Katherine Chaves R.. Hace 3 días
El nuevo sistema funcionará a partir del domingo. Foto: Justicia.
El nuevo sistema funcionará a partir del domingo. Foto: Justicia.

El Ministerio de Justicia y Paz anunció este viernes que, a partir de este domingo, la empresa que proveerá las tobilleras electrónicas será otra, que le ofrece un precio más bajo y mejor tecnología.

Desde febrero del 2017, Grupo Cesa era quien se encargaba de esas tareas; ahora lo hará la firma inglesa Buddi.

El cambio se da meses después de que Justicia y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), encargada del funcionamiento del plan de dispositivos, se enfrascaron en constantes enfrentamientos por fallas en dicho monitoreo.

Como parte de esas discusiones, la cartera indicó que identificó espacios de mejora, los cuales fueron comunicados a la ESPH.

Como parte de la solución, la Empresa de Servicios Públicos optó por buscar un nuevo proveedor, por lo cual invitó a participar a 15 empresas nacionales y extranjeras. Luego de ese estudio de mercado, Justicia se inclinó por dejar atrás a Grupo Cesa y apostar por Buddi.

Según Justicia, la selección se hizo sencilla porque cumple “con el 100% de los requerimientos” y, además, es una opción más barata a la que se maneja en la actualidad. Es decir, mejor tecnología, a un precio menor.

Hoy, el costo diario de la tobillera es de $17 (unos ¢9.600), mientras que con esta nueva firma será de $12,3 (unos ¢6.900). Se trataría de un ahorro diario de ¢2.700 por dispositivo.

“Nos permite hacer un uso eficiente de los recursos, al tiempo que nos aseguramos contar con una tecnología funcional conforme a las necesidades del proyecto”, puntualizó Fiorella Salazar, ministra de Justicia.

Actualmente, 39 meses después de empezar a funcionar el proyecto en el país, hay 1.682 personas bajo la modalidad de monitoreo electrónico, confirmó la cartera.

Por su parte, Grupo Cesa calificó el anuncio oficial de Justicia como “la consumación de una serie de actuaciones absolutamente reprochables por parte de ESPH y del ministerio”.

Boris Molina, abogado del consorcio, aseguró que ambas empresas se “escudaron en un silencio siniestro durante tres meses y hoy anuncian públicamente lo que han ocultado durante todo ese tiempo”.

El abogado detalló que, en diciembre pasado, la ESPH le extendió el contrato hasta mayo del 2020.

“Ese era el tiempo que duraría en resolver una investigación que la Contraloría General de la República ordenó abrir contra la ESPH, a través de un órgano director del propio Ministerio de Justicia”, acotó, al tiempo en el que recalcó que a Cesa no le permitieron tener participación en ese proceso en el que se indagaban fallas en el monitoreo.

Sin embargo, según Molina, todo ese órgano director resultó en que la ESPH apostó por cambiar al proveedor.

Mencionó que las supuestas mejoras tecnológicas de la firma inglesa en realidad no existen. “En una nota de dos párrafos (oficio D-UME-12-2020) se pretendió justificar una presunta mejora tecnológica, sin ser eso un informe técnico especializado. Lo que redunda en una decisión irresponsable, cuestionable y poco seria”.

Por esas situaciones que, a criterio de Molina están fuera del marco de la ley, es que tomarán acciones legales en diversas instancias, inclusive en la penal. Las interpondrán la próxima semana, adelantó.

"Serán acciones administrativas, contencioso administrativas, por el cobro de daños y perjuicios.

“La calificación de las acciones corresponde al Ministerio Público. Una precalificación de parte nuestra podría entorpecer la investigación y poner sobre aviso a estas personas (...) Pero sí puedo decirle que hemos valorado que podrían ser varias, más de tres”, reprochó el abogado.

Enfatizó en que estos reclamos no son por dinero, “ni por quedarse fuera de un negocio”.

“Es un asunto de honor, de principios, de valores. No vamos a permitir que funcionarios públicos actúen fuera del marco de la ley y salgan impunes”, concluyó Molina.

¿Cuáles son las mejoras?

Entre las situaciones que Justicia pidió mejorar a la ESPH, está el usar la tecnología 3G y no más la 2G, debido a que la primera es la que tiene mayor cobertura en el país, aseguró Justicia basándose en datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

El ministerio indicó que lo solicitado expresamente fue: "Un sistema que incorpore dispositivos 3G con probada experiencia operativa en otros países, dado que la evidencia internacional apunta a la modernización de los dispositivos, maximizando la posibilidad de comunicación continua.

"También una serie de mejoras a fin de que el sistema sea estable, tenga flexibilidad y mayor adaptabilidad para el manejo y la extracción de la información”.

Entonces, además de este cambio de modalidad, la firma inglesa también integrará al monitoreo otras tecnologías de comunicación para fortalecer la conectividad.

Se trata de sistemas de radio frecuencia, de posicionamiento global (GPS), posicionamiento por wi-fi y posicionamiento por triangulación de infraestructura celular (LBS, un sistema que entra en funcionamiento cuando el GPS no funciona), acotó Justicia.

En cuanto al sistema propiamente, ahora se contará con un envío automático de avisos a los monitoreados, en caso de que esté desconectado o fuera del área de inclusión.

“A nivel de plataforma, ahora los agentes de la Unidad de Monitoreo podrán gestionar, de una manera gráfica y más eficiente, todas las alertas generadas por el sistema, así como calificar con colores el nivel de criticidad de los eventos", apuntó Justicia.

La cartera agregó que la nueva tecnología también les permitirá la interacción de mapas en la Unidad de Monitoreo, lo cual significaría que los encargados podrán observar a varias personas de manera simultánea.

Daniel Vargas, director de Desarrollo de Negocios de Ibux-ESPH, contó que también incluye una plataforma “ágil” que facilitará a los funcionarios del ministerio informar a los jueces, "con pruebas contundentes, sobre el uso que dan los privados de libertad al dispositivo para que ellos determinen si deben o no seguir bajo esta modalidad de confianza”.

No se dio más detalles de esa plataforma, lo que sí se indicó es que ya se han enviado los primeros reportes a los jueces.

“Las reacciones (de los juzgadores) fueron muy positivas. Incluso, ya han empezado a recibir los nuevos reportes que genera la nueva plataforma, los cuales calificaron como ‘más completos y disponibles de manera pronta’”, aseguró Justicia.

Entre otros cambios, los cargadores serán a prueba de agua, lo cual Justicia señaló como un respiro debido a que, agregó, 60% de los dispositivos anteriores fueron vandalizados con líquidos.

Las nuevas tobilleras tendrán diez tallas diferentes; antes eran tres: S, M y L. Serán más livianas e hipoalergénicas.

“Vienen provistas internamente de bandas metálicas de seguridad y fibra óptica que, al ser tocadas directamente, alertan que el dispositivo ha sido vandalizado”, se lee en el comunicado enviado por el ministerio.

Además, para evitar los problemas que ocurrieron el año pasado por la falta de dispositivos, la ESPH prometió mantener 500 dispositivos y 750 cargadores en el inventario.

Casi todos tienen nuevo dispositivos

A menos de tres días de que se estrene la nueva tecnología, Justicia informó de que un 94% de las personas que son parte del programa de monitoreo ya cuentan con el nuevo dispositivo.

Durante este viernes y sábado, se seguirá con el proceso de cambio, pero la oficina de prensa de Justicia indicó que, en caso de que algún monitoreado no aparezca, será reportado a los jueces.

En cuanto al propio proceso para colocar el nuevo aparato, el ministerio informó de que, en su mayoría, los oficiales penitenciarios de la Unidad de Monitoreo se encargaron de visitar a los beneficiados y proceder con el cambio.

En algunos casos, cuando se efectuó esta visita, la persona no estaba en la casa porque andaba en su lugar de trabajo, por lo que se optó por reprogramar.

¿Qué es Buddi?

Según un comunicado de Justicia, la firma inglesa Buddi cuenta con “amplia” experiencia en centros penitenciarios de diversos países.

Es característica, añadió, por usar de manera integrada tanto el dispositivo electrónico como el software de monitoreo.

En la carta de presentación de Buddi, dada a conocer por Justicia, se habla de proyectos como el monitoreo en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (6.000 personas), la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios USPEC y la Unión Temporal de Vigilancia Electrónica UTVELEC de Colombia (5.000), el monitoreo de personas con fianzas migratorias del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos (5.000).

También, el Sistema de Monitoreo Electrónico para la Policía Real de Malasia (2.545) y el Programa de Monitoreo de Transgresores de Ley del Servicio Correccional de New South Wales, Australia (2.800).