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La Fiscalía solicitó este viernes medidas cautelares en contra de diez presuntos secuestradores de empresarios vinculados con una organización criminal, sospechosa de cometer delitos de secuestro extorsivo, robo agravado y asociación ilícita.
La petición se realizó en una audiencia que se encuentra en desarrollo, en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José.
Este despacho solicitó seis meses de prisión preventiva en contra de los presuntos secuestradores de apellidos Madrigal Calvo, Granados Granados, Ulate Garro, Leiva Ríos, Picado Torres, Vargas Arce, Jiménez Sibaja, Acevedo Carmona, Vargas Miranda y Brenes Arce.
En ese sentido, el Ministerio Público solicitó impedimento de salida del país del imputado de apellidos Vargas Miranda, por lo que debe presentarse a firmar cada 15 días, y la prohibición de acercarse o comunicarse con demás involucrados, ofendidos y sus familiares, como medidas cautelares para mantenerlo vinculado al proceso.
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Los agentes realizaron allanamientos en esta casa en Jacó, así como en Grecia, Heredia, Cartago, Desamparados y Curridabat. Foto: Magdalena López.
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Ante este panorama, la Fiscalía explicó que dicho requerimiento, distinto al de los otros nueve involucrados, se realizó en virtud de que se requiere recabar otros elementos de prueba, como, por ejemplo, la apertura de sus teléfonos celulares, que son importantes para fortalecer el elenco probatorio en su contra.
Después de la exposición de la Fiscalía, le corresponderá a la defensa técnica de los sospechosos presentar sus alegatos; por ahora, se desconoce cuándo finalizará la audiencia.
Sobre el caso
Los presuntos secuestradores fueron detenidos el miércoles 5 de julio, en nueve allanamientos, en coordinación con la Unidad de Secuestros de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los operativos se ejecutaron en propiedades ubicadas en Jacó, Cartago, Alajuela, Curridabat, Heredia y Desamparados.
De los diez, cuatro fueron aprehendidos en Playa Jacó, mientras estaban de vacaciones con sus familias.
A los imputados se les vincula con dos hechos, uno ocurrido el 5 de enero anterior y el otro el 27 de junio.
El caso se mantiene bajo investigación, dentro del expediente 23-000436-0042-PE.
La banda estaba dividida en dos células de trabajo: una se encargaba de la parte operativa, es decir, el seguimiento de su objetivo, el secuestro, la negociación y la liberación, mientras que otra se dedicaba a la parte financiera, y a convertir el bitcoin en efectivo.
Estos sospechosos ahora se exponen a condenas de hasta 20 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo, establecido en el artículo 215 del Código Penal.
La legislación señala que una pena de diez a 15 años se le impondrá “a quien secuestre a una persona para obtener rescate con fines de lucro, políticos, político-sociales, religiosos o raciales”.
El castigo será de 15 a 20 años de cárcel si el autor logra su propósito, si el hecho es cometido por dos o más personas o si el secuestro dura más de tres días, entre otros agravantes.
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