Solo en el último año y medio, el robo de cable e infraestructura de telecomunicaciones contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) supera los ¢3.000 millones, lo que motivó a la Fiscalía General a intensificar acciones para combatir ese flagelo.

El Ministerio Público atribuye a un grupo organizado esos delitos, que este año van con una marcada tendencia al alza.

Por ejemplo, en todo el 2019, se reportaron robos de cable equivalentes a ¢1.924 millones. En tanto, al 15 de julio del 2020, la cifra ya va por ¢1.168 millones. Esto significa que, de mantenerse la tendencia, a fin de año se habrá superado el monto de pérdidas del año inmediato anterior.

La presunción de que hay crimen organizado detrás de estos hechos se sustenta en que las autoridades han identificado distintos roles de participación.

Hay cortadores de cable, transportistas del material, encargados de almacenaje, centros de acopio, y hasta podría sospecharse de exportaciones del cobre, el cual tiene un alto precio internacional.

Altas penas

“Este tipo de delincuencia afecta la economía del Estado, pero afecta también la vida cotidiana de las familias y prestación de servicios en hospitales y centros de estudio, y, en la actualidad, impacta de manera importante el teletrabajo que realizan cientos de personas durante la pandemia”, explicó la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, en un comunicado.

Según la Fiscalía, esos delitos pueden calificarse preliminarmente como un robo agravado, con penas de entre 5 y 15 años, según artículo 213 del Código Penal.

Sumado a ello, también puede haber otro tipo de ilícitos, por lo que cada caso se valora de manera particular, a efecto de determinar las conductas presentes.

Por su parte, Irene Cañas Díaz, presidenta ejecutiva del ICE, dijo que los esfuerzos que el ICE realiza por llevar conectividad y electricidad se ven truncados por robos de cable.

Piden denunciar

Las autoridades del ICE externaron su preocupación a la Fiscalía por el crecimiento del robo de cable y el perjuicio que conlleva.

Cañas insistió en que hoy más que nunca las telecomunicaciones son esenciales para el país, por lo que pidió a la ciudadanía no pasar por alto esos robos y denunciarlos al sistema de emergencias 9-1-1 o al 8000–423762, del ICE.

En cada una de esas denuncias se van a valorar los bienes dañados o sustraídos, los servicios públicos esenciales afectados, los daños materiales y la afectación al acceso de la ciudadanía a servicios básicos.

A ello se suman agravantes como en un caso del año pasado, cuando los delincuentes se hicieron pasar como técnicos del ICE, para cometer un robo en Grecia.

Con base en ello se podrían pedir medidas cautelares ante el Juzgado Penal, incluso prisión preventiva.

Por afectación a bienes y servicios de interés público, quien sea sorprendido no sería sujeto de beneficios como criterios de oportunidad, ni medidas alternas que, de acuerdo con la magnitud del delito, podrían ser incompatibles.

Según la circular emitida el viernes, al momento de recibir una denuncia, el fiscal debe disponer de todas las diligencias de investigación que permitan la búsqueda de pruebas y coordinará los trámites con el Organismo de Investigación Judicial y otras instituciones.

El objetivo es dar con los sospechosos, determinar su participación y las posibles vinculaciones con la estructura en la que se encuentren organizados.

De comprobarse la existencia de un grupo estructurado, se aplicará la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que permite utilizar técnicas de investigación como el rastreo de datos móviles o la intervención de las comunicaciones, entre otras.