La presencia cada vez más fuerte del crimen organizado en el país provocó que el Ministerio de Justicia y Paz considere la opción de levantar una nueva cárcel que tenga un “alto nivel” de contención, para encerrar a los reos más peligrosos.

Tras poco más de medio año de estar analizando la posibilidad, las autoridades de esa cartera confirmaron que el costo del proyecto, con máximos controles de seguridad, se estimó en $16 millones (¢9.216 millones, al tipo de cambio actual).

Además, también valoran construir otro centro penal en San Ramón, Alajuela para más de 1.000 reos.

De momento, Justicia están negociaciones, desde mediados del año pasado, con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para solicitar un empréstito para concretar ambas obras.

En cuanto al espacio de mayor contención, Arnoldo Mora, jefe del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PCIAB), dio a conocer que tendría por nombre Centro Especializado de Crimen Organizado y llegaría a reemplazar a la actual Máxima Seguridad, que funciona, desde el 2005, en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Indicó también, que dicha cárcel estaría en el mismo complejo en Alajuela, en un terreno de 8.575 metros cuadrados.

Tendría 320 espacios, entre individuales y colectivos. Eso quiere decir que la capacidad aumentaría en 240 cupos con respecto a la actual Máxima Seguridad, la cual tiene 80 espacios.

Se le consultó sobre cuáles serían las características puntuales de la infraestructura, que garantizarán mayor contención, pero Mora mencionó que aún no han trabajado los diseños.

Por su parte, el jefe de Despacho de Justicia, Jeff Rodríguez, apuntó que estas construcciones vienen a mostrar que la infraestructura “seguirá siendo una prioridad dentro de la labor ordinaria”, sobre todo por las condiciones de hacinamiento crítico (supera el 20% de la capacidad máxima) que hay en la mayoría de centros.

Justicia: Esta prisión es necesaria

"La necesidad de tener un centro especializado tiene que ver con las nuevas modalidades criminales en el país y con la necesidad de atención particular y especializada a ese tipo de criminalidad.

"Nosotros tenemos gente que hasta forma parte de organizaciones internacionales y la atención que se les da debe ser muy distinta a lo que se da al resto del sistema penitenciario.

“Necesitamos un diseño especializado para eso y, si bien la Máxima Seguridad (actual) cumple con muchos de esos parámetros, se nos va quedando corta”, apuntó Mora.

Explicó que, una vez construida, se deben hacer las evaluaciones pertinentes para hacer los traslados de los privados de libertad a esos nuevos espacios y también para conocer qué uso se les dará a las instalaciones actuales.

“Ahorita, suponemos nosotros que tendríamos una máxima seguridad, que sería top, que tendría la mayor contención del sistema. La otra (la actual) tendría un poco menor de contención, pero igual es para casos puntuales. Dejaríamos el resto de cárceles para la criminalidad común”, detalló.

No obstante, advirtió, el proyecto está apenas en una fase muy inicial: la búsqueda de recursos.

"Estamos en una negociación preliminar con el BCIE y hemos tenido conversaciones con ellos para formar un programa de obras que sea atractivo para el banco.

“Una vez eso, nos ofrecerían condiciones de financiamiento atractivas y así comenzaríamos con el procedimiento ordinario de aprobación dentro del banco, después pasaríamos al Banco Central de Costa Rica, al Ministerio de Hacienda y de Planificación, para luego pasar a la parte legislativa. Dura su tiempo”, añadió, al tiempo que dijo que se prevé que para diciembre todo ese proceso esté hecho.

Al respecto, el BCIE indicó que desde hace aproximadamente un año "viene apoyando al Ministerio de Justicia en la construcción de un programa de obras que contribuya a la mejora en la infraestructura existente y, por ende, las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.

“Las negociaciones van por buen rumbo. Se están cumpliendo las etapas requeridas por el Banco para someter a consideración de nuestras autoridades dicho programa obras”.

Por su parte, la idea de levantar un centro de máxima seguridad es bien recibida en el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT), adscrito a al Defensoría de los Habitantes.

Pese a que desconocían del proyecto, sostienen que este podría convertirse en una oportunidad de mejora, a fin de no replicar el modelo actual de mayor contención.

Para Róger Víquez, director del Mecanismo, la Máxima Seguridad que funciona hoy es un sistema de “encierro sumamente represivo con aislamientos prolongados”.

Por lo tanto, ve en esta nuevo proyecto la oportunidad de tener una infraestructura “con mejores áreas para recibir sol, con posibilidad de comunicación entre privados de libertad y con mejores oficinas para los profesionales técnicos y la Policía Penitenciaria”.

Intentos que terminaron en nada

Esta no es la primera vez que una administración intenta construir una cárcel de máxima seguridad.

En el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) se impulsó la creación de un centro de mayor contención en Pococí, Limón. El contrato de adjudicación a la empresa Management & Training Corporation (MTC) se firmó en abril del 2002, justo antes de que finalizara ese mandato.

Iba a tener un costo de $72,8 millones.

Cuando ingresó el nuevo gobierno, el jerarca de Justicia entrante, José Miguel Villalobos, cuestionó los altos costos de la prisión, pero sobre todo criticó aún más el hecho de que fuera esa empresa estadounidense la que administrara el centro penal y no el Estado.

Ahí vinieron los problemas, al punto de que el centro, que mediría 50.000 metros cuadrados y albergaría a 1.200 reos, nunca vio la luz.

Otro nuevo intento ocurrió en agosto del 2010, cuando el ministro de Justicia de ese entonces, Hernando París, confirmó a este medio que quería hacer una cárcel de máxima contención para sentenciados e indiciados por narcotráfico.

La idea era levantarla en una finca de 100 hectáreas, en Buenos Aires de Puntarenas, la cual había sido decomisada a tres hermanos condenados por narcotráfico en 1997.

La iniciativa tenía previsto albergar a 160 privados de libertad y, en su momento, se indicó que sería construida con financiamiento no estatal. Pese a eso, esta vez, la administración sí estaría a cargo del Estado. Empero, el proyecto no se concretó.

Primer centro penal vertical

Otro de las iniciativas para el cual solicitarían el empréstito con el BCIE, sería una nueva cárcel en San Ramón de Alajuela.

Según los planes de Justicia, estaría ubicado en Finca La Paz, la cual es propiedad de esa cartera y mide 117.721 metros cuadrados.

Su cupo sería para cerca de 1.040 reclusos. El perfil de las personas que se recluirán ahí aún no se ha definido, indicó Jeff Rodríguez, encargado de despacho en el Ministerio de Justicia.

Arnoldo Mora, jefe del PCIAB, detalló que, aunque su diseño no se ha ni empezado a hacer, el objetivo sería construirla de forma vertical, convirtiéndola así en la primera cárcel de ese tipo en el país. Tendría un valor aproximado de $30 millones (¢17.280 millones) y se desconoce de cuántos pisos sería.

“Algunas de las edificaciones de esa prisión, como los dormitorios, las haríamos de forma vertical para aprovechar mejor los espacios, porque cada vez el espacio territorial es menos”, dijo Mora.

Mora es consciente de que este tipo de obras “conlleva sus riesgos", puesto que es cambiar completamente el modelo que se ha venido trabajando desde siempre en el sistema penitenciario.

Pero, añadió, vale la pena el intento, porque permitiría ahorrar no solo terreno, sino que, a la larga, podría significar un mejor uso del recurso humano.

“Hemos visto que en estas construcciones se pueden usar elementos de vigilancia que permitiría eventualmente que el personal de vigilancia sea menor, por ejemplo, y que pueda ser usado en otros centros más complejos”.

Sobre esta iniciativa, el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) recalcó que es necesario que las autoridades penitenciarias analicen si a nivel regional se han usado cárceles verticales y conocer si han sido exitosas.

“Tienen que ver si es adecuado para cumplir con la finalidad de la pena o si, por el contrario, ese tipo de edificación ha servido para violentar los derechos humanos”, señaló Róger Víquez, director del MNPT.

Recordó que todo centro penitenciario debe hacerse pensando en el “respeto a la dignidad y no verlo como un depósito de personas”.

Se intentó conversar con Nixon Ureña, alcalde de San Ramón, para conocer su posición frente a la idea de tener una cárcel en ese cantón, pero no fue posible localizarlo.