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Abelino Esquivel fue diputado durante el período 2014-2018 por el partido Renovación Costarricense. Fotos Melissa Fernández Silva (MELISSA FERNANDEZ SILVA)
El Juzgado Penal de Hacienda programó para este sábado a las 9 a. m. una audiencia preliminar para determinar si eleva a juicio una causa contra el exdiputado Abelino Esquivel Quesada, lo mismo que a una hermana suya, por cuatro delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito.
En el proceso también figura como imputada la esposa del exlegislador, de apellidos Cortés Oporto, a quien le atribuyen dos delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito.
El caso tiene relación con supuestos cobros indebidos que había realizado el exlegislador del Partido Renovación Costarricense (2014-2018) a subalternos en la Asamblea Legislativa durante el 2017 y hasta abril del 2018.
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El delito de concusión se castiga con prisión de dos a ocho años y lo comete aquel trabajador público que, abusando de sus funciones, obligue a alguien a dar indebidamente un bien o beneficio personal.
Entretanto, el Código Penal sanciona el enriquecimiento ilícito con prisión de seis meses a dos años. Lo comete el funcionario que utilice con fines de lucro para sí o para un tercero datos reservados en razón de su cargo.
La inusual programación de esta audiencia –un fin de semana– se debió a que los abogados defensores, fiscales y procuradores acreditados en este proceso tenían choques en las agendas y no habían podido fijar un día en que pudieran asistir todas las partes, comunicó la oficina de prensa del Poder Judicial.
La diligencia , que es privada, se realizará en los Tribunales de Goicoechea, San José.
Antecedente
Los hechos por los cuales se acusa a Esquivel Quesada, su hermana –de los mismos apellidos– y la esposa del exdiputado, tienen que ver con cobros que él supuestamente le exigía a sus asesores de confianza, bajo el argumento de que eran contribuciones para el Partido Renovación Costarricense.
Los presuntos afectados son Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez, quienes denunciaron públicamente que el diputado los obligó a entregarle a él una parte de sus salarios, sin que les explicaran mayores razones.
Marín tenía que darle al diputado ¢50.000 al mes; Rodríguez, ¢125.000, y Oconitrillo, ¢400.000. En total, la suma mensual ascendía a ¢575.000.
El propio Esquivel reconoció, en abril de este año, que ese dinero entraba a una cuenta de su hermana, quien lo manejaba para el despacho y alegó que se trataba de contribuciones para Renovación Costarricense.
Sin embargo, la tesorera de la agrupación, Mavis Calderón, negó que ese dinero haya entrado a cuentas del Partido, tal como lo exige la legislación electoral.
Por el daño social causado al país, la Procuraduría de la Ética Pública reclama al exdiputado, su esposa y su hermana, el pago de ¢66,4 millones.
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