La Fundación Manos Abiertas ha sido el foco de intensa atención pública después de que cinco de sus colaboradores fueran detenidos el martes, investigados por trata de personas con fines de explotación laboral, tortura, ejercicio ilegal de la profesión, malversación de fondos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito.
Esta Organización No Gubernamental (ONG) administra dos albergues, uno en Desamparados de Alajuela y otro en La Unión de Cartago. El primero aloja a 70 menores de edad, mientras que el segundo brinda cuidado a al menos 65 adultos mayores.
Natalia Villalta, fiscala adjunta de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, señaló el martes que entre los detenidos se encontraban cuatro mujeres que se hacían pasar por monjas, sin tener las credenciales eclesiásticas para ello. Según Villalta, estas mujeres “lo utilizaban como mampara para recaudar más fondos de terceras personas para la organización”.
Las investigaciones sugieren que parte de los fondos obtenidos por la fundación se destinaban a financiar viajes al extranjero y adquisiciones de bienes.
Sin embargo, una de las colaboradoras, identificada como “hermana Kattia”, rechazó estas acusaciones en una entrevista con La Nación, calificándolas de “mentira” y “persecución contra la Iglesia”, a pesar de que la fundación no tiene afiliación eclesiástica. Kattia afirmó que son misioneras y que la Iglesia siempre estuvo al tanto de esta distinción.
“Yo conozco todo y le puedo desmentir, todo lo que se están dejando de decir son mentiras”, insistió.
Al ser preguntada sobre la intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en el albergue de Alajuela, Kattia se limitó a indicar que el abogado de la ONG, Jorge (no recordó el apellido), proporcionará información cuando lo considere pertinente.
“Tenemos la conciencia tranquila de lo que está pasando”, añadió. “Es la envidia contra la que todo el mundo lucha”.
Las investigaciones sobre este caso comenzaron a mediados de 2023, tras recibir la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción una solicitud para investigar posible malversación de fondos públicos por parte de la ONG.
Antiguos empleados denunciaron que trabajaron sin salario, y otras personas anónimas alertaron sobre torturas a menores en la fundación.
Se presume que los detenidos también estaban involucrados en explotación laboral, ya que sus colaboradores tenían exceso de funciones y no recibían un salario adecuado. Además, se les acusa de elaborar informes con datos incorrectos y causar daños psicológicos tanto a los trabajadores como a los pacientes que atendían, según un comunicado de la Policía Judicial.
Iglesia católica se desliga
La “hermana” Kattia afirmó que Manos Abiertas, fundada en 1991, es “una asociación de fieles con vías al Instituto de vida consagrada, aprobada por el Vaticano”. Sin embargo, el padre Luis Hernández, vocero de la Diócesis de Alajuela, aclaró el martes que la fundación estaba en proceso de convertirse en una asociación de fieles y aún no lo había logrado.
Hernández explicó que las asociaciones de fieles deben cumplir con estatutos y reglas de la Iglesia católica. En este caso, las mujeres detenidas no eran monjas ni constituían una congregación; sin embargo, podían implementar códigos y vestimenta similar a la de monjas, según el padre.
El miércoles, la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia, Kennly Garza, anunció la decisión de contratar nuevo personal a través de una empresa intermediaria para reemplazar al personal del albergue de la Fundación Manos Abiertas.
Según el departamento de prensa de la Institución, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública emitió una medida cautelar que otorga al PANI y al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) seis meses para trasladar a los pacientes a una alternativa de cuidado antes de devolver las instalaciones a la Fundación Manos Abiertas.
“Tenemos fe en que todo se va a aclarar, no tenemos miedo a nada y no tenemos nada que ocultar”, concluyó la colaboradora de la fundación.
133 señales de tránsito y fuertes cantidades en efectivo
Además de las cinco detenciones, los allanamientos del martes culminaron con el decomiso de ¢154 millones, hallados en una caja fuerte dentro de la casa de uno de los colaboradores.
Este miércoles, la Policía Judicial confirmó que en el albergue de Alajuela también se confiscaron $7.000 y ¢16 millones en efectivo, los cuales estaban resguardados en otra caja fuerte.
Adicionalmente, se incautaron varios dispositivos electrónicos, como celulares, computadoras, llaves mayas, tabletas, tarjetas de almacenamiento, grabadores y discos duros. También se decomisó documentación de interés y 133 señales de tránsito, las cuales fueron entregadas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
