Según la entidad, a partir de las pruebas recabadas se establecerá “quién o quiénes serían las personas imputadas”, así como si la causa se separa o se incorpora al mismo expediente en el que se investiga a la madre y el padrastro de la menor, de apellidos Mejías Vargas (34 años) y Herrera Ayala (18), respectivamente.

La pequeña falleció este miércoles dentro de una vivienda ubicada en Tuetal Sur de Alajuela y, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la autopsia reveló que la muerte es homicida.

Tras lo ocurrido, la presidenta ejecutiva del PANI, Patricia Vega, reconoció que conocían del caso de la familia desde agosto del 2018, pero no lo abordaron de manera adecuada.

Ante esa situación, Vega presentó su renuncia este jueves y, aunque dijo que se iba satisfecha, recalcó que la institución requiere un cambio.

"Este es el segundo caso en la misma oficina, una de las más grandes del país y con más recursos, es una oficina tipo A dentro de la clasificación del PANI.

“En estos casos siempre hay una decisión humana, pretendí que diéramos elementos para que esas decisiones fuesen lo menos erróneas posibles, pero este caso se clasificó mal y no se atendió cuando tenía que ser (...) por lo que hoy (jueves) están interviniéndola de nuevo”, explicó Vega.

Agregó que en este caso había mucha claridad, pues hubo una intervención por el hermanito de la víctima, por lo que le genera frustración el hecho de que la niña podría estar viva y no se atendió debidamente el reporte de violencia intrafamiliar.

"La familia fue intervenida por el hermanito mayor, la mamá había ido a la academia de crianza. El reporte que yo tengo es de agosto del año pasado, que es claro en que había que actuar inmediatamente.

“La menor de edad estaba en riesgo, vulnerable y debía ser atendida, era demasiado claro”, aseveró Vega, quien recalcó que en el PANI hay gente comprometida, pero otra no lo está.

En este caso particular, Vega confirmó que la funcionaria encargada de la oficina del Patronato en Alajuela dejó su puesto este mismo miércoles, pues la ministra dispuso que no se le renovara el contrato por servicios que vencía hoy jueves.

Vega aseguró que en la entidad hay “resistencia” y que independientemente de quién asuma el cargo debe mejorarse la gestión.

Destacó que a partir de marzo se comenzará con la atención 24/7 en dos oficinas regionales, en junio se extenderá a dos más, en setiembre otras dos y en diciembre las últimas dos.

Transformación

Por su parte, la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado para que se haga un replanteamiento, intervención o giro del modelo de gestión del PANI, de manera que los casos en los que se sospecha que hay violencia contra un menor sean atendidos con rapidez.

"La institucionalidad tiene que dar una respuesta, el PANI tiene que tener una transformación, tiene que ser intervenido de tal forma que su gestión responda a las necesidades de los niños del país.

“Tenemos que hacer un esfuerzo país para convertir al PANI en la institución que merecen niños y adolescentes”, manifestó Catalina Crespo Sancho, jerarca de la institución.

Información actualizada a las 4:39 p. m. con versión de Defensoría de los Habitantes.