Los excolaboradores de la Organización No Gubernamental (ONG) Manos Abiertas afirmaron que los pacientes que residen en el albergue de Alajuela no son atendidos adecuadamente, luego de que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tomara el control de esa sede el martes, tras un allanamiento por presunto maltrato y tortura.
En el albergue, ubicado en Desamparados de Alajuela, 70 niños con discapacidad deben cumplir horarios de tratamientos y alimentación. Sin embargo, según las excolaboradoras, estos horarios no se cumplen desde que el PANI delegó su administración a una empresa privada.
En una entrevista con La Nación, la exenfermera del albergue, Luzvin Mejía, y la exvoluntaria Gabriela Loaiza, expresaron su preocupación por el descuido, según denuncian, en el que se encuentran actualmente los niños, y destacaron que esto empezó desde el día de los allanamientos.
Mejía relató que los niños “lloraban porque ya eran las 11 de la mañana y no habían desayunado, porque les tenían que sacar muestras de sangre a todos. Tampoco nos dejaron darles los medicamentos, porque tenían que revisar todos los expedientes”.
La profesional detalló que conversó con la presidenta del PANI, Kennly Garza, para explicarle los riesgos de dejar a los niños sin comer durante tanto tiempo. A pesar de esto, afirmó que a las 3:30 p. m. del martes, al finalizar su turno, algunos aún no habían comido adecuadamente.
Ese mismo día informaron a los trabajadores, entre ellos a los enfermeros, asistentes de pacientes y cuidadores, que a partir de ese momento no podrían regresar a sus labores en el albergue.
Al día siguiente, Mejía, con dos años de experiencia en la Fundación, se dirigió al Ministerio de Trabajo con algunos excompañeros para entender los procedimientos de su despido, ya que no recibió notificación formal. Mientras estaban en el Ministerio, la llamaron de la empresa que ahora administra el albergue, para solicitarle que se presentara a trabajar el jueves.
Al llegar, según Mejía, no recibió información sobre los cambios y fue asignada a atender a 15 niños con la ayuda de un asistente, cuando normalmente contaba con el apoyo de otras tres personas. Indicó que los nuevos cuidadores carecen de conocimientos sobre cómo atender a pacientes con discapacidad. “Es gente que no sabe los cuidados de una sonda, no saben que hay que aspirar a los chiquitos con secreción, que hay que hidratarlos”, mencionó.
La enfermera también documentó su experiencia en un video compartido en redes sociales, donde destacó que al llegar el jueves, encontró a los pacientes en una condición “pavorosa”, pues dijo que no se cumplen los tratamientos en los horarios establecidos.
Al finalizar su jornada, el miércoles, Mejía solicitó a la empresa personal más capacitado para atender el albergue, pero según ella, la compañía se negó y la despidió definitivamente.
La exvoluntaria Loaiza, por su parte, enfatizó que a pesar de la necesidad de investigar a los colaboradores sospechosos de maltrato y tortura, los niños no deberían verse afectados. Mencionó casos específicos de pacientes con traumas que requieren atención especial y expresó su preocupación de que los nuevos cuidadores no estén al tanto de estas necesidades particulares.
“Les cambiaron el ambiente de un pronto a otro, claro que les va a afectar”, aseveró la mujer, quien manifestó que habla en nombre de todos los excolaboradores.
Otra fuente anónima, indicó que los menores en el albergue estarían siendo atendidos por asistentes sin experiencia, y que algunos pacientes se descompensaron por la falta de atención específica. “No hay medicamentos, no hay personal, los niños se ahogan, convulsionan. Es un campo de guerra. Se vive como un tiempo de covid-19″, afirmó.
Ante estas denuncias, la oficina de prensa del PANI respondió que algunos menores “tienen enfermedades crónicas y degenerativas de condición de vida limitada”. Además reconoció que asumir la administración del albergue implicó todo un trabajo logístico, pero que no existen las malas condiciones que denuncian los excolaboradores.
Este medio también intentó contactar con la empresa contratada para la administración de esa sede; sin embargo, al cierre de edición, no hubo respuesta.
Los excolaboradores del albergue se manifestaron este viernes frente a las instalaciones de Alajuela para solicitar una respuesta a la situación dentro del centro y una atención adecuada para los pacientes. Algunos rótulos expresaban: “Para que regresen sus cuidadoras que los aman”, “Ahora sí son violentados”, “Justicia para los colaboradores”, “Ellos necesitan sus cuidados” y “Ser voz para aquellos que no tienen voz”.
¿Qué pasó en la fundación Manos Abiertas?
La mañana del pasado martes, cinco colaboradores de la fundación Manos Abiertas fueron detenidos como presuntos responsables de diversos delitos, entre ellos trata de personas con fines de explotación laboral, tortura, ejercicio ilegal de la profesión, malversación de fondos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito. Este grupo estaba conformado por cuatro mujeres y un hombre.
Manos Abiertas, una ONG que se autodefinía como un “albergue de cuidado y amor para personas con discapacidad en estado de abandono”, cuenta con dos sedes, una en Desamparados de Alajuela y otra en La Unión de Cartago. Acumulaban 33 años de operación.
Recibe fondos públicos de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Junta de Protección Social (JPS) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
En los últimos cinco años, la Fundación obtuvo un total de ¢6.584 millones, parte de los cuales, según revelaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), habrían sido desviados por los detenidos para financiar viajes al extranjero y la adquisición de bienes.
Las pesquisas contra la organización se iniciaron en el 2023 tras recibir denuncias anónimas y otras presentadas por exempleados, quienes alegaban que en el albergue se sometía a los niños a situaciones de tortura durante su atención. Asimismo, se investiga la posible explotación laboral de los colaboradores, quienes al parecer tenían una carga excesiva de funciones y no recibían salarios adecuados.