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Los familiares de Jeffry Artavia Delgado, un paciente con parálisis cerebral que recibía atención en la Fundación Hogar Manos Abiertas, se enteraron de su fallecimiento el pasado martes, 11 meses después de ocurrido.
Cuando vieron en las noticias que el albergue, ubicado en Desamparados de Alajuela, fue allanado dentro de una investigación por presuntos maltratos y tortura, los allegados verificaron en la página del Tribunal Supremo de Elecciones que el muchacho había muerto desde el 20 de abril del año pasado.
Según alegaron en declaraciones a varios medios, la directora de la organización no gubernamental (ONG) no permitía que el paciente recibiera visitas. Uno de los hermanos del paciente, en entrevista con La Nación, explicó que desde que Jeffry cumplió 18 años, en el 2003, la directora del establecimiento, a quien identificó como “la hermana M”, prohibió las visitas. Antes de esta determinación, la única persona que podía ver a Jeffry era la madre de ambos.
“Nos dijeron que si lo queríamos ver, nos lo teníamos que llevar y que si nos lo llevábamos, no iba a tener la misma ayuda”, comentó el hermano. En ese momento, según el allegado, la familia tenía escasos recursos, por lo que acceder a asesoría legal no era una opción. A pesar de ello, intentaron convencer a la ONG en al menos cuatro ocasiones para que les permitieran ver a Jeffry.
Incluso, la madre preparó los papeles para llevarse a su hijo, pero la directora de la fundación lo impidió alegando que no sería lo mejor para él. La excusa era que el joven se emocionaba mucho.
¿Cómo llegó Jeffry a la ONG?
Según Artavia, su hermano ingresó en el Hogar cuando tenía entre 11 y 12 años, después de que varias organizaciones religiosas prepararan una celebración en la que vieron a Jeffry, quien vivía con el resto de su familia en La Garita de Alajuela. En un momento determinado, la directora de la fundación Manos Abiertas se acercó a la madre de Jeffry y le propuso integrarlo en el albergue. Convencida de que recibiría mejor atención allí que en su casa, la mujer accedió.
La señora, madre de nueve hijos, fue abandonada por el padre de sus hijos y vivía en extrema pobreza. Según Artavia, en ese momento su madre firmó varios papeles, incluyendo el acuerdo para ceder la pensión de su hijo a las representantes de la fundación. “Quizás, hasta engañada, les dio la custodia”, agregó.
Desde entonces y hasta el pasado martes, los hermanos tuvieron pocas oportunidades de ver a Jeffry. “Yo me fijé en el Registro Civil (el martes) y me di cuenta de que él ya había fallecido. Fue una impresión muy grande”, comentó Artavia. Ahora, la familia vive intranquila al pensar en cómo falleció Jeffry, pues creen que las religiosas solo veían en él un monto económico. “Antes de que él muriera, la pensión ascendía a unos ¢300.000″, aseguró.
Después de conocer la muerte de Jeffry, sus familiares accedieron a su acta de defunción, la cual, según Artavia, indica como causa de muerte una falla en el sistema respiratorio. Además, localizaron el lugar donde reposan sus restos, en el cementerio de Desamparados de Alajuela, donde la ONG tiene nichos. Ahora, deben esperar cuatro años para poder exhumarlo y trasladarlo al nicho familiar, en el barrio San José de Alajuela.
“Creíamos que eran monjas, ellas siempre se presentaban como ‘hermanas’”, agregó respecto a la ONG. “Por un tema de humanidad, hubiesen avisado que Jeffry murió. Es muy doloroso”, concluyó el hombre.
El día de los allanamientos, otra hermana de Jeffry se refirió al caso en un noticiario; sin embargo, al ser contactada por este medio, prefirió no dar declaraciones, ya que aseguró que fue la recomendación de los fiscales que trabajan en el caso.
Actualmente, la Fundación Manos Abiertas está bajo investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, tortura, ejercicio ilegal de la profesión, malversación de fondos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito. Cinco colaboradores fueron detenidos, entre ellos cuatro mujeres que se hacían pasar por monjas para recaudar fondos.
La Iglesia católica, por su parte, se desligó de la fundación y aclaró que no era dirigida por monjas, sino por una asociación de fieles que estaba apenas en proceso de ser reconocida. Los allanamientos, tanto en los albergues como en una de las casas de los colaboradores, resultaron en el decomiso de ¢170 millones y $7.000 en efectivo, dispositivos electrónicos, documentación y 133 señales de tránsito.
Pasadas las 7 p. m., Telenoticias informó que la jueza penal de Goicoechea dictó seis meses de prisión preventiva para dos mujeres de apellidos Rodríguez Ugalde e Hidalgo. También dispuso que otra mujer, de apellidos Quirós Castro, debe cumplir con arresto domiciliario con tobillera electrónica; tiene impedimento de salida del país y no puede acercarse a víctimas, otros imputados, o a las sedes de la fundación.
Para un hombre de apellidos Granados Delgado se impuso una fianza de ¢70 millones e impedimento de salida del país; mientras que una mujer apellidada Villalobos quedó libre, pero sujeta al proceso judicial. Ella debe firmar periódicamente en una instancia judicial y no puede acercarse a la fundación o a víctimas u otros imputados.
