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Luego de casi tres horas de discusiones, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no lograron ponerse de acuerdo para emitir criterio sobre una consulta legislativa con respecto a un proyecto de ley que busca la simplificación de trámites.
La discrepancia surgió porque para unos altos jueces, sí se alcanzó la mayoría para determinar que el plan denominado Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos Ley N° 8220 y sus reformas, sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial, pero otros consideraron que no hubo mayoría.
La pugna es importante porque, en caso de considerarse que el proyecto que se consultó sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial, para su aprobación en la Asamblea Legislativa se requerirá de mayoría absoluta, es decir el voto de 38 diputados.
En cambio, si no afecta al Poder Judicial, lo puede declarar como ley con mayoría simple, es decir la mitad de los diputados más uno.
El asunto lo conocieron los magistrados en la sesión de la tarde de este lunes y tiene relación con un plan que surgió luego de un diálogo multisectorial, en el cual se solicitó al Poder Ejecutivo atender de inmediato la simplificación de trámites y la agilización de tiempos de respuesta, para impactar positivamente al sector productivo del país.
El plan llegó a consulta a la Corte Plena y se asignó al magistrado William Molinari Vílchez de la Sala Primera, analizarlo y emitir un criterio.
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Molinari, luego de exponer el plan, llegó a la conclusión de que ese proyecto incide en el funcionamiento del Poder Judicial.
En especial se cuestionó el artículo 11 de la nueva normativa, en el cual se concede la potestad al ministro de Economía Industria y Comercio de dictar las políticas y estrategias de simplificación de trámites las cuales serán vinculantes. Eso fue considerado por algunos magistrados como una injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial.
Cuando se sometió a votación el análisis emitido por Molinari, 10 magistrados lo avalaron, seis votaron en contra y seis (de la Sala Constitucional) se abstuvieron.
Fue en ese momento que se presentó la polémica, pues para unos sí hubo mayoría, pero para otros no, pues se requerían 12 votos para obtener mayoría.
Debido a las discrepancias, la magistrada Patricia Solano de la Sala Tercera pidió una revisión de la votación. Esta propuesta fue aceptada por Fernando Cruz, presidente de la Corte, quien agregó que el tema será discutido en una próxima sesión.
