Katherine Chaves R.. 26 abril, 2017

La cárcel de San Sebastián, en San José, está en remodelación: las autoridades le cambian el piso a sus módulos y también le pintan sus paredes. Todas esas mejoras las hacen con el pie en el acelerador, porque de ellas depende si se consuma o no el cierre definitivo de ese centro penal.

El 20 de julio anterior, el juez de Ejecución de la Pena, Roy Murillo, ordenó la clausura de ese centro penal por considerarlo una "jaula humana": el hacinamiento era más que crítico y la infraestructura estaba en "pésimas condiciones". Otorgó un plazo de 18 meses para desalojarlo por completo, por lo que vence en enero del 2018.

Aquella resolución se dio cuando había 1.273 reos en esa prisión, pese a que su capacidad máxima era de 560 privados.

No obstante, aunque esa fue la posición de Murillo en aquel momento, el Ministerio de Justicia y Paz indicó que le han solicitado reconsiderar su postura y permitirles usar esa cárcel siempre que se respete su capacidad máxima y se le hagan los arreglos necesarios.

Luis Mariano Barrantes, director de Adaptación Social del Ministerio, detalló que, en la última audiencia que tuvieron con el juzgador, él se mostró anuente.

"Nos reunimos hace cinco semanas y el juez nos manifestó su criterio de que no necesariamente vaya a mantener la decisión del cierre definitivo del centro. Él nos dijo que sabe lo necesario que es para el sistema penitenciario porque es el principal centro para la gente indiciada (personas acusadas de cometer algún delito)", recordó.

Justicia prevé que en tres meses se haya eliminado el hacinamiento.
Justicia prevé que en tres meses se haya eliminado el hacinamiento.

No obstante, Barrantes comentó que, para que eso ocurra, Murillo les solicitó que la prisión debía ser habitable y haber eliminado el hacinamiento.

"Para cumplir con tal propósito se han establecido, desde hace meses, estrategias para garantizar que eso sea así. Se mejoraron las condiciones del espacio donde se recibe la visita ordinaria. También, desde hace semanas, se trabaja en pintar los módulos, en colocar cerámica y en habilitar más espacio para cada reo", apuntó.

De hecho, ya remodelaron el ámbito B de esa cárcel, el cual fue quemado por un grupo de reos el 30 de marzo anterior. "Queremos mostrar que podemos tratar estos casos con prontitud", dijo Barrantes.

De momento, Justicia no ha cuantificado cuánto dinero ha invertido en estos arreglos. "No le podría decir cuánto se ha gastado. Creemos que no ha sido mucho porque la institución tenía recursos como pintura, cemento, piedra, arena, entre otras cosas", agregó el funcionario.

Se intentó obtener un criterio del juez Murillo, pero la oficina de prensa del Poder Judicial indicó que se encontraba fuera del despacho y regresaba hasta este miércoles.

El 20 de julio anterior, un juez ordenó el cierre definitivo de la cárcel de San Sebastián.
El 20 de julio anterior, un juez ordenó el cierre definitivo de la cárcel de San Sebastián.

Eliminarán hacinamiento

Además de trabajar intensamente en mejorar la infraestructura, las autoridades de Justicia buscan hacer todos los egresos posibles para bajar el hacinamiento.

Para lograrlo, el juzgador ordenó que se hicieran, como mínimo, 70 egresos de reclusos por mes.

Como parte de las acciones que se han tomado para acatar el mandato, Justicia ha reubicado reclusos a otras cárceles del país o a regímenes de confianza. También, se han dado egresos porque jueces dejan en libertad a los presos.

Así, de los 1.273 reos que había en julio del 2016 en esa prisión, solo quedan 755. Es decir, la sobrepoblación pasó de 195% (713 presos de más) a 34% (195), confirmó Barrantes.

La cárcel de San Sebastián fue el único centro afectado por la falta de fluido eléctrico.
La cárcel de San Sebastián fue el único centro afectado por la falta de fluido eléctrico.

De los 518 privados de libertad que han salido de la cárcel de San Sebastián, cerca de 85% eran personas que ya habían sido condenadas, por lo que fueron reubicadas en otra prisión. Principalmente, fueron enviadas a las cárceles La Reforma, Gerardo Rodríguez y San Rafael, todas en San Rafael de Alajuela.

El otro 15% que egresó de esa cárcel eran indiciados que, en su mayoría, fueron puestos en libertad por jueces.

Barrantes prevé que, en tres meses, se elimine del todo el hacinamiento en esa prisión. Entonces, cuando eso y las mejoras en la infraestructura estén listas, Justicia pedirá audiencia al juez Murillo para pedirle la revocatoria del cierre.

"Queremos que él venga al centro penal, vea lo que hemos hecho en todos los temas y nos dé la oportunidad de seguir trabajando en él", concluyó el director de Adaptación Social.