El Juzgado Penal de Goicoechea dictó un sobreseimiento definitivo a favor del abogado Luis Alonso Salazar Rodríguez, al cerrar una investigación por el presunto de delito de estafa.
La decisión se tomó el pasado lunes 5 de setiembre al concluir la audiencia preliminar en la cual se analizó la documentación existente en el expediente 19-00034-0515-PE, comunicó la oficina de prensa del Ministerio Público.
"Tras valorar nueva evidencia aportada por el imputado en la audiencia, se determinó que esta constituyó prueba contundente que descartaba la participación dolosa del sospechoso en los hechos acusados.
"Por consiguiente, la representación fiscal solicitó un sobreseimiento y el Juzgado Penal dictó un sobreseimiento definitivo por atipicidad y por carencia de pruebas para demostrar la conducta delictiva.
“A criterio del Ministerio Público, esta resolución fue correctamente fundamentada, por lo que ni la Fiscalía ni las partes querellantes presentaron una apelación, con lo cual, la resolución ya se encuentra en firme”, informó el Ministerio Público.
El abogado Luis Alonso Salazar consultado sobre el fallo dijo: “La resolución produce satisfacción porque finalmente se demostró que no tenía ninguna relación con los hechos que se investigan en la causa principal.
"Sin embargo, lo más importante es que las conductas que inicialmente se acusaron son totalmente atípicas y frente a esa resolución tanto el Ministerio Público como las partes ofendidas manifestaron estar de acuerdo y no recurrieron. Eso pone de manifiesto que en mi caso la causa siempre fue un error”.
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Antecedente
Este caso surgió durante una investigación por fraude en la cual figura la excorredora de bolsa María Marta Silva, a quien se le atribuye estafar desde el año 2009 a inversionistas de quienes recibía dinero por el cual pagaba altos intereses.
A esta mujer se le abrieron dos proceso penales. El primero se tramitó en la causa 10-000055-0621-PE por un fraude que se estimó en $1,2 millones (¢685 millones). Por este caso recibió el 25 de octubre del 2019 una condena de dos años. Por ser la primera sentencia que se le imponía, el tribunal le permitió la ejecución condicional de la pena durante un período de prueba de tres años.
El segundo asunto se tramita en la causa 15-000123-1220-PE y está pendiente de ser llevado a juicio. Se estima que se trata de otro fraude de $32 millones (¢18.270 millones). Por este segundo proceso penal fue detenida el 2 de diciembre del 2016 y desde aquel momento guardó prisión preventiva.
Sin embargo, el 2 de diciembre del 2019 se venció el plazo máximo en el que una persona indiciada puede permanecer detenida, que es de 36 meses, por lo cual se ordenó ponerla en libertad. Este segundo juicio todavía no se ha realizado ni tampoco está programado.
