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El juicio por presunta administración fraudulenta en el caso Coopemex, programado para iniciar este lunes, se pospuso una semana por decisión del Tribunal Penal de San José.
Las juezas aceptaron una solicitud del abogado Roy Monge Navarro, quien fue nombrado la semana anterior como defensor de uno de los imputados y alegó no haber tenido tiempo para estudiar la prueba recolectada por la Fiscalía.
La jueza Laura Sánchez Sánchez expuso que la sustitución se debió a que el abogado designado inicialmente tenía “intereses contrapuestos”.
De esta forma, el debate iniciará el 12 de agosto a las 8 a. m.
Aparte de Sánchez, el proceso estará a cargo de las juezas Mercedes Jiménez Rojas, Krycia Zamora Pérez y Brisa Campbell Argüello.
El caso se tramita bajo el expediente 10-000014-621-PE.
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Los 14 acusados son de apellidos Villalobos, Sánchez, Coronado, Espinoza, Carrillo, Lara, Ramírez, Carpio, Jiménez, Mata, Sandoval, García, Clark y Solano.
Un comunicado del Poder Judicial del jueves 1.° de agosto mencionó entre los imputados a cuatro personas de apellidos Yankelewitz, Barboza, Zamora y Sragovicz. Sin embargo, ante consultas de La Nación, ese despacho confirmó que ellos habían sido sobreseídos desde el 23 de marzo del 2017 por el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, en la etapa previa al juicio.
El caso
Los sospechosos, al parecer, tomaron decisiones para adjudicarse dineros de la cooperativa de ahorro y crédito Coopemex, cuando conformaron su junta directiva entre el 2005 y 2009.
Supuestamente, idearon un plan para suponer operaciones, exagerar gastos y alterar las cuentas de la cooperativa, la cual presentaba problemas de morosidad en su cartera de créditos.
“Al parecer, Coopemex presentaba problemas graves de morosidad en su cartera de créditos, por lo que, con el afán de ocultar la realidad financiera ante la Sugef y ante los propios asociados de la cooperativa, crearon cuentas paralelas o fuera de balance para simular el pago de operaciones que, en realidad, no se estaban realizando”, explica un boletín de prensa del Poder Judicial.
Debido a esto, la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) realizó una audiencia y el 26 de febrero del 2010 denunció ante la Fiscalía la presunta pérdida de más de ¢8.000 millones en la cooperativa.
Rodrigo Araya, representante legal de las víctimas, estimó que Coopemex tenía más de 55.000 socios, y era la tercera cooperativa más grande de Costa Rica, antes de ser absorbida por el Banco Popular en el 2010.
En este caso están convocados al juicio 22 testigos.
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