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Una minoría de seis magistrados frenó al Poder Judicial para que inicie un proceso de diálogo que llevaría a la firma de una convención colectiva con la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC), que aglutina a unos 3.000 funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La situación se presentó la noche del lunes anterior durante la sesión de Corte Plena, cuando los magistrados votaron una propuesta para que una comisión de alto nivel hable con el sindicato sobre una serie de puntos de “contenido social”.
En la votación se recibieron seis votos en contra, ocho a favor y seis abstenciones (todos miembros de la Sala Constitucional).
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, determinó que no hubo mayoría y que por tanto la propuesta se rechazaba. Sin embargo, luego surgió una inquietud porque el asunto estaba muy dividido y que tanto los que votaron a favor como en contra, ninguno había alcanzado mayoría. Incluso se mencionó que las abstenciones se debían sumar a los que votaron a favor.
Ante la disyuntiva, la magistrada Roxana Chacón, de la Sala Segunda, pidió que el asunto fuera sometido a una revisión en la próxima sesión y que de paso se determine que pasa con las abstenciones. Dicha sugerencia fue acogida.
Los magistrados que se opusieron fueron Román Solís, Luis Guillermo Rivas, Damaris Vargas y Carlos Chaverri (todos de la Sala Primera), Patricia Solano y Ronald Cortés (ambos de la Sala Tercera).
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La magistrada Solano al justificar el voto dijo: “No estoy de acuerdo en suscribir una convención colectiva en los términos señalados. No es momento para que estemos aprobando este tipo de convenciones”.
En tanto Solís argumentó: “Por la coyuntura actual, por la cual está pasando el país de ahorro fiscal, considero que no es el momento para estos espacios de negociación aunque sean limitados”.
Los magistrados que se abstuvieron fueron seis de la Sala Constitucional. Fernando Castillo presidente de esa Sala, dijo que la decisión se tomó porque tienen en trámite una acción de inconstitucionalidad que presentó el sindicado del Banco Nacional de Costa Rica contra varios artículos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que están relacionados con la negociación colectiva en el sector público.
Vieja petición
La gestión para negociar una convención colectiva con el Poder Judicial, la presentó el sindicato ANIC, desde mediados del año 2018.
Al inicio el tema lo conoció el Consejo Superior, pero por la trascendencia del asunto, se pidió primero un estudio al presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez y segundo que el tema fuese trasladado a conocimiento de la Corte Plena que es el órgano competente.
Aguirre, en la sesión del pasado 6 de mayo, presentó su informe en el cual detalló que según la legislación para negociar la firma de una convención colectiva, el sindicato (en este caso ANIC) debía probar que está legitimado para conversar, pues en el Poder Judicial existen al menos otros tres sindicatos que tiene afiliados a agentes del OIJ.
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Asimismo, señaló que la Corte Plena debía nombrar una comisión de alto nivel que se encargara de la negociación, en la cual no debía estar ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, “porque en estos procesos, este órgano, como jerarquía máxima del Poder Judicial, tiene que aprobar o no, lo acordado en la mesa de negociación por las partes negociantes”.
Este lunes, y luego de verificada la legitimidad de la ANIC, se dispuso que la comisión que debía negociar estaría integrada por el director del OIJ, la directora de Gestión Humana y un representante del Consejo Superior. Sin embargo, el asunto quedó en suspenso.
Puntos a negociar
No fue posible conocer en el Poder Judicial cuáles serían los puntos de “contenido social” que se podrían negociar con el sindicato.
Sin embargo, el secretario general de la ANIC, Álvaro Rodríguez, en el 2018 cuando hicieron el planteamiento, dijo: “No se trata de beneficios ahí extraños como que se paguen los útiles o subvenciones. Es un tipo el pacto laboral que no contendrá cláusulas abusivas, sino la ratificación de derechos laborales”.
Entre ellos puso como ejemplo que al personal administrativo se le reconozca el pago de horas extras, pues “cuando se requiere que se queden, ellos se quedan por puro amor”.
La magistrada Roxana Chacón, en la sesión del lunes anterior, al pronunciarse a favor de la negociación con la ANIC, dijo que hay puntos en los cuales hay prohibiciones para hablar, como son las limitaciones en materia salarial.
Sin embargo, hizo ver que en la negociación de una convención colectiva hay otra serie de aspectos sociales en los que se amerita llegar a acuerdos.
Fernando Cruz dijo que compartía el criterio de Chacón, al tiempo que señaló que el camino del diálogo es el que se necesita en estos momentos.
Colaboró la periodista: Vanessa Loaiza
