Un informe de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos advirtió de graves deficiencias en el control y atención de menores de edad por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El documento fue presentado por la diputada Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el pasado 18 de junio, en sesión de ese foro parlamentario, y fue apoyado por los legisladores Luis Ramón Carranza, de Acción Ciudadana (PAC), y Melvin Ángel Núñez, de Restauración Nacional (PRN).

El escrito está a la espera de ser ratificado por la Comisión de Gasto Público en pleno, antes de remitirse a conocimiento del plenario de la Asamblea Legislativa, para que este órgano lo discuta y lo vote.

Entre los hallazgos de la investigación, firmada por los tres congresistas, se determinó que existen denuncias de alto riesgo no atendidas, una ineficiente gestión de los recursos, falta de controles internos y externos, así como una carencia de informes que reflejen las anomalías detectadas.

“Los diputados miembros de la subcomisión concluyen que existe suficiente evidencia para poder señalar posibles incumplimientos de deberes por parte de la administración activa, representada en la Presidencia Ejecutiva anterior y trasanterior y mandos de dirección según corresponda y del Departamento de Auditoría Interna del PANI, por lo que nos permitimos emplear el calificativo de ineficiencia, negligencia y repudio por supuestas faltas graves en el cumplimiento del alcance establecido en la jurisprudencia”, precisan las conclusiones del informe.

Ante los señalamientos, el Patronato afirmó que han venido implementando algunas mejoras, aun sin conocer los datos compilados por los legisladores. Entre las acciones, destacan la redefinición de los protocolos para la atención de emergencias y el establecimiento de planificación a partir de resultados.

Según los diputados, en el PANI dejaron de proteger a los niños y sus familias, no aprovecharon de manera eficiente los recursos públicos ni tampoco desarrollaron sistemas que faciliten información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional.

También, señalaron que no se garantizó la eficiencia y eficacia de las operaciones y que se detectaron fallos en el sistema de control interno.

Este tipo de acciones, a criterio de los congresistas encargados de realizar el informe, permitieron determinar que hubo un incumplimiento del artículo 55 de la Constitución Política, el primero y siguientes de la Ley Orgánica del PANI, el apartado tres y siguientes de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, así como el ocho y nueve de la Ley General de Control Interno.

En el aspecto económico, la legisladora socialcristiana Shirley Díaz precisó que en el 2017 se dejaron sin ejecutar ¢17.000 millones, un año después fueron ¢35.000 millones, mientras que para el 2019 se llegó a ¢64.000 millones.

Para ella, eso denota la ausencia de planificación para alcanzar los objetivos de interés institucional, los cuales podrían respaldarse en planes estratégicos.

“Los hallazgos me preocupan muchísimo, porque depende de la corrección de estos que menos niños sufran, especialmente aquellos en condiciones vulnerables”, aseguró Díaz a La Nación.

La diputada liberacionista y presidenta de la Comisión, Yorleny León Marchena, también destacó las deficiencias en la ejecución de presupuestos, la aplicación o definición de protocolos y las “auditorías flojas”.

Sin embargo, reconoció que duda de que con las observaciones hechas en el informe “el PANI dé el salto” y mejore en los aspectos señalados.

Y es que precisamente los reportes de Auditoría Interna muestran que, por ejemplo, “desde la perspectiva de economía y transferencia de recursos, se evidenciaron debilidades en un 84% de los casos revisados, entre las que se detallan expedientes sin el convenio o adenda que valida la transferencia de recursos, elaboración extemporánea de convenios y convenios sin firma por parte de depositarios”.

Sobre esto, el Patronato aseguró que “se adoptaron acciones para mejorar las etapas de ejecución, control y evaluación del ciclo presupuestario”. Por ello, se estableció “la presentación de informes de seguimiento mensual de la ejecución, tanto física como financiera, donde interactúan de forma coordinada las dos gerencias: técnica y administrativa, para alinear la información del Plan Operativo Institucional (POI) con la del presupuesto, procurando evitar subejecuciones para favorecer la toma de decisiones y la planificación basada en resultados”.

Agregaron que eso ha permitido redireccionar recursos para la atención de la pandemia, así como fortalecer los programas dirigidos a las personas menores que se han visto afectadas.

Dinero sin ejecutar

Fuente: Informe del expediente 21.476 de la Asamblea Legislativa

Falta de aprovechamiento tecnológico

El informe también recalca que “la institución no ha logrado aprovechar sus recursos de tecnología informática para mejorar el flujo y la calidad de la información relacionada con las denuncias, sobre todo en cuanto al registro, seguridad, oportunidad, utilidad y seguimiento”.

Agrega que a pesar de que el Sistema de Información Institucional (Infopani), el Centro de Orientación e Información (COI) y el enlace del PANI con el 9–1–1 tienen más de cinco años de funcionamiento, “la institución no ha logrado mejorar el flujo de información entre dichas plataformas (...), por lo que utilizan medios como fax y oficios en trámites que por su importancia deberían ser más dinámicos y seguros”.

Incluso, un informe de auditoría interna, cuya fecha exacta no se precisa, revela que se detectaron 10.705 denuncias prioridad uno pendientes de atención, lo que para los diputados “deja serias dudas de la celeridad de la atención de las personas menores de edad”.

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Acerca de este aspecto, Jonathan Prendas Rodríguez, legislador del bloque independiente Nueva República, aseveró que los hallazgos reflejan que “el PANI no tenía a la niñez como su prioridad”.

“Más allá del dinero, estamos hablando de vidas. Cada mala decisión significa mala salud, poco bienestar y hasta la muerte en algunos casos”, mencionó Prendas.

En tanto, el PANI aseguró que trabajan en “redefinir los protocolos existentes para la atención de emergencias, así como para ampliar cobertura de casos prioridad uno”.

Destacaron que el 7 de mayo pasado se inauguraron las Unidades Regionales de Atención Inmediata (URAI) en Alajuela y Pérez Zeledón, las cuales están conformadas por 20 profesionales en Derecho, Psicología, Trabajo Social y Criminología.

Asimismo, indicaron que el 25 de junio iniciaron labores las URAI de Cartago y Limón, mientras que en agosto está previsto que lleguen a la zona norte y Chorotega y en octubre a Puntarenas y Heredia.

Estas instalaciones brindan servicio las 24 horas durante los 365 días del año y se prevé que para finales de este 2020 ya estén operando en todo el país, al considerarlas un “servicio vital”.

También, con la aprobación de un fideicomiso por $25 millones, se prevé que se construyan 13 albergues, 24 oficinas locales y una Dirección Regional en los próximos cinco años.

Valoración de apertura de proceso penal

En las recomendaciones del informe, de 131 páginas, los diputados sugieren su aprobación y ordenan el traslado de una copia al Ministerio Público, “a fin de que investigue en todos sus extremos, la posible comisión de diversos delitos de diversa naturaleza por parte de los funcionarios públicos señalados directamente, o bien aquellos que indirectamente así lo consideren y se establezcan las responsabilidades de los mismos”.

Precisan que, a su criterio, debe indagarse a las expresidentas ejecutivas del PANI, Patricia Vega Herrera y Ana Teresa León Sáenz, así como a María Auxiliadora Chaves Campos, auditora Interna de esa entidad.

Sobre esto y ante una consulta de este medio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indicó que “se encuentra en etapa inicial de valoración y análisis de los elementos de prueba existentes en relación con el tema, para determinar la posible apertura de una causa penal en la que se investiguen los hechos reportados”.

Por su parte, el PANI afirmó que “lleva a cabo investigaciones preliminares y aperturas de procedimiento”.

Añadieron que algunas ya finalizaron y otras están en curso por distintas razones, como el desempeño en el cargo.