“Un funcionario público debe ser prudente y aquí no hay nada de prudencia de parte de don Wálter (Espinoza, director del OIJ). Entiendo que estuviera nervioso, pero uno nunca puede perder ni la forma ni el respeto.
”Lo que pasa es que cuando uno se ofusca y pierde la perspectiva no ve que el problema de las prisiones preventivas de Costa Rica es un tema que tiene que llamar a la reflexión a todos, pero fundamentalmente al Poder Judicial”.
De esa manera, Marco Feoli, ministro de Justicia, reprochó las declaraciones brindadas por Espinoza durante la mañana de este lunes, en las cuales aseguró que esa cartera “no hacía nada” para aliviar el hacinamiento que enfrenan en las celdas judiciales.
El reclamo del jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se dio horas después del homicidio de un hombre en las celdas judiciales de Limón, por una riña.
Los hechos ocurrieron en momentos de difícil manejo de reclusos en esos espacios, donde los detenidos deben permanecer entre 24 y 48 horas, no obstante, hay casos de hasta 11 días en esos recintos sin condiciones adecuadas para una larga estancia.
Para Espinoza, el problema radica en que los jueces imponen penas de prisión preventiva, pero los sospechosos permanecen recluidos en los circuitos judiciales por la falta de espacio en las cárceles.
Feoli salió al paso y aseguró que la responsabilidad debe recaer en los jueces. En primer lugar, dijo, porque son los juzgadores de Ejecución de la Pena quienes ordenaron el cierre técnico de 14 de los 17 centros penales que hay en el país.
Entre esas prisiones con cierre técnico, está la conocida Unidad de Admisión de San Sebastián, en San José, la cual es exclusiva para indiciados (personas acusadas de cometer un delito). De hecho, esta debe desalojarse por completo luego de que un juez la considerara una "jaula humana" en el 2016.
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En segundo lugar, aseveró Feoli, los jueces penales envían “cada vez a más gente a prisión preventiva”.
“Nos dicen que no podemos meter a más gente a la cárcel y tenemos que respetarlo porque o si no nos abren una causa penal a nosotros por desobediencia a la autoridad. Pero, por otro lado, tenemos a los jueces penales diciendo que hay que meter a equis cantidad de personas en prisión preventiva.
”Nos ponen en situación complicada, porque a este ritmo tenemos que construir una cárcel cada seis meses y es imposible”.
El ministro detalló que, en enero, unas 300 personas egresaron del sistema penitenciario, pero otras 415 ingresaron. “El 90% de esos nuevos ingresos eran por prisión preventiva. Hay una diferencia importante entre las salidas y las entradas y eso es un tema de resorte exclusivo del Poder Judicial”, enfatizó.
Feoli insistió en que se requiere una reflexión. “Ahí sí, don Wálter, como funcionario judicial, debería estimular o promover una discusión sobre la prisión preventiva”.
'Intentamos darle celeridad'
El jerarca de Justicia aseguró que la situación de las personas que permanecen más de 24 horas en las celdas del OIJ (máximo de tiempo permitido por ley) lo agobia y es por ello que intenta darles mayor celeridad.
A pesar de esfuerzo, hay casos en los que los imputados permanecen días de días en ese lugar que no cuenta ni con colchonetas ni patio para tomar el sol. Ejemplo de ello es el sujeto, de apellido Aragón, quien estaba en ese sitio desde el 7 de febrero y quien es el principal sospechoso de asesinar a un compañero de celda, en Limón, este domingo.
“Las cárceles de Limón y de Pococí están cerradas por órdenes de juez. (…) Cuando nos dan lista de nuevos ingresos, tenemos que ver de cuáles cárceles está saliendo gente y tenemos que ver en cuáles centros quedan espacios. No es fácil de resolver”.
Por ello, es que han tomado acciones para disminuir la sobrepoblación en el sistema penitenciario. Dijo que prueba de ello es que dicha cifra pasó de un 52% en el 2015 a un 30% en la actualidad.
“Lo que dice don Wálter sobre que no hemos nada es mentira. En tres años hemos abierto dos centros penales, ampliado tres módulos en La Reforma, hemos construido arcos modulares en Pococí y, para próximos meses, vamos a habilitar arcos modulares en Reforma, abriremos la nueva cárcel de Pococí, un ámbito nuevo en Limón.
”Además, en el 2019, vamos a construir una nueva cárcel (de mujeres)”.
Recordó también que hay “un abanico de medidas alternas a la prisión preventiva”, como las tobilleras electrónicas.
“El Poder Judicial debe replantear el uso de la prisión preventiva y ver las demás opciones”, reprochó.
Cárcel de San Sebastián se cierra el 11 de octubre del 2020
El 20 de julio del 2016, un juez de Ejecución de la Pena de San José, Roy Murillo, ordenó el cierre de la cárcel de San Sebastián por considerar que se trataba de una “jaula humana”. Dio 18 meses, los cuales se cumplían en enero.
Sin embargo, en una audiencia que tuvieron el juzgador con Luis Mariano Barrantes, director de Adaptación Social, el 15 de febrero pasado, se decidió que se extendería ese plazo hasta el 11 de octubre del 2020.
De esa forma, se acató la recomendación de la Sala Constitucional del 7 de octubre del 2016, donde se mencionaba que el tiempo para desalojar esa prisión debía ser de cuatro años, en lugar de 18 meses.
Barrantes indicó que, para esa fecha, ya deberán tener construido un nuevo centro penal para sustituir la función de esa prisión josefina, construida para recibir a los reclursos en espera de juicio.
“Además, debemos mejorar las condiciones, lo cual lo hemos venido realizando de forma paulatina desde que se nos notificó la decisión de don Roy (Murillo)”, mencionó.
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Sin embargo, Marco Feoli, ministro de Justicia, indicó que esa extensión en el plazo no los autoriza a hacer nuevos ingresos a esa prisión.
“Cada vez tenemos que ir desalojando más San Sebastián. Ya estamos cerca de la capacidad máxima”, concluyó Feoli, quien señaló que la población actual ronda los 600 reclusos, cuando su capacidad real es de 560.