29 trabajadores habrían usado certificación de CCSS con datos falsos para cobrar pensión por invalidez

En apariencia, estas personas recibieron ayuda de otro extrabajador que tenía un contacto en el Banco Popular para agilizar la entrega de dinero del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Gracias a ese intermediario, también habrían obtenido declaraciones con información falsa de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, las cuales decían que contaban con una pensión por invalidez.

Con base en dicha documentación, estas personas solicitaron a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular el retiro del ROP, el cual les fue entregado.

Toda esta cadena de irregularidades fue dada a conocer por el Ministerio Público a propósito de un operativo realizado, la mañana de este lunes, en busca de evidencia sobre este caso y que incluye 18 allanamientos simultáneos en despachos y casas de habitación.

Durante las diligencias, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ordenó detener a ocho personas de apellidos Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo.

Ellos son investigados por los presuntos delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso.

El Ministerio Público detalló que los allanamientos abarcaron sedes de la CCSS y del Banco Popular. También visitaron viviendas en Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Desamparados y Guadalupe, así como en la provincia de Puntarenas.

Además de las capturas, el Ministerio Público buscó prueba física y electrónica para incluirla al expediente de la investigación.

De acuerdo con la FAPTA, todo inició por una denuncia que llegó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y por informaciones que recibió el Banco Popular sobre posibles retiros del ROP, de forma anticipada y con una certificación aparentemente emitida por la CCSS. El caso se mantiene dentro del expediente 20-024657-0042-PE.

Reacciones

Con respecto a la investigación, la Caja emitió este lunes un escuesto comunicado para expresar su colaboración con las diligencias realizadas por las autoridades judiciales.

“De acuerdo con lo que la Institución ha conocido, se trataría de investigaciones contra algunos funcionarios y con relación a hechos de años anteriores y que involucran a otras instituciones y procesos adicionales a la CCSS”, manifestó la entidad.

Por su parte, la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal indicó que desde finales del 2020 denunció ante la Fiscalía de Probidad que personas habrían retirado recursos del ROP con certificaciones de pensión por invalidez presuntamente alteradas.

“Dicha denuncia se sustenta en un informe elaborado por Popular Pensiones y la propia División de Seguridad del Banco Popular, a raíz de que nuestros sistemas de control detectaron las supuestas irregularidades. La Operadora ha prestado y seguirá prestando absoluta colaboración con el Ministerio Público durante las gestiones que se llevan a cabo”, precisó.

En un comunicado de prensa, la Superintendencia de Pensiones (Supen) corroboró que la operadora del Banco Popular le indicó que desde hace tres años notificó al OIJ sobre la situación.

Además, recordó que desde marzo del 2020 y según consta en el oficio DJA-216-2020, de la Dirección Administrativa de Pensiones, en el país “solo se opera con certificaciones digitales centralizadas, mitigando así el riesgo operativo asociado a certificaciones físicas”.

Finalmente, la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) solicitó “con vehemencia” que se esclarezcan los hechos y se sienten las responsabilidades del caso, con el objetivo de seguir protegiendo los recursos del ROP “y resguardar el fin para el cual fue creado, como lo es asegurar una mejor pensión para los costarricenses”.