Judiciales

Funcionarios cobraron hasta ¢100.000 por aprobar pruebas de manejo a usuarios

Dos hombres fueron sentenciados a cuatro años de prisión, pero cumplirán la pena bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico

Dos evaluadores de pruebas prácticas de manejo fueron sentenciados a cuatro años de prisión y a la inhabilitación en sus cargos por el mismo tiempo por cobrar entre ¢10.000 y ¢100.000 a usuarios a cambio de ayudarlos a aprobar el examen. La sentencia se dictó en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial, ubicado en Goicoechea, luego de un extenso juicio realizado entre agosto y setiembre de este 2021.

La resolución fue comunicada este viernes por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), la cual detalló que durante el debate quedó acreditado que José Miguel Araya Cornejo y Víctor Hugo Castillo, quienes laboraban en la dependencia que realizaba estas pruebas en Puntarenas, cobraron a cuatro personas antes o después de la evaluación. Debido a ello, se les impuso una condena por el delito de concusión.

“De acuerdo a la investigación realizada por la Fapta, los encartados se valían de sus puestos, como evaluadores de pruebas prácticas de manejo, para cobrar a las personas usuarias y asegurarles la aprobación del examen, lo que les permitía optar por la licencia para conducir”, detalla un comunicado enviado por la oficina de prensa del Ministerio Público.

El monto que los sentenciados cobraban variaba según la fase del examen en el que se encontraba la persona, reveló el ente acusador del Estado. “Dependía de la modalidad en la que se encontraba la persona usuaria; se podía incluir una o las dos pruebas”, precisó la entidad.

Pese a que se dictó una pena carcelaria, ninguno irá en prisión, ya que se les otorgó el beneficio de cumplir su castigo bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Los hechos se remontan al 2009 y 2010; en este último año fue que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió una denuncia y comenzó a trabajar en el caso.

Aunque la Fiscalía indicó en el comunicado de prensa que Araya y Castillo trabajaban para el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el director ejecutivo de esa institución, Edwin Herrera Arias, desmintió la información y, más bien, compartió una certificación del Departamento de Gestión y Desarrollo Humano que detalla que ambos hombres “no son funcionarios activos” de la entidad ni “se registran como exfuncionarios”.

Herrera destacó que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene varias dependencias y los encargados de las pruebas de manejo suelen ser funcionarios de Educación Vial. Se le consultó al Ministerio para conocer si los hombres siguen trabajando en la institución, pero al cierre de la nota, a las 4:21 p. m., no se obtuvo respuesta.

Información actualizada a la 4:21 p. m. con más datos de la Fiscalía.

Eillyn Jiménez B.

Eillyn Jiménez B.

Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de Las Américas. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación de Mercadeo. Escribe sobre sucesos.