Hugo Solano C.. 30 mayo
El productor de conciertos y su familia tenían relación de amistad con la empresaria que aportó el dinero para el fallido espectáculo. Foto: Archivo/ Diana Méndez.
El productor de conciertos y su familia tenían relación de amistad con la empresaria que aportó el dinero para el fallido espectáculo. Foto: Archivo/ Diana Méndez.

Una empresaria de bienes raíces denunció penalmente al productor de conciertos Don Stockwell por la fallida realización de un concierto con el grupo australiano AC/DC, que se planeaba realizar en el Estadio Nacional entre marzo y mayo del 2018.

Según la denuncia que interpuso este jueves Wálter Brenes, abogado de la mujer, los hechos ocurrieron a finales del 2017. Fue en aquel momento cuando a su clienta se le hizo creer que si invertía $160.000 para la producción de ese evento, 20 días después de realizado el concierto, se le realizaría la devolución del dinero invertido más el 5,15 % de las ganancias totales que tuvieran producto del concierto.

Lo cierto es que el concierto no se realizó, y de acuerdo con la denuncia, el empresario Stockwell aún le adeuda $100,000, ya que solo le ha devuelto $60.000.

En virtud de la situación, este jueves a las 10 a. m. se interpuso la denuncia en la que el abogado de la afectada pide a la Fiscalía valorar medidas cautelares contra Stockwell, como impedimento de salida del país y el secuestro del pasaporte, entre otras.

Stockwell y la ofendida mantenían una relación de amistad y de negocios antes de que surgiera este conflicto. La confianza entre ellos llevó al contrato que, al incumplirse, habría generado un daño patrimonial a la ofendida, ya que no pudo usar su dinero en otros negocios.

En la denuncia se indica que familiares de Stockwell conocían muy bien la situación económica de la supuesta afectada, ya que anteriormente habían realizado consultas y negocios en bienes raíces,y con esa base instigaron para el presunto negocio.

La afectada afirma que hubo al menos siete engaños, mediante el uso de contratos y correos falsos.

Por su parte, Stockwell afirmó que ya hay un arreglo de pago con la ofendida y dice que se trata de un malentendido, el cual no entiende cómo llegó a este punto.

“Ya estamos coordinando para que se devuelva la totalidad, como hemos venido haciendo por nuestro arreglo contractual”, apuntó Stockwell.

Quebrantos de salud

Sobre la no realización del concierto de la banda rockera, el abogado de Stockwell, Federico Jiménez, indicó que por motivos de salud de los integrantes fue imposible que vinieran a nuestro país.

“Traer a AC/DC a Costa Rica no es fácil. Además de ser una banda muy conocida, sus miembros han tenido quebrantos de salud y en muchas ocasiones en que se estuvo a punto, no pudieron venir por eso”, acotó.

Insiste en que siempre se tuvo la intención de hacerlo, pero hubo situaciones que dieron al traste con el plan.

De acuerdo con la denuncia, el esposo de la ofendida es estadounidense y supuestamente logró averigüar con organizadores de conciertos en su país que Stockwell “nunca obtuvo los derechos de producción del grupo musical AC/DC”. Por eso, el evento en el cual él y su pareja invirtieron $160.000 no se realizó.

Según sus contactos, el imputado nunca tuvo negociaciones con el grupo musical AC/DC ni con sus representantes, es decir, el concierto en Costa Rica nunca se hubiera podido realizar. Esta situación deberá ser dilucidada por la Fiscalía, en caso de que ordene la investigación.

No conoce los términos

El abogado de Stockell afirmó que por lo reciente de la denuncia no conoce los términos, por lo que esperan que su cliente sea debidamente intimado, para que haga su descargo ante la Fiscalía, si es que esa entidad judicial considera que el caso debe prosperar.

“Todo depende de lo que el fiscal analice de acuerdo con las acusaciones que se hacen y a los elementos probatorios concretos”, dijo.

Sobre las medidas cautelares solicitadas, dijo, es normal que se pidan contra el actor, pero no todas las denuncias penales son acogidas y muchas se quedan en el camino sin llegar ni siquiera a la etapa intermedia. “Podría no tratarse de un delito penal y que se deba dilucidar en otro juzgado, si es que llega”.

Para él, es posible que mientras la investigación avanza se llegue a un arreglo que dé por terminado el asunto.

“Ya se realizaron algunos pagos. Se ha tratado de cancelar de la mejor forma posible, pero las situaciones a veces no ayudan y no se tiene la fluidez, pero efectivamente se han hecho abonos y la intención es pagar en su totalidad”, dijo.

Sobre el atraso en el pago, afirmó que no puede referirse a ello porque se trata de algo meramente empresarial.

Será la Fiscalía la que determine si el caso califica y si procede o no con lo que piden los querellantes. Imagen: Energy Law Firm.
Será la Fiscalía la que determine si el caso califica y si procede o no con lo que piden los querellantes. Imagen: Energy Law Firm.