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La Fiscalía llevó dos veces a juicio a un esquizofrénico, de 51 años, por haberse robado dos racimos de guineos, valorados en ¢2.000, de una finca en San Vicente de Moravia.
El sujeto, de apellido Corrales, fue absuelto en ambas ocasiones por el Tribunal de Flagrancia de Goicoechea. Aun así, la Fiscalía insistió en abrir un tercer juicio, para lograr una condenatoria.
No obstante, el Tribunal de Apelación de Goicoechea le indicó a la fiscala Mercedes Alvarado, en una resolución del 5 de setiembre del 2014, que por el principio de doble conformidad, la ley no permite más apelaciones después de dos absolutorias, con lo cual se cerró el caso. El proceso trascendió la semana anterior.
Hechos. De acuerdo con los hechos probados, Corrales ingresó a una propiedad el 20 de agosto del 2012, a las 10 a. m., tras escalar una malla. Allí, cortó con su machete los racimos de guineos, adheridos al vástago, y se los llevó.
El dueño del lugar, quien prefirió mantenerse en el anonimato, dijo este lunes a La Nación que llamó a la Policía y el hombre fue detenido a escasos metros, donde le decomisaron los guineos. Según comentó, él tenía derecho a poner la denuncia ante el temor de que el sospechoso se metiera a la casa, donde él vive con su madre.
Al ser llevado al Tribunal de Flagrancia, Corrales fue absuelto porque se trataba de un hecho insignificante y no hubo una lesión al bien jurídico. Además, los guineos no eran aprovechados por nadie y se perdían. De hecho, el denunciante no quiso recuperarlos y se los regaló a la Policía.
“Yo me moría de vergüenza porque estaba denunciando en Flagrancia el robo de los racimos de guineos. Por sí solo, esto era una insignificancia, pero el punto de vista era otro: yo necesitaba el auxilio del Poder Judicial para quitarme ese peligro de encima”, afirmó el ofendido.
La Fiscalía apeló la primera absolutoria, y el 28 de febrero del 2013, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea ordenó un nuevo juicio, basado en que la Asamblea Legislativa eliminó la contravención de hurto menor, en el 2009, y calificó como delito el hurto sin importar la cuantía.
Desde ese año, el Código Penal castiga la apropiación de cosas muebles, sin la voluntad de su dueño, sin tomar en consideración el valor de lo sustraído.
Esa reforma ha generado críticas, pues hurtos menores a ¢1.000 implican juicios de ¢6 millones.
Segundo juicio. A raíz del primer reenvío, Corrales fue llevado a un segundo juicio, pero el Tribunal volvió a absolver por falta de correlación entre acusación y sentencia. Esta vez se comprobó que la acusación decía que la sustracción de los guineos se produjo en la vivienda del ofendido, cuando realmente fue en un terreno aledaño a la casa. A pesar de ello, la Fiscalía apeló nuevamente.
No obstante, el Tribunal de Apelación señaló, en el fallo del 5 de setiembre del 2014, que la Sala IV estableció, un día antes (4 de setiembre), la inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley de Creación del Recurso de Apelación de Sentencia, que derogó, en el 2010, el artículo 466 bis del Código Procesal Penal.
Ese último artículo fue restituido y prohíbe a la Fiscalía formular recursos de apelación o casación en contra de la sentencia que se produzca en el juicio de reenvío que reitere la absolutoria dispuesta en el primer juicio.
Al respecto, el voto N.° 2014-13820, de la Sala IV, dijo: “La potestad ilimitada para impugnar el fallo absolutorio, también puede lesionar, indirectamente, el principio de justicia pronta y cumplida; la impugnación sin límite, puede legitimar, en algunos casos, un proceso de duración indeterminada, a pesar de los reiterados fallos absolutorios”.
La Fiscalía dijo que la víctima nunca dio el consentimiento para buscar una salida alterna.
