradas en la Municipalidad de Escazú, tipo revólver, fue descrita de color plateado con empuñadura negra, y cinco municiones sin percutir. Mientras que la otra pistola era el mismo modelo que se le entrega a la Policía Municipal de Escazú: una Smith & Wesson, modelo M&P, negra, con dos cargadores y 34 municiones sin percutir.

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Luego de esta revisión, los agentes fueron a la casa de Barahona, donde encontraron dos sobres de manila con dinero. En uno de los sobres decía “carta restricción”, y adentro había $12.000, y en el otro encontraron $1.500. Tanto este dinero, como los $2.000 hallados en la oficina, fueron depositados por los agentes judiciales en cuentas del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

En esos allanamientos también se decomisaron dispositivos USB, computadoras y tabletas.

Contactado por La Nación, el defensor de Barahona, José Pablo Badilla, dijo que no iba a dar declaraciones sobre el tema.

Allanamiento en casa de Johnny Araya

La casa del alcalde de San José, Johnny Araya, también fue allanada por los investigadores. Sin embargo, una diferencia legal les impidió revisar maletas, una caja fuerte, dos automóviles y varias habitaciones en la vivienda de Araya, quien es uno de los seis alcaldes suspendidos. En el lugar, decomisaron varios dispositivos electrónicos. Al abrir una caja fuerte con dinero, los agentes debieron abstenerse de revisarlo.

“Estos (billetes) no pudieron ser cuantificados, debido a que la jueza no lo permitió, siendo que según la señora Sandra Eugenia León Solano (esposa de Araya), dichos dineros eran de su propiedad y correspondían a pagos realizados por sus clientes del Centro Odontológico Galeno”, indica el informe, del cual La Nación tiene copia.

El documento detalla que, “por diferencias del cuerpo legal, no fue posible realizar la revisión de varias maletas de viaje del imputado que se localizaron en el cuarto de ropa, dinero ubicado en una caja fuerte en el mismo cuarto, cuarto de ropa de la señora Sandra Eugenia León Solano, dos habitaciones correspondientes a los hijos y dos vehículos que se encontraban en el interior de la cochera, correspondientes a uno de los hijos y la señora León Solano”.

Federico Campos, abogado defensor de Araya, explicó a La Nación que los oficiales del OIJ no deciden cuáles objetos se secuestran en un allanamiento, pues eso es labor del fiscal y el juez.

Campos reiteró que las pertenencias en la caja fuerte eran de Sandra León y “nada de eso tenía relación con el proceso”.

“El problema es que los oficiales del OIJ van a los allanamientos y creen no tener límites y llevarse lo que se les antoje, y a esa voracidad policial la ley le pone un límite. Respecto a las maletas de viaje nunca hubo divergencia alguna para su revisión porque era obvio que estaban vacías”, declaró el abogado.

Frente a estas diligencias y a las ocurridas en la Municipalidad de Escazú, el departamento de prensa del Ministerio Público indicó que “la Fiscalía Anticorrupción indicó que, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no es posible dar detalles de la causa de su interés”.