Hombre asesinado en Limón afrontó causa por secuestro extorsivo y lavado de dinero

Se trata de Randall Eduardo Edwards Abrahams, de 39 años, cuyo cuerpo apareció baleado, con quemaduras y tendido a 500 metros de su vehículo incendiado, en Valle La Aurora, en Santa Rosa de Limón. Él pudo ser reconocido gracias a unos tatuajes que tenía en su cuerpo, aseguró el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). De momento, su asesinato está bajo investigación, pero por la manera en cómo ocurrió no se descarta un ajuste de cuentas relacionado al narcotráfico.

Según un recurso de habeas corpus interpuesto el 19 de octubre del 2017 por Edwards, él pretendía el levantamiento de medidas cautelares en su contra porque, según él, la causa estaba prescrita. Sin embargo, en el fallo Nº 17795 - 2017 de la Sala Constitucional de noviembre del 2017, los magistrados lo declararon sin lugar, ya que el Juzgado Penal de Limón demostró que solo el delito de privación de libertad había caducado.

En esa resolución, se lee que el proceso se tramitó bajo el expediente 13-000373-0063-PE en la Fiscalía de Limón. Además de Edwards, también figuraban otros sujetos apellidados Brown Brown y Sharon Camacho (mujer). A los tres se les perseguía por los mismos tres ilícitos. La dinámica de los hechos no viene explicada, pero sí se señala que en marzo del 2013 él fue detenido.

En una audiencia en el Juzgado Penal de Limón, se dejó libre sin ninguna medida cautelar, pero tras una apelación de la Fiscalía, el Tribunal Penal de la zona revocó el fallo y le impuso a Edwards firmar cada 15 días, mantener un domicilio fijo, así como impedimento de salida del país. Lo anterior se extendería por el tiempo que dure el proceso.

Sin embargo, en agosto del 2016, el Juzgado declaró parcialmente con lugar el incidente de prescripción presentado por la defensa de Brown Brown y dictó un sobreseimiento a su favor por el delito de prescripción. Brown quedó libre. Sobre la mujer se desconoce su situación jurídica.

Basándose en lo anterior, en ese mismo mes del 2016, Edwards pidió que se le levantaran las medidas cautelares alegando la prescripción, pero ese despacho judicial lo rechazó porque la Fiscalía “no solo lo investiga por la privación de libertad, sino por el delito de legitimación de capitales, con pena que supera los 15 años de prisión” y por secuestro extorsivo. Casi un año después, en mayo del 2017, el defensor de Edwards vuelve a pedir el cese de las medidas, pero el Juzgado volvió a rechazarlo.

Las consideraciones del despacho fueron: “Del análisis del expediente principal y de los motivos por los cuales se ordenaron las medidas cautelares en contra del imputado Edwards Abrahams, se determinó que fue por los delitos de secuestro extorsivo y legitimación de capitales, que por los extremos superiores de la pena establecida, el plazo de prescripción es de diez años y con las causas de interrupción de la acción penal sería de cinco años, por los que a la fecha los hechos no están prescritos”.

Dicho esto, los magistrados declararon sin lugar el recurso al alegar que existe un impedimento legal para dejar sin efecto las medidas cautelares y le indicaron que si tenía dudas sobre la prescripción de los ilícitos que le achacan, estas debían ser resueltas en la vía jurisdiccional competente.

Se consultó al Ministerio Público sobre una actualización de este proceso penal para conocer si llegó a ventilarse en un juicio, pero al cierre de este artículo no se había obtenido respuesta.

Colaboró con esta información el corresponsal Réiner Montero