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La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) atribuyó al Ministerio de Justicia la responsabilidad por las fallas en el monitoreo de las personas que utilizan tobillera electrónica.
La acusación trasciende luego de que varios medios de comunicación escrita y televisiva reportaran que las autoridades de Justicia desconocen el paradero de casi 600 personas que usan este dispositivo como medida alterna a la prisión.
Según la ESPH, ese problema de vigilancia se debe a que el Ministerio, que controla el centro de monitoreo, no se percata o no actúa cuando los usuarios dejan de cargar la tobillera o la dañan para quitársela o para que deje de emitir señal.
La cartera, en tanto, desmintió que haya personas “perdidas en monitoreo electrónico” y aseguró que han actuado cuando detectan algún incumplimiento.
“Es absolutamente falso que haya personas perdidas en monitoreo electrónico. La afirmación es temeraria e irresponsable por parte de una empresa que solo brinda el soporte tecnológico.
"La ESPH en su rol de proveedor de un servicio no está en capacidad de saber el seguimiento que se le da a esta población, ni de medir la efectividad que tenemos los actores involucrados en el sistema de justicia”, afirmó la ministra de Justicia y Paz, Marcia González Aguiluz, este lunes en conferencia de prensa.
Agregó que han denunciado fallas y limitaciones de la plataforma tecnológica que deben ser corregidas por la ESPH como proveedor del servicio.
En tanto la Empresa de Servicios Públicos insistió en que la responsabilidad es del Ministerio y recalcó que las presuntas fallas de monitoreo fueron advertidas en ocho comunicaciones remitidas al Ministerio de Justicia entre junio del 2018 y setiembre de este año.
Sobre las notas, González dijo solo haber recibido una el pasado 10 de setiembre y destacó que no se ha reunido con funcionarios de la entidad por considerarlo inapropiado, debido a una investigación de la Contraloría General de la República por esta contratación.
Una relación incómoda
Desde inicios del 2017 la ESPH, en asocio con la firma IBUX, importa al país las tobilleras electrónicas que sirven para monitorear a sentenciados, indiciados y población con medidas alternas a la cárcel. También se encargan de dar capacitaciones a Justicia sobre el uso adecuado de los dispositivos.
Hasta agosto pasado, 1.515 personas usaban este mecanismo de vigilancia, que le cuesta al Estado $700.000 mensuales.
“La preocupación de la empresa es que el sistema no se ha estado usando de la forma correcta, a pesar de las múltiples capacitaciones que IBUX ha brindado”, mencionó el gerente de la entidad, Allan Benavides.
Aunque ESPH–IBUX no se encarga del monitoreo, si se percata en tiempo real cuando un dispositivo se apaga por falta de batería o por daño intencional. Precisamente, esos son los avisos que le han remitido a Justicia.
“Muchas de las alertas no han sido atendidas por parte del Ministerio”, agregó Daniel Vargas, administrador del contrato de IBUX-ESPH.
Este nuevo encontronazo entre ESPH y Justicia se suma a una lista de problemas recurrentes entre las partes.
La semana pasada, y por segunda vez en tres meses, el Ministerio de Justicia y Paz reportó un faltante de tobilleras para monitorear a los privados de libertad que reciben este beneficio.
El proveedor reconoció que, pese al atraso, la semana anterior y este lunes ingresaron al país nuevos dispositivos, que incluyen 40 kits completos y 20 cargadores.
Información actualizada a las 6:01 p. m. con más datos.
