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El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, con sede en Goicoechea, ordenó elevar a juicio una causa contra el exsubgerente del Banco de Costa Rica (BCR), Guillermo Quesada Oviedo, por un delito de tráfico de influencias y un delito de autorización de actos indebidos.
Paralelamente, en la misma resolución, el despacho judicial ordenó el sobreseimiento definitivo a favor de Quesada por dos delitos de autorización de actos indebidos, por los cuales también se le investigó.
La decisión la comunicó el juzgado el pasado martes. Este fue el acto final de una audiencia preliminar que se había efectuado semanas atrás.
Ahora hay que esperar si alguna de las partes decide apelar la resolución. En caso de no presentarse objeciones, el expediente será pasado al Tribunal Penal de Hacienda, para que ese despacho, de acuerdo con la agenda que lleva, fije la fecha en que se realizará el debate.
Los asuntos originalmente denunciados tienen que ver con el presunto otorgamiento de un préstamo a un hermano de Quesada, así como el uso de una tarjeta corporativa en una empresa, el alquiler de un hotel y el traslado de una sucursal bancaria a un centro comercial alajuelense.
Aunque se intentó obtener la posición sobre este fallo del abogado José Pablo Badilla Villanueva, defensor de Quesada, éste no contestó los diversos mensajes que se le dejaron en su teléfono celular.
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Antecedente
Esta es la segunda ocasión que el caso de Guillermo Quesada es sometido a una audiencia preliminar, que es una diligencia judicial donde se determina si el asunto es elevado a juicio, se dicta un sobreseimiento o se devuelve al Ministerio Público para que reordene el asunto porque está mal planteado.
En la primera audiencia que ocurrió en julio y agosto del 2020, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública dictó un sobreseimiento definitivo. Sin embargo, la representación legal del BCR, que en este caso es querellante, impugnó la resolución y se ordenó una nueva audiencia preliminar.
Precisamente, para esta nueva diligencia, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual informó a La Nación que, tras concluir la investigación en la causa 16-000114-1220-PE, solicitó el sobreseimiento definitivo por los cuatro hechos por los cuales se investigó a Quesada Oviedo. Es decir, dos presuntos delito de tráfico de influencias y dos presuntos delitos de autorización de actos indebidos.
Lo anterior pues al concluir la pesquisa se llegó a la conclusión de que el ente acusador del Estado no cuenta con los elementos probatorios suficientes y objetivos para demostrar que Quesada es responsable de los hechos que fueron denunciados en su contra.
Sin embargo, el querellante, el BCR, además, de reclamar una acción civil resarcitoria, solicitó que Quesada fuera llevado a juicio por las mismas figuras delictivas.
El Juzgado, al estudiar el expediente, ordenó el sobreseimiento definitivo por los dos delitos de autorización de actos indebidos (solicitado por el Ministerio Público) y, adicionalmente, ordenó la apertura a juicio por un delito de tráfico de influencias y un delito de autorización de actos indebidos (al parecer, el juez recalificó uno de los delitos de tráfico de influencias).
La denuncia por este caso la presentó el BCR durante el año 2016, por considerar que el funcionario incurrió en una serie de acciones que perjudicaron a la institución.
Debido a esos hechos, Guillermo Quesada fue cesado del cargo de subgerente general del BCR el 8 de enero del 2016, sin responsabilidad patronal, pues la Junta Directiva de la entidad determinó que los cuatro hechos eran contrarios al Código de Ética Corporativo del Banco.
Quesada impugnó esa medida, por lo que en setiembre del 2016, como medida cautelar, el Tribunal Contencioso ordenó al BCR restituirlo en su planilla, mientras se resuelve el asunto.
Por el despido, en marzo del 2018, Quesada presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con sede en Goicoechea, una demanda por ¢100 millones contra el banco debido al daño moral causado.
Estos hechos por los que Quesada es investigado no tienen ninguna relación con la causa del caso de cemento chino.
