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El Ministerio de Justicia construirá 3.295 espacios en cárceles en los próximos dos años, para disminuir el grave problema de hacinamiento que enfrenta el país.
En la actualidad es del 30,4% de sobrepoblación, lo que significa que hay 30 personas más en cada espacio para 100 detenidos.
El plan pretende que la capacidad carcelaria aumente de 11.851 personas a 15.146 en abril del 2021.
Serán 13 obras, con un costo de ¢21.867 millones, que fueron anunciadas este jueves durante un encuentro de jerarcas con la prensa. Un 90% de ese dinero proviene de fondos públicos y el resto está por definirse su fuente.
“Hay otras construcciones que todavía no tienen presupuesto, pero que son una prioridad, como dos módulos más de mujeres, dos comunidades terapéuticas y estamos trabajando para conseguir los fondos para hacer un nuevo centro penitenciario en la zona sur”, declaró la ministra de Justicia, Marcia González.
Las ampliaciones durante este año permitirán habilitar 1.435 espacios. Las mayores obras serán en las cárceles de Limón, Pococí y La Reforma (San Rafael de Alajuela), las cuales estarán listas en abril y tendrán 383 espacios más.
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También aumentará en 340 personas la capacidad en la cárcel de adultos mayores, en Alajuela.
En el 2020 se abrirán 1.230 espacios más, 256 de estos en la cárcel Luis Paulino Mora, en San Rafael de Alajuela.
Para noviembre de ese año, La Reforma contará con 630 espacios más para las personas acusadas por un delito, pero que aún no han ido a juicio, mientras que en abril del 2021 se agregarán 630 recintos para los sentenciados en este centro penal.
Además de las ampliaciones, el Ministerio de Justicia impulsará el programa Todos al Sol, para llevar a las cárceles actividades culturales y deportivas. También se abrirán horarios vespertinos para las clases con el Ministerio de Educación Pública (MEP), y se ampliará el proyecto de ocupación laboral.
Alerta por hacinamiento
Al 28 de febrero la población penal era de 15.454 privados de libertad, es decir un 30,4% más de la capacidad instalada, lo que ha provocado hacinamiento en 10 de las 21 cárceles del país.
El caso más grave es el del Centro de Atención Institucional (CAI) de Limón, donde la sobrepoblación alcanza un 85,41%.
A esta prisión le siguen la 26 de Julio (Puntarenas), con 85,36% y la Carlos Luis Fallas de Pococí con 77,69%.
Por otra parte, las cárceles con mayor espacio son el Centro Juvenil Zurquí, con un 82,57% de espacios disponibles, y la cárcel del Adulto Mayor, donde el 35,43% de los recintos están sin utilizar.
Estos son los últimos datos publicados por el Ministerio de Justicia y Paz, calculados con base en una nueva metodología para definir la capacidad de cada cárcel.
Según González, este nuevo método cumple con normativas nacionales e internacionales y facilitará la toma de decisiones de los jueces de ejecución de la pena.
Los cálculos definen, por ejemplo, que en los dormitorios comunes cada privado de libertad debe tener un espacio mínimo de 2,71 m².
“Teníamos diferentes tipos de datos que no se podía fundamentar realmente de dónde habían surgido, decidimos poder definir cuál es la capacidad real del sistema penitenciario. En muchos momentos se hicieron construcciones adicionales en los centros y esa capacidad no se había incluido”, afirmó la ministra.
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Justicia anuncia estas medidas mientras personeros de las Naciones Unidas (ONU) verifican el trato que reciben los privados de libertad en el país.
El Subcomité para la Prevención de Tortura llegó al país el 3 de marzo a visitar cárceles y entrevistar funcionarios, presidiarios y sociedad civil.
Tras la revisión, que finalizará el 14 de marzo, la organización informará al Gobierno sus conclusiones sobre el estado de los centros penales y su población.
