Al menos 2.045 niños víctimas de agresión quedaron desatendidos el año pasado, pues aunque el PANI calificó los casos de estos menores como “Prioridad 1”, es decir, que requerían intervención en 48 horas, a noviembre no les había dado respuesta.
Así se desprende de datos proporcionados por una fuente de la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
De acuerdo con el informe, a lo largo del año pasado, hasta noviembre, se recibieron 17.214 denuncias urgentes, de las cuales se lograron atender 15.169.
Es decir, a 2.045 niños no se había brindado protección. El número en esas condiciones puede ser mayor, pues la institución arrastraba casos pendientes de 2018.
La Nación no pudo constatar el dato exacto, pues la Gerencia Técnica del PANI dijo no tener la información, pues apenas la recaban.
Irene Lobo, trabajadora social de esa dependencia, aseguró que tienen el dato, pero está en verificación.
“Para mí no es relevante comunicar cuántas denuncias tenemos nosotros, porque si algo le puedo decir es que sí estamos trabajando”, afirmó.
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Los datos dados por la Junta Directiva solo contemplan las denuncias Prioridad 1, es decir, situaciones que requieren una intervención inmediata del Patronato (máximo, 48 horas), pues los niños corren peligro.
Incluso, en la página del PANI se definen claramente: “Las denuncias clasificadas como Prioridad 1 deben ser verificadas de manera inmediata, ya que representan un riesgo grave para la integridad física y/o emocional de las personas menores de edad”.
En el caso de la menor de 4 años, asesinada el miércoles en Tuetal Sur de Alajuela, por laceraciones en el hígado y corazón, se recibió una denuncia calificada por una trabajadora social como Prioridad 2 (no urgente).
Esa calificación fue errónea, manifestó el jueves la hasta ese día presidenta del Patronato y ministra de la Niñez y Adolescencia, Patricia Vega. Según ella, la directora regional de Alajuela clasificó mal la denuncia.
“Lo más grave es que el PANI tuvo conocimiento de que esta menor estaba en riesgo, tuvo conocimiento y no actuó, no respondió para lo que está llamado a hacer. Ya no es posible tolerar este tipo de incompetencia. Cuando el Patronato se equivoca, los niños indefensos pueden morir y esto es insostenible”, afirmó Vega.
También dio a conocer que un organismo externo realiza una auditoría para determinar si el Patronato necesita ser intervenido.
Lenta reacción
Un informe de la Auditoría Interna advirtió, en 2017, que apenas 42% de las denuncias Prioridad 1 se atendieron en el plazo debido; otro 27% se atendieron en rangos de entre un mes hasta un año.
Además, la auditora advirtió que la institución falla en cada una de las etapas de atención de denuncias por maltratos a niños.
El Sindicato de Empleados del Patronato de Infancia (SEPI) pide una reasignación presupuestaria para contratar más personal, con el fin de revertir el grave rezago en la atención de denuncias.
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Para justificar la necesidad de más plazas, el secretario general del SEPI, Ovidio Fernández, puso como ejemplo la oficina de Alajuela, que ha fallado en la atención de dos menores que murieron en los últimos dos años por agresiones.
"No se puede decir que la oficina de Alajuela puede dar una buena atención en tiempo y forma con 14 funcionarios, de los cuales solo 3 o 4 atienden las denuncias prioridad 1 y 2.
“Cerramos diciembre con 3.000 denuncias. Tome usted una calculadora y vea cuántas denuncias le corresponden a esos 3 o 4 funcionarios y en cuántas horas deben atenderlas. Y para eso no es un ratito, deben hacer visitas de campo a escuelas, colegios, vecinos, familias”, afirmó el representante sindical.
La Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda le aprobó al PANI en 2018, la contratación de 218 plazas para el fortalecimiento de sus funciones.
De acuerdo con la institución todavía quedan 10 plazas vacantes. Algunos de los puestos se cubrieron durante la gestión de Vega, mientras que otra parte de las vacantes se ocuparon durante la administración de su antecesora, Ana Teresa León (2014-2018).
Sin embargo, desde su ingreso a la institución, en mayo de 2018, Patricia Vega criticó las competencias del recurso humano del Patronato, factor que según la abogada complica la atención de menores.
Por ello tuvo fuertes enfrentamientos con los gremios, discusiones que fueron a parar a comisiones de la Asamblea Legislativa, que finalmente recomendaron su destitución inmediata.
Incluso, el jueves, Vega alegó que en el PANI hay funcionarios que trabajan muy bien, pero otros que lo hacen muy mal.
Sin embargo, el sindicalista Fernández alega: “Necesitamos oficinas locales, personal y albergues que permitan atender la situación actual. Si ella dijo en algún momento eso (críticas al personal), en su salida se tuvo que convencer que no es que los profesionales no sirven, sino que más bien hay un histórico abandono de los gobiernos que nos obliga a trabajar con las uñas".
Más allá del conflicto interno en el Patronato, las partes coinciden en que la creciente violencia rebasa los alcances de esta institución pública.
“El hecho de que se vaya una jerarca no quiere decir que van a dejar de morir niños, es un asunto de una violencia estructural que tenemos que trabajar todas las instituciones involucradas en proteger la niñez”, afirmó la trabajadora social Irene Lobo.
A ello, Fernández agrega que mientras el PANI no tenga las herramientas suficientes para prevenir y combatir la violencia, directrices como atender casos urgentes en 48 horas solo se quedarán en el papel.
"Tenemos una sociedad violenta no solo contra niños, sino también contra mujeres, ancianos... Todo es muy bonito en el papel, pero si las trabajadoras sociales tienen cientos de denuncias acumuladas, en qué momento van a atenderlas", expresó Fernández.
Patricia Vega también reflexionó al respecto tras anunciar su renuncia y hablar sobre la muerte de la niña de cuatro años.
“Esto debe servir para un acto de conciencia, porque la violencia nos está matando a nuestros niños. Las condiciones que debemos darles como país deberían ser otras”, advirtió Vega.